El manejo de las pesquerías en los ríos tropicales de Sudamérica
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Primera edición: septiembre de 2008
Copublicado en castellano por:
Mayol Ediciones S. A.
Bogotá, Colombia
www.mayolediciones.com
ISBN 978-958-8307-49-7
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC)
PO Box 8500
Ottawa, ON, Canada K1G 3H9
www.idrc.ca / info@idrc.ca
ISBN 978-1-55250-420-8
© 2008 Instituto del Bien Común, Perú
www.ibcperu.org
Todos los derechos reservados.
Traducción del inglés y portugués, de los capítulos 2, 8, 10, 11, 12,
13, 14 y 17, por: Ivo Urrunaga, Jessica McLauchlan y Danny Pinedo
Diseño de cubierta: Juan Carlos Durán
Coordinación editorial: María Teresa Barajas S.
Edición y diagramación: Mayol Ediciones S.A.
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
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Cuadros
Capítulo 2
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Estamos frente a un libro compuesto de muchos artículos ricos en temas y maneras de abordarlos e información que sugieren nuevas interrogantes y abren pistas para la reflexión, unos más teóricos que otros, pero todos basados en experiencias vividas por sus autores. No hay tiempo para individualizar el análisis de cada uno de ellos, ni tampoco es el encargo que hemos recibido para redactar estas líneas, por lo que nos centraremos en plantear reflexiones sobre algunos de los temas que son centrales a ellos.
Uno de esos temas, sin duda el principal no sólo porque emerge en varios de los artículos como tema específico sino también porque subyace a todos ellos, es el de los bienes comunes. Mucho se ha escrito sobre la llamada tragedia de estos bienes, atribuida al hecho de que por no estar sujetos al sistema de propiedad privada, han sido explotados irracionalmente, lo que los ha llevado a veces hasta su extinción. De esto se deduce que el establecimiento de derechos de propiedad individual promueve el buen uso de estos bienes.
Desde nuestro punto de vista, la cuestión es más compleja, razón por la cual el buen uso de estos bienes no se puede definir solamente por su régimen de propiedad. Los bienes comunes han existido a lo largo de la historia de la humanidad y no siempre han enfrentado la tragedia del mal uso. Los pueblos indígenas amazónicos han fundado su sistema productivo sobre la base del aprovechamiento de los bienes que les ofrece su medio ambiente. Se trata de bienes comunes de los cuales la persona se apropia mediante su trabajo transformador: el suelo se convierte en chacra, el animal en carne y los materiales forestales en casas, canoas y varios utensilios. La actividad está regida por el conocimiento, que es también un bien común en la medida en que está abierto para todos, más allá de las habilidades que cada persona pueda desarrollar individualmente; y por una relación de reciprocidad entre los seres humanos que busca afianzar las relaciones sociales de unidades familiares que, de otra manera, se convertirían en islas, y con los "dueños" o "madres" de los animales y de las plantas, que son los que permiten que la gente se aproveche de sus "hijos", a condición de cumplir preceptos éticos, como no capturarlos en exceso.
Adicionalmente, diversos pueblos han compartido espacios comunes para el uso de bienes comunes. Los mitos de creación de diferentes pueblos se refieren a un mundo en el que cohabita gente de distintas entidades étnicas, con algunas de las cuales establecen relaciones de intercambio y, con otras, de enemistad y guerra. Un caso especial de un bien común compartido hasta bien entrada la Colonia era el Cerro de la Sal, en la región central de la alta Amazonia peruana, donde se encontraban personas de pueblos distintos para abastecerse de sal y establecer relaciones de intercambio.
Situaciones como ésta, aunque cada vez menos comunes, se prolongan hasta hoy en lugares que aún están medianamente libres de los imperativos del mercado, la colonización y el Estado, quienes, a nuestro juicio, constituyen un trío fatal para el buen uso de los bienes comunes.
En un acto de conquista, el Estado ha impuesto normas verticales declarando que los recursos naturales del país le pertenecen y que sólo él puede disponer su asignación. Hay algunas excepciones a esto. Por ejemplo, los países que reconocen el carácter originario de los pueblos indígenas que habitan dentro de sus espacios nacionales declaran que ellos, por ser anteriores al Estado, son dueños ancestrales de su territorio, por lo que los procesos de titulación no hacen más que reconocer y formalizar algo que ya en derecho les pertenece. Principios como éste están reconocidos en la legislación nacional de países como el Perú y otros de la cuenca amazónica y en acuerdos suscritos en el ámbito de la ONU. Otro caso es que luego se cumplan o, incluso, que sus funcionarios los entiendan. Además, el reconocimiento de derechos territoriales es siempre parcial: el Estado les reconoce a los pueblos indígenas la propiedad del suelo pero no del subsuelo, tampoco de la minería de superficie (sal, calizas), ni de las aguas y, a veces, tampoco del bosque. Sólo en ciertas oportunidades, y sobre algunos de estos recursos, el Estado les reconoce derechos preferenciales de uso. El derecho territorial de los pueblos indígenas es así un derecho fraccionado y limitado a espacios circunscritos.
De esta manera, el Estado se reserva para sí los recursos sustraídos de los territorios indígenas. Los más valiosos, desde el punto de vista económico (minas e hidrocarburos), los negocia (por lo general, muy mal en términos financieros y del cuidado de los impactos sociales y sobre el medio ambiente) con el capital transnacional; y otros, como los forestales, también con capitales nacionales. Un tercer grupo de recursos, como la minería de superficie y las aguas, son declarados de libre disponibilidad y en teoría quedan sujetos a su otorgamiento formal por parte del Estado, pero en la práctica están librados al más absoluto descontrol. En la misma condición quedan las llamadas "franjas estratégicas" que el Estado se reserva para sí en las márgenes de los ríos y caminos carreteros.
Los Estados disponen de los recursos de diferentes maneras. Los más rentables, son otorgados en concesiones de largo plazo, aunque últimamente sobre varios de ellos comienzan a proponerse medidas para su privatización, por ejemplo, en el caso de los forestales y las aguas. Otros son asignados a través de contratos de menor duración y de permisos de diferente tipo. Por último, están los que el Estado mantiene bajo su control, más aparente que real, por razones que califica como estratégicas.
El tema central, entonces, es cómo se usan estos recursos y espacios. Son conocidos los desastres causados por la explotación de hidrocarburos y la minería, así como el poco interés del Estado por corregir la situación. Por el contrario, con el argumento de "atraer la inversión extranjera", los gobiernos relajan cada vez más las condiciones de protección laboral y del medio ambiente e, incluso, rebajan sus propios porcentajes de participación en la renta derivada de la explotación de esos recursos. Las voces de protección del hábitat y la salud y los reclamos económicos no vienen del Estado, que incluso se encarga de reprimirlos cuando éstos surgen desde la sociedad civil.
Las concesiones sobre recursos renovables, como los bosques, no suelen seguir un mejor camino. Por lo general, constituyen apenas formalidades mediante las cuales se justifica y blanquea la extracción de madera de cualquier parte y sin ningún criterio de gestión sostenible del recurso. En este sentido, estos recursos reciben un tratamiento similar a los no renovables.
Por último, los espacios estratégicos no reciben ningún cuidado por parte del Estado, y la gente, con el argumento de que son públicos, los ocupa como les viene en gana. Dado que muchas veces estos espacios colindan con comunidades, se convierten en una especie de "cabecera de playa" desde los cuales ellas son invadidas. En la misma situación están ciertos recursos sobre los cuales el Estado otorga derechos de aprovechamiento a diferentes usuarios, aunque lo más común es que cada quien los explote como quiera. Es el caso de las quebradas y cochas o lagunas y de los bosques inundables de palmeras, por ejemplo. Las causas del descontrol imperante relacionado con estos recursos y espacios son básicamente dos: la incapacidad del Estado de cautelar su administración y buen uso por falta de visión, presencia y recursos financieros; y el desarme de las iniciativas locales que intentan la gestión de los recursos por parte de un Estado que las reprende e incluso reprime, cuando desde la población se articulan esfuerzos en este sentido. ¿Su argumento para hacerlo? "Aquí mando yo".
La represión de las iniciativas locales, antes mencionada, ha llevado a muchos pobladores locales a intentar búsquedas personales siguiendo los modelos trazados por la escuela, la colonización y, en general, la ideología del desarrollo que se ha impuesto con particular fuerza durante las últimas décadas. Esto evidentemente ha carcomido el tejido social y ha erosionado sus normas consuetudinarias de vinculación con el medio ambiente, tema que trata Pinedo en su ensayo, que se basaron en relaciones de reciprocidad entre los seres humanos y los seres de la naturaleza, y en la vigencia de un fuerte sistema de control social.
¿Pueden las consideraciones anteriores llevar a afirmar que los indígenas son o fueron conservacionistas? Opinamos que no, porque la conservación es producto de la sociedad industrial, que consume energía y recursos naturales hasta el punto de extinguirlos y de alterar los procesos ecológicos de los cuales aquéllos son parte. El problema es que esos recursos han sido vistos como simples mercancías capaces de generar dinero y no, como bien los define Berkes en uno de los ensayos de este libro, como "elementos de un ecosistema que sustentan procesos esenciales así como necesidades humanas". El concepto de recurso natural merece también otra crítica, que tiene que ver con el valor universal que se le pretende dar sin tener en consideración las concepciones de la determinada formación histórica en la que se ha generado. En este sentido, resulta más apropiado hablar de recursos culturales que de recursos naturales. Un ejemplo de esto es el suelo culturalmente creado para desarrollar la agricultura en terrazas en las laderas de los cerros o en pozas en los desiertos. Los cerros y los desiertos siguen estando en el mismo lugar, pero las opciones de la sociedad industrial y su economía de escala ya no los toman en cuenta.
Pero volviendo al tema de la conservación, consideramos que éste es un concepto ajeno a las sociedades indígenas. La flora, la fauna y los suelos están para ser usados, y el hecho de que éstos se conserven no ha sido consecuencia de una preocupación teórica de unos pocos (como es el caso en la sociedad industrial), sino de una manera de aprovechar los recursos que ha implicado un modelo de asentamiento y un sistema de distribución, además de una forma de incluirse en la naturaleza como parte de ésta, y de relacionarse con los seres que la protegen, estableciendo relaciones basadas en el respeto y la reciprocidad.
Entonces, una razón que explica mejor las causas de la verdadera tragedia de los bienes comunes es el hecho de haber sido convertidos en públicos, es decir, de haber quedado bajo dominio de un Estado que es más una apariencia –que exhibe esporádicamente autoritarismo contra los sectores más débiles de la sociedad–, que una realidad capaz de normar y asignar recursos con equidad. De esta manera, es un Estado que se reserva para sí una serie de recursos y espacios, sin tener ninguna capacidad real de controlar cómo éstos son usados en la práctica, y que entrega los más rentables al gran capital, sin tener en cuenta los mínimos requisitos para proteger a la población y el medio ambiente que sufrirá el impacto de la actividad, ni tampoco una participación en las utilidades que le permitan capitalizarse.
Muchos de los discursos críticos sobre los bienes comunes están orientados a plantear la privatización de éstos, o al menos a sugerirla, como forma de superar la tragedia de su mal uso. En el caso de los hidrocarburos y de la gran minería, la propiedad es poco interesante para las empresas dedicadas a la explotación del subsuelo, que reciben derechos de operación mediante concesiones de lotes, con vigencia de largos períodos de 40 o más años, que incluso pueden ser renovados. El cuidado del medio ambiente y el control de los impactos sociales no dependen en este caso de la propiedad, sino de las medidas coherentes que el Estado debería dar.
En el caso de recursos forestales, las experiencias de plantaciones sobre áreas tituladas a las empresas, tanto en bosques tropicales como en templados, indican que éstas han causado una sustancial reducción de la biodiversidad de los bosques originales, que son suplantados por unas pocas especies, casi siempre exóticas. Además, esas plantaciones se hacen con alta inversión de fertilizantes y pesticidas químicos que tienen efectos negativos sobre la fauna y los suelos. Por último, pero no por eso menos importante, se establecen sobre suelos usurpados por diversos mecanismos a pueblos indígenas que, de una situación de bienestar y buen vivir, han sido sumidos en la pobreza. Ejemplos de esto son las plantaciones forestales realizadas en el sur de Chile, con eucaliptos y pinos, establecidas sobre tierras que han pertenecido al pueblo mapuche, y en diversos países amazónicos, con especies también exóticas (por ejemplo, eucaliptos, Gmelia arbórea), que han afectado territorios de diversos pueblos indígenas.
La pérdida de biodiversidad es también consecuencia de plantaciones agroforestales, como la palma aceitera, especie igualmente foránea y cuyo cultivo también demanda el empleo masivo de insumos químicos; o del cultivo de pastos para ganadería, el cual incluso desde el punto de vista económico significa una pérdida, en la medida en que reduce la rica diversidad de una hectárea de bosque tropical, a la producción de 200 o 250 kilogramos de carne al año.
En conclusión, la privatización no soluciona el problema del buen manejo de los de bienes comunes, ni menos el de su uso desde una concepción de justicia social. Las empresas privadas, con su lógica de máxima ganancia en el menor tiempo, depredarían el recurso de la misma manera como lo están haciendo ahora.
Esto nos lleva a afirmar que el Estado no deja de ser un mal administrador porque privatice sus empresas públicas y entregue los recursos del país. Sigue siéndolo porque permite que las ganancias se las lleven las grandes empresas, que le dejan un dramático pasivo ambiental y social, en especial por el deterioro de la salud de la población afectada por sus actividades.
Sobre la privatización y los bienes comunes hay más cosas que decir. Una de ellas es la que afirma Chapman en su ensayo incluido en este libro: que las primeras han reducido la disponibilidad de bienes comunes para la población local, y por esa razón hoy los pobres son cada vez más numerosos y, además, más pobres, y el medio ambiente sufre las consecuencias de la sobreexplotación. Éste es un tema fundamental que abre varias reflexiones.
En países rígidamente estratificados, como son aquéllos a los cuales se refieren los ensayos incluidos en este libro, es fácil prefigurar quiénes serán los beneficiarios de la privatización de los bienes comunes. Se trata de un proceso que está en plena marcha en todos los países y que en algunos, como el Perú, pone en riesgo la existencia de las comunidades indígenas y campesinas, hacia las cuales apunta actualmente el Estado con el fin de colocar sus heredades en el mercado de tierras.
De esta manera, las políticas de privatización de los bienes comunes, que excluyen a las poblaciones locales, y las leyes que promueven la disolución de las comunidades con la finalidad de poner sus tierras en el mercado, convierten a sus moradores en pobres. Esto viene a colación de un argumento manejado últimamente, incluso por organismos internacionales, según el cual los pobres son los causantes de la destrucción del medio ambiente. Sin embargo, la pregunta que hay que hacer es: ¿Los pobres son producto del azar o de un sistema que crea pobreza? Una vez resuelta esta interrogante podríamos tener una idea más clara sobre quién es responsable de la destrucción del medio ambiente. Al mismo tiempo, debemos señalar que las estrategias de lucha contra la pobreza que hoy ocupan espacio importante en los foros mundiales, son presentadas como dádivas de un sistema que no apunta a la restitución de los derechos vulnerados de las poblaciones locales sino, peor aun, que continúa con sus políticas de despojo.
La gestión sostenible de la pesca, que es el eje central de este libro, sí es una estrategia para librar a la gente de la pobreza en la que ha sido sumida por el sistema, o para reforzar su bienestar en caso de que aquello no haya ocurrido. Es un tema antiguo, en la medida en que las sociedades del bosque siempre han manejado sus recursos, aunque en este momento existen algunas nuevas variables, como el hecho de que deban también actuar frente al mercado. Y, además, que necesiten crear acuerdos sociales para incluir los nuevos actores hoy presentes en el escenario: indígenas, colonos y mestizos ribereños, quienes a su vez son internamente sectores heterogéneos.
Es un acierto que las instituciones que presentan experiencias en este libro hayan decidido trabajar con el que constituye el principal recurso renovable de la región, sobre todo, en la parte baja de ella, el cual es el agua por su capacidad de producción de una vasta y diversificada fauna y flora. En este sentido, el manejo de las pesquerías implica también el de la vegetación del bosque circundante, que proporciona alimento a los peces y, cuando es inundable, constituye zona de refugio durante una parte importante de su crecimiento. Estas experiencias representan un esfuerzo serio para desprenderse de los prejuicios vinculados a la concepción colonizadora que, en vez de tener en cuenta las potencialidades propias de la región, sólo la consideran como un posible escenario para la imposición de cultivos y crianzas exóticos.
Destaco la recreación del concepto de manejo que hace Berkes, con la finalidad de librarlo de su carga semántica de "dominio". Él señala que su significado debe destacar "la gobernabilidad, las relaciones sociales, la adaptación y el mantenimiento del potencial productivo del ecosistema". Ésta es una nueva definición de manejo, en la cual hay que insistir para enfrentar las visiones burocráticas que ven el asunto como una cuestión técnica y, por esta razón, limitan la participación democrática de la población en el diseño de las estrategias y en la gestión del proceso, y sólo le asignan el papel de ejecutores de decisiones tomadas por especialistas. La gestión ambiental no es una camisa de fuerza que se impone autoritariamente a las poblaciones locales, sino una estrategia asumida por ellas a partir de acuerdos sociales para administrar el medio ambiente bajo el principio de no exigirle a éste más allá de su capacidad natural o asistida de regeneración. El Estado tiene la obligación de reconocerles su justo derecho de beneficiarse del aprovechamiento de los recursos que cuidan y que han ayudado a repotenciar.
No nos queda más que felicitar al Instituto del Bien Común por la excelente iniciativa de publicar este libro, así como a todos los autores e instituciones presentes en las experiencias analizadas en este volumen, por el trabajo que realizan para fortalecer la participación democrática de las poblaciones locales en el manejo sostenible de la pesca en la Amazonia.
Iquitos, marzo 4, 2008
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ORIANA ALMEIDA es economista con un doctorado en ciencias ambientales por el Colegio Imperial de Londres (Reino Unido). Actualmente es profesora adjunta del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará (Brasil), y está asociada al Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonia (IPAM), Brasil.
MARCELO APEL, WWF-Brasil, Río Branco.
PETER B. BAYLEY tiene un PhD en oceanografía de la Universidad de Dalhousie (Canadá). Sus intereses de investigación abarcan la ecología y restauración de llanuras de inundación, el desarrollo de modelos de eficiencia de captura para reducir sesgos en la estimación de presencia y abundancia de peces, y el desarrollo de métodos para evaluar y comparar cosechas en pesquerías tropicales. Ha trabajado como científico profesional en el Illinois Natural History Survey y en varios países, como Brasil, Kenia, Bolivia, Perú y Canadá. Actualmente es profesor del Departamento de Pesquerías y Fauna Silvestre de la Universidad Estatal de Oregón (Estados Unidos).
FIKRET BERKES es profesor del Instituto de Recursos Naturales de la Universidad de Manitoba en Winnipeg (Canadá). Además, se desempeña como Director de Investigación en Manejo Comunitario de Recursos del Canadá.
ÁNGELA BOLÍVAR, Instituto de Investigaciones Amazónicas (Sede Amazonia) de la Universidad Nacional de Colombia.
STÉPHANIE BORIOS es bióloga y tiene una maestría en etnobotánica de la Universidad de Kent (Reino Unido). Sus intereses de investigación giran en torno al uso de la flora por las poblaciones andinas. Trabaja desde hace varios años en el Programa ProPachitea del Instituto del Bien Común (Perú), donde se desempeña como educadora ambiental.
ALCILENE CARDOSO, Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonia (IPAM), Brasil.
ENRIQUE CARRIZOSA, Fundación Tropenbos, Colombia.
EDGARDO CASTRO es biólogo con estudios de maestría en ecología y conservación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú). Especializado en ecología de aguas continentales y pesquerías amazónicas, sus investigaciones se han enfocado en el tema de calidad de aguas, estudiando los macroinvertebrados acuáticos, el comportamiento, la reproducción y la diversidad de peces tropicales, y la pesquería de autoconsumo en poblaciones rurales amazónicas. Actualmente se desempeña como coordinador del componente de Investigación Biológica del Programa ProPachitea, Instituto del Bien Común; además, es investigador visitante del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
BERNARDO CORRALES, Instituto de Investigaciones Amazónicas (Sede Amazonia) de la Universidad Nacional de Colombia.
MARGARET D. CHAPMAN hizo investigación para su doctorado sobre el manejo de pesquerías en el sector oriental peruano de la cuenca alta del río Amazonas. Su interés en el manejo de recursos naturales la llevó a trabajar en la enseñanza universitaria y como consultora para la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y compañías privadas de consultoría ambiental. Sus intereses de investigación incluyen la sostenibilidad de la pesca artesanal en las islas del Pacífico sur y en grandes sistemas fluviales tropicales; el conocimiento ecológico tradicional, la participación comunitaria en el manejo integrado de cuencas; aspectos socioeconómicos del aprovechamiento industrial del canguro; y el manejo de recursos de propiedad común. Actualmente es profesora de manejo de recursos naturales en la Escuela de Manejo de Sistemas Naturales y Rurales de la Universidad de Queensland, Brisbane (Australia).
JESÚS DÁMASO, comunidad indígena ticuna-cocama de La Playa (Leticia, Colombia).
SANTIAGO R. DUQUE es profesor asociado y director de postgrados del Instituto de Investigaciones Amazónicas (Sede Amazonia) de la Universidad Nacional de Colombia, donde además coordina el Grupo de Investigación Limnología Amazónica.
DAMIAN FERNANDES es consultor para el GFA Consulting Group de Hamburgo. Actualmente apoya al gobierno de Guyana en un proyecto para establecer el sistema de áreas protegidas del país. Es biólogo de profesión y trabaja principalmente en el campo de la conservación y el manejo comunitario de recursos.
WALTER RICHAR FERRÉ RODRÍGUEZ es biólogo pesquero, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo (Perú), y estudiante de la maestría en ciencias pecuarias, con mención en acuicultura de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María (Perú). Es proyectista y consultor de organizaciones pesqueras artesanales. Ha trabajado en la Dirección Regional de Pesquería de Ucayali (Perú), y actualmente se desempeña como Director de Pesquería de la Dirección Regional Sectorial de la Producción de Ucayali.
ANA PAULA GLINFSKOI THÉ, Universidad Estatal de Montes Claros (Unimontes), Minas Gerais (Brasil).
CARLOS GRANADO-LORENCIO, Universidad de Sevilla (España).
JORGE HERRERA SARMIENTO es biólogo egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima (Perú), con seis años de experiencia de trabajo con comunidades indígenas en la Amazonia peruana (Madre de Dios y Ucayali), en los temas vinculados al manejo sostenible de los recursos naturales, con énfasis en las pesquerías comunitarias. Actualmente se desempeña como Oficial de Conservación de WWF-Perú, en el Proyecto trinacional Iniciativas en Cabeceras Amazónicas (AHI), que se viene implementando desde el 2004 en la región suroeste de la Amazonia y que comprende Brasil, Perú y Bolivia.
ABRAHÁM IPUCHIMA, comunidad indígena ticuna-cocama de La Playa (Leticia, Colombia).
KAI LORENZEN es ecólogo de pesquerías del Colegio Imperial de Londres. Sus principales intereses de investigación están en la ecología y el manejo de las pesquerías continentales tropicales y costeras.
DAVID G. McGRATH es PhD en geografía de la Universidad de Wisconsin en Madison (Estados Unidos). Sus intereses son desarrollar sistemas de manejo comunitario de recursos ecológica y económicamente sostenibles, así como estudiar la relación histórica entre población, tecnología y ambiente y sus implicancias para las políticas ambientales y de desarrollo. Actualmente es científico asociado del Centro de Investigación Woods Hole (Estados Unidos), profesor del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará (Brasil) y coordinador del Proyecto várzea del IPAM.
JAVIER NORIEGA MURRIETA es biólogo de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos (Perú). Desde el 2001, desarrolla proyectos de conservación y desarrollo en la Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS), Perú. Ha participado en los procesos de elaboración y aprobación de varios planes de manejo de recursos naturales. Actualmente es Director del Programa NorEste de ProNaturaleza en la región Loreto (Perú), donde coordina algunos proyectos. Además, es miembro de la Comisión Ambiental Regional de Loreto y vicepresidente del Comité de Gestión de la RNPS.
SARELA PAZ es socióloga por la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba, Bolivia). Desde el año 1990 trabaja en temas de recursos naturales y pueblos indígenas.
DANNY PINEDO es licenciado en antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú). Desde hace más de una década se dedica a la investigación y promoción del uso sostenible de los bienes comunes en el Perú. Sus intereses de investigación giran en torno a los procesos sociales, culturales y ecológicos en los que las prácticas y las institucio0nes del uso de los bienes comunes están insertas. Ha realizado un extenso trabajo de campo tanto en comunidades campesinas de la sierra andina como en comunidades nativas y asentamientos ribereños del bosque tropical amazónico, en donde ha investigado el manejo comunitario de pastizales, pesquerías y bosques, así como el uso consuetudinario de los recursos pesqueros. Actualmente es estudiante de doctorado en antropología, en la Universidad de Florida, Estados Unidos.
ÉDGAR PRIETO-PIRAQUIVE, Instituto de Investigaciones Amazónicas (Sede Amazonia) de la Universidad Nacional de Colombia.
RAIMUNDA QUEIROZ MELLO, Instituto Amazónico de Manejo de Recursos Ambientales (IARA), Santarém (Brasil).
MARÍA INÊS RAUTER MANCUSO, Universidad Federal de San Carlos (UFSCar), Brasil.
JOSÉ CARLOS RIOFRÍO QUIJANDRÍA es biólogo con mención en biología pesquera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú). Se ha desempeñado como investigador en proyectos de manejo de pesquerías artesanales y de evaluación de recursos pesqueros y limnología en la Amazonia peruana. Ha sido también investigador de la Academia de Ciencias de la antigua URSS y coordinador del Instituto de Ciencias Biológicas Antonio Raimondi de Pucallpa (Perú), y del Proyecto Monitoreo Regional del Impacto de los Eventos "El Niño" sobre los Recursos Biológicos y sus Usos en América Latina. Actualmente es docente universitario y participa en proyectos de manejo sostenible de recursos pesqueros, monitoreo de la pesquería comercial y cultivo a escala de especies pesqueras en Ucayali (Perú).
SERGIO RIVERO es economista, con un doctorado del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará (UFPA), Brasil. Actualmente es profesor adjunto del Departamento de Economía de la UFPA, y trabaja en el área de modelamiento y simulación económica.
CARLOS RODRÍGUEZ, Fundación Tropenbos, Colombia.
VANESSA RODRÍGUEZ es bachiller en derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú) y actualmente se desempeña como asistente legal (Área de Políticas e Instituciones) en el Programa ProPachitea del Instituto del Bien Común, en temas de institucionalidad ambiental en el nivel regional y local, entre otros aspectos del derecho ambiental.
MAURO LUIS RUFFINO es director de ordenamiento, control y estadística de acuicultura y pesca de la Secretaría General de Acuicultura y Pesca del Brasil.
CARLOS SORIA es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y PhD de la Universidad Flinders de Australia del Sur. Desde 1988, trabaja en política ambiental en ONG y cooperación técnica internacional en Perú y Ecuador. Es coautor del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y de la Ley General del Ambiente del Perú. Actualmente es docente universitario y responsable del área de Incidencia y Asesoría Legal del Instituto del Bien Común.
PERCY SUMMERS tiene un PhD en planificación ambiental por la Universidad Estatal y Politécnica de Virginia - Virginia Tech (Estados Unidos). Sus principales intereses y áreas de especialización incluyen el manejo de los recursos naturales, especialmente por poblaciones locales, así como sus interrelaciones con el desarrollo rural y la conservación de los ecosistemas andino-amazónicos. Actualmente es coordinador del Programa ProPachitea del Instituto del Bien Común.
PAUL A. VAN DAMME es biólogo con un doctorado en la Universidad de Lovaina (Bélgica). Desde el año 1995 trabaja en Bolivia. En la actualidad es Director de la Asociación Faunagua, una organización que se dedica a la elaboración de estrategias de manejo de los recursos hidrobiológicos de Bolivia.
DANIEL ABELARDO VELARDE RÍOS es biólogo con mención en biología pesquera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú). Ha trabajado en la Dirección Regional Sectorial de Pesquería de Ucayali (Perú). Actualmente es coordinador de un proyecto de manejo sostenible de recursos pesqueros en Ucayali, y cursa estudios de maestría en ciencias pecuarias con mención en acuicultura en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María (Perú).
En los últimos años, la sobreexplotación de las pesquerías a nivel mundial ha generado gran preocupación. El crecimiento sostenido de la producción global de productos pesqueros no ha ido de la mano de un aumento en el nivel de capturas, que, por el contrario, se ha estancado en la última década. Hoy, numerosos stocks y especies pesqueras han disminuido y algunos incluso han colapsado, planteando la urgente necesidad de un manejo más estricto o el establecimiento de áreas protegidas. Además, existen evidencias de sobrepesca en aguas continentales, lo cual está contribuyendo a la pérdida de la biodiversidad en ecosistemas de agua dulce.
La pesca es una fuente crucial para la subsistencia en países en desarrollo, particularmente para las familias de bajos ingresos que viven en las zonas rurales donde la oferta de empleo es limitada. La contribución de las pesquerías a la oferta alimentaria mundial es significativa. En el 2000, el pescado y sus productos derivados constituían el 15,3% del total de la proteína consumida (FAO 2003). Cerca de un billón de personas –mayormente de países en desarrollo– dependen del pescado como su primera fuente de proteína animal, y esto es especialmente cierto para las comunidades rurales pobres.
Sin embargo, la discusión sobre la actual crisis pesquera se ha centrado casi exclusivamente en los recursos marinos y, en alguna medida, en las amenazas a la biodiversidad marina, particularmente aquellas que afectan especies carismáticas, como las aves y tortugas marinas, los delfines y las ballenas. Las pesquerías de aguas continentales han recibido sólo una ligera atención en los análisis globales (Allan et al. 2005). Este volumen se propone contribuir a un mayor conocimiento y difusión de las pesquerías continentales, los problemas que amenazan su sostenibilidad y las posibilidades para su manejo y conservación en los ríos tropicales de Sudamérica.
Tanto en la Amazonia como en el resto del mundo, las pesquerías constituyen casi siempre bienes comunes. Los bienes comunes son recursos naturales o hechos por el hombre que se caracterizan por ser escasos y tener altos costos de exclusión. Esto significa, por un lado, que lo que un individuo aprovecha de un bien común deja de estar disponible para otros y, por el otro, que es muy costoso establecer medios para excluir a terceros del acceso a un bien común, como sucede con recursos altamente móviles, como los peces o la fauna silvestre. Ello no sucede, en cambio, con bienes públicos como el aire, un recurso que sigue siendo abundante y de cuyo acceso es prácticamente imposible excluir a la gente.
Tanto la difícil exclusión como la escasez hacen a los bienes comunes susceptibles de sobreuso, pues si no es posible poner un límite a la cantidad de usuarios de un recurso, éste terminará siendo agotado. Por eso, el biólogo y ecólogo norteamericano Garret Hardin (2002) afirmaba que si no se restringen el acceso y el uso, los individuos racionales sobreexplotarán inexorablemente los bienes que comparten, llevándolos a su degradación total. A ello llamó "la tragedia de los bienes comunes". A menos que los usuarios o sus organizaciones establezcan instituciones para regular quién puede usarlos y bajo qué condiciones, los bienes comunes corren el riesgo de ser explotados más allá de su capacidad de recuperación.
Hardin pensaba que los individuos, a quienes consideraba egoístas por naturaleza, son incapaces de ponerse de acuerdo y cooperar en el manejo de los bienes comunes. Por eso, para salvar a estos bienes de la destrucción, él recomendaba entregar su propiedad a individuos o al Estado, que los administrarían más eficientemente. Estas prescripciones generaron un gran interés académico y práctico sobre las posibilidades de las sociedades humanas para superar el dilema de los bienes comunes. De esta manera, una gran cantidad de estudios de caso, tanto etnográficos como históricos, demostraron que, bajo ciertas condiciones, los grupos de usuarios pueden crear reglas o prácticas que les han permitido usar sosteniblemente los bienes comunes durante largos períodos de tiempo, evitando la tragedia pronosticada por Hardin. Pero también se documentaron casos en los que los grupos locales perdieron estos sistemas tradicionales de manejo, debido a factores como la mercantilización de las economías locales, la intervención del Estado, los conflictos internos y la desarticulación de las comunidades.
A menudo, se ha pensado, al igual que Hardin, que los bienes comunes están abiertos a todos, en el sentido de que las limitaciones sobre quién puede acceder a ellos están ausentes. Sin embargo, la abundante literatura sobre los bienes comunes ha mostrado que si bien es posible encontrar casos en que, ya sea de facto o de jure, el acceso a ellos es abierto o libre, la mayoría de las veces están sujetos a diferentes derechos de propiedad. De esta manera, los bienes comunes pueden ser de propiedad comunitaria cuando es una comunidad la que los posee, de propiedad estatal si están bajo el control de algún Estado, o de propiedad individual en el caso de que el Estado otorga la propiedad temporal a determinadas personas o empresas.
A veces, el acceso abierto puede ser resultado de que un Estado o gobierno así lo ha instituido formalmente, tal como ocurre en el Perú con respecto a las pesquerías, pues la legislación pesquera estipula que allí donde el Estado no ha otorgado derechos exclusivos, los cuerpos de agua y los recursos pesqueros que contienen son de acceso libre y preferentemente para el uso de las comunidades que viven cerca de ellos. Pero cuando el Estado o una comunidad fallan en la regulación del acceso y uso de recursos que están bajo su propiedad, el resultado es, sin duda, el acceso abierto, aún si, como se ha indicado, el espacio o recurso tienen formalmente un propietario.
Los ejemplos de abuso de los bienes comunes son muchos, pero éstos no se restringen a aquellos bienes comunes que están bajo el control de comunidades. También el Estado puede provocar la sobreexplotación de los bienes comunes a través de su ineficiencia para manejarlos o protegerlos, o simplemente por su falta de interés. Lo mismo puede afirmarse de los individuos a quienes se les han entregado bienes comunes en propiedad o concesión, pues su codicia y visión de corto plazo pueden impulsarlos a maximizar su explotación, sin consideración por su disponibilidad futura. Por tanto, el abuso en el aprovechamiento de los bienes comunes no está asociado necesariamente a un determinado tipo de propiedad o propietario, sino a las condiciones sociales, políticas y económicas bajo las cuales los bienes comunes son usados en un determinado momento histórico.
El Perú es un país de bienes comunes. Desde épocas prehispánicas, los peruanos que han habitado los diferentes nichos ecológicos de lo que hoy es el territorio peruano han usado los recursos productivos que les dan sustento –como la tierra, el agua, los bosques, los peces, o la fauna silvestre–, bajo una diversidad de formas colectivas de acceso y uso. Cuando los españoles llegaron a los Andes centrales, en el siglo XVI, encontraron un sistema de producción basado en el control multiétnico de varios nichos ecológicos y en el intercambio de productos entre los mismos (Murra 1975), así como un sistema agrícola comunitario que incluía el descanso prolongado de la tierra, la rotación de cultivos y la reasignación periódica de parcelas, un sistema semejante al que existía en la España de esos tiempos (Godoy 1991: 401). Este control comunal de la tierra, cuyos orígenes eran incluso preincas, no desapareció con el advenimiento de la Colonia, sino que, por el contrario, se vio desde entonces reforzado. Durante el período colonial, la corona española entregó a las comunidades indígenas la posesión común de la tierra y coordinó las actividades agrícolas, pues ello resultaba esencial tanto para los españoles, que se valieron de ello para la recolección del tributo y el reclutamiento de mano de obra indígena, como para los indígenas, a quienes sirvió para afrontar las cargas tributarias (Godoy 1991).
Las tierras otorgadas al "común de indios" o comunidad indígena se convirtieron así en la forma de propiedad común más difundida a lo largo de la Colonia. Sin embargo, poco después de iniciado el período republicano, Bolívar promulgó un decreto que eliminaba la propiedad comunal a fin de convertir a los indios en ciudadanos con iguales derechos que los demás y con capacidad para relacionarse con el Estado, sin la mediación de un ente corporativo como la comunidad (Bonilla 1987; Contreras 1989). A pesar que estas medidas fueron suspendidas pocos años después, dieron inicio a un proceso de alienación de grandes extensiones de tierras del común indígena y a un siglo de conflictos entre la nueva clase terrateniente y los indios desposeídos (Smith 1982: 78).
El siglo que siguió fue de un virtual vacío jurídico con respecto a las comunidades indígenas. En esta época, las comunidades no eran reconocidas por el Estado, pero tampoco estaban prohibidas. Sin embargo, luego de la guerra con Chile, las nuevas necesidades del mercado interno que afrontaban los latifundios empezaron a ser cubiertas con la anexión de tierras usurpadas a las comunidades, generando la protesta de los indígenas. En este contexto, y para mitigar el descontento indígena, el gobierno de Leguía reconoció, en 1920, la existencia jurídica de las comunidades indígenas y dotó a sus tierras de un régimen especial de protección que incluía la imprescriptibilidad (Bonilla 1987: 22).
Los gobiernos posteriores continuaron con esta política de protección de la propiedad comunal. Así, la Constitución de 1933 fue incluso más lejos que la anterior, al prohibir la venta de las tierras comunales y declarar su inembargabilidad (Del Castillo 1992). Durante el gobierno del general Velasco, las comunidades indígenas recibieron aún mayor protección, a la vez que, como parte de la reforma agraria iniciada en 1969, se crearon nuevas formas de propiedad colectiva, como la cooperativa agraria de producción y la sociedad agrícola de interés social, que años después colapsarían por mal manejo. Finalmente, el gobierno de García promulgó, en 1987, una ley que disponía que las tierras de las comunidades fueran inembargables, imprescriptibles e inalienables.
Sin embargo, los principios que habían mantenido las tierras de las comunidades fuera del mercado fueron cuestionados durante la década del fujimorismo, dándose inicio a una serie de reformas liberales con el fin de alentar la inversión privada en el sector agrícola. A pesar de eso, hoy día existen en el Perú más de 5.000 comunidades campesinas que ocupan un estimado de 20 millones de hectáreas, sobre todo en la Sierra, y 1.500 comunidades nativas que cubren una extensión de 10 millones de hectáreas de bosque tropical amazónico. Ambos tipos de organización abarcan el 23% del territorio nacional (Smith 2002). Además, el país cuenta con bienes comunes públicos, como las 60 áreas naturales protegidas creadas por el Estado sobre el 14,8% (19.041.078,69 ha) del territorio nacional, así como los monumentos históricos y los parques públicos, que están sujetos a regímenes especiales de protección, manejo y uso, y son, en algunos casos, de acceso abierto al público y, en otros, entregados mediante concesión para su uso o explotación bajo ciertas condiciones.
Finalmente, otra forma de tenencia y manejo colectivo es el que diversas comunidades locales han establecido sobre los recursos hídricos e hidrobiológicos. El agua de riego en los valles y desiertos ubicados a lo largo de la costa peruana es controlado y manejado colectivamente por numerosas organizaciones de regantes. Por otro lado, miles de comunidades campesinas, comunidades nativas y caletas de pescadores artesanales controlan los recursos hidrobiológicos de ríos, quebradas y lagunas ubicados en el litoral pacífico, las montañas andinas y los bosques amazónicos. Ambos regímenes de propiedad y gestión de los recursos están sujetos tanto a instituciones tradicionales, que permiten compartir el recurso y la regulación de su explotación, como a normas impuestas por el Estado.
Con más de de 5.800.000 km2, la cuenca amazónica no sólo es la más más grande del mundo, sino también la que alberga la fauna acuática más diversa del planeta, principal fuente de alimento para miles de pobladores que comparten su uso. Sin embargo, la intensificación de la pesca y la destrucción de los ecosistemas acuáticos están socavando la sostenibilidad de las pesquerías amazónicas. Las cuencas, como la del Pachitea en la selva central de Perú (descrita por Castro et al. en este volumen), no sólo cuentan con una alta diversidad pesquera que es la base de la dieta para los pobladores que la habitan, sino que enfrentan cambios en las prácticas de pesca y en los patrones de uso de la tierra y otros recursos naturales que están favoreciendo la sobreexplotación de los recursos pesqueros. ¿Están condenadas las pesquerías, como bienes comunes, a desaparecer por el sobreuso? El presente libro pretende dar respuesta a ésta y otras preguntas cruciales para el futuro de las pesquerías amazónicas y de las poblaciones que dependen de ellas.
Durante mucho tiempo se pensó, y en cierta medida se sigue pensando, que los espacios acuáticos y los recursos que contienen son por naturaleza abiertos a todos. En este supuesto también se basó el análisis de las pesquerías por la teoría de la tragedia de los bienes comunes. Sin embargo, muchos estudios han cuestionado la validez empírica de esta concepción, pues el acceso a los recursos acuáticos y su uso han estado siempre bajo alguna forma de restricción (McCay 1978: 399; Acheson 1981: 280-281; Pálsson 1982).
Hoy en día, toda comunidad local forma parte de algún sistema sociopolítico mayor. En este contexto, el uso de los recursos y los derechos de propiedad sobre ellos son normalmente sancionados y aplicados por el Estado (McCay y Acheson 1987). Por eso, en sociedades estatales las pesquerías son propiedad estatal, siendo su uso y manejo definidos por las políticas estatales (Marchak 1987). Sin embargo, los derechos de propiedad sobre los recursos también pueden ser diferentes de los del Estado e incluso opuestos a ellos. En efecto, los derechos de propiedad común que algunos grupos de usuarios reclaman o ejercen son informales, en el sentido de que no son legitimados por el Estado. Un ejemplo de ello es el derecho a controlar el acceso de foráneos, el cual está en la base de los sistemas de territorialidad y de uso y manejo de recursos comunes (McCay y Acheson 1987).
Lo que normalmente sucede en la práctica es la coexistencia y, a menudo superposición, de derechos de propiedad estatales y locales. En el caso de espacios marinos, las áreas pesqueras que están legalmente definidas como de acceso abierto pueden estar, al mismo tiempo, sujetas a derechos exclusivos que las comunidades ejercen sobre áreas de pesca bien delimitadas y demarcadas. Estos derechos pueden estar basados en mecanismos, tales como: 1) el mantenimiento en secreto de la información necesaria para una explotación exitosa de los recursos marinos; 2) la definición de territorios que son defendidos contra la incursión de foráneos; e incluso 3) el reclamo de regulaciones formales que definan legalmente un acceso diferencial (Durrenberger y Pálsson 1987).
Un ejemplo de la territorialidad como medio para restringir el acceso es el que encontramos entre los pescadores de langostas de la costa atlántica del estado de Maine, en Estados Unidos. Aquí el derecho a pescar langostas requiere la aceptación por parte de los pescadores de un puerto ("una banda de puerto"), lo cual otorga el permiso de pescar sólo en el territorio tradicional de ese puerto. Los intrusos reciben fuertes sanciones, a veces solamente verbales, pero con frecuencia a través de la destrucción de sus aparejos (Acheson 1987: 40-44). En Nueva Zelanda, Levine (1984) encontró dos formas de territorialidad en comunidades de pescadores de cangrejo: una primera en que los pescadores de una aldea se otorgan mutuamente derechos de usufructo de facto sobre ciertas áreas, mientras están pescando en ellas; y una segunda en que las áreas de pesca son compradas y vendidas como unidades, cada pescador defendiendo su propia área.
Cordell encontró en las zonas costeras de Brasil (1984: 302) similares arreglos informales para restringir el acceso a los recursos marinos, a los que denominó "prácticas de propiedad de facto", "propiedad marina" o "sistemas indígenas de propiedad marina" (1978: 2, 19). De manera similar, Levine (1984: 97) ha enfatizado que el caso neozelandés en donde los pescadores reclaman y defienden territorios representa una forma de propiedad, y agrega que "negar la significancia de esta propiedad porque no está reconocida por el Estado… parece etnocéntrico".
En el caso de aguas continentales, un estudio sobre un área de llanura inundable en áfrica muestra cómo los derechos de acceso a las áreas de pesca no son constantes, sino que cambian dependiendo del régimen de inundación. Así, durante la máxima inundación, las áreas de pesca son de acceso abierto, incluso para los foráneos. Cuando las aguas retroceden y los cuerpos de agua pierden su conexión con la inundación y el río, aparecen restricciones a estas áreas, volviéndose así de tenencia comunitaria, aunque ciertas lagunas que mantienen sus aguas a lo largo de la estación seca son siempre de propiedad comunitaria. A su vez, las pequeñas áreas inundables y ciertos sitios donde se pesca con trampas están bajo tenencia privada (Thomas 1996).
En la región del medio Amazonas, en Brasil, la tenencia sobre los cuerpos de agua presenta una gradiente que, a medida que uno avanza desde el río hacia el bosque, cambia del uso individual al uso colectivo. De esta manera, los ríos son considerados más o menos de acceso abierto, aunque los pobladores ribereños pueden objetar toda actividad en los ríos que va en detrimento de sus intereses. Las riberas son consideradas propiedad individual, presentando fronteras claramente definidas y a menudo cercadas. Por su parte, los lagos que se encuentran tierra adentro son generalmente considerados como propiedad común, a menos que el lago se encuentre en el interior de alguna propiedad (McGrath 2000: 177; McGrath et al. 1999: 64). Una situación similar se puede encontrar en la Amazonia peruana, donde los ríos amazónicos son, tanto en la ley como en la práctica, de acceso abierto, mientras que otros cuerpos de agua, como las quebradas, están sujetos a diferentes derechos consuetudinarios (Pinedo y Soria y Rodríguez, en este volumen).
La existencia de diferentes formas de tenencia de los recursos naturales ha sido explicada como un resultado del balance entre los beneficios esperados de su explotación y los costos de exclusión y defensa del recurso frente a los extraños (Demsetz 1967; Anderson y Hill 1977). De acuerdo con este paradigma, los costos de la defensa están relacionados con las características del recurso, de modo que recursos estacionarios y concentrados son defendidos más fácilmente (a menos costo) que los móviles y difusos y, por tanto, más susceptibles de privatización. Dyson-Hudson y Smith (1978) han desarrollado una teoría de la economía de la defensa en la territorialidad humana, demostrando que los regímenes de tenencia están relacionados cercanamente con la forma, distribución y valor del recurso (véase también Demsetz 1967 y Netting 1981).
Los regímenes de inundación son de particular interés al respecto, pues los cambios físicos que el ciclo de inundación anual produce sobre el recurso modifican los costos y beneficios de la defensa y exclusión, generando a su vez cambios en el régimen de tenencia. Por eso, en las llanuras inundables africanas la propiedad común sobre las áreas de pesca entra en operación una vez que éstas se desconectan del canal principal del río. En este punto, las áreas de pesca disminuyen en tamaño y los peces quedan confinados en ellas, lo cual aumenta proporcionalmente su valor por hectárea. Si bien la defensa de estas áreas de pesca es más fácil en la época seca que en la de máxima inundación, la mayoría son demasiado grandes para ser defendidas individualmente bajo un régimen de propiedad privada. De acuerdo con esta perspectiva, es de esperarse que la definición de territorios exclusivos bajo las condiciones de máxima inundación, así como su defensa, sean extremadamente costosas. Por eso, en este momento del ciclo de inundación, el recurso pesquero es de acceso abierto (Thomas 1996: 304-5).
Sin embargo, se ha afirmado también que el cálculo económico dentro de estos regímenes de tenencia debe incluir también los beneficios sociales. Hay estudios que muestran que, además de los beneficios económicos, entran en juego beneficios que resultan de la igualdad, la subsistencia o la reducción del riesgo. Así, en las aldeas de la llanura inundable africana las restricciones al acceso que se aplican cuando la inundación empieza a retroceder son una medida cuya intención es igualar el acceso a la pesquería en un momento en que las oportunidades de pesca se tornan crecientemente limitadas (Thomas 1996: 301-6). Por tanto, como argumentan Durrenberger y Pálsson (1987: 509), la tenencia es parte de sistemas más grandes de relaciones sociales y, por tanto, la discusión sobre las reglas de acceso a los recursos acuáticos debe plantearse en términos del lugar que ocupan en sistemas como la tenencia de la tierra. Las explicaciones pueden desarrollarse mejor en términos de cómo se articula lo local con los mercados y el Estado.
Numerosos estudios etnográficos han presentado evidencias empíricas de que la tragedia de los bienes comunes no es ni inevitable, ni una descripción exacta de lo que sucede con las comunidades que dependen de recursos que son poseídos en común. Se han presentado descripciones y análisis de una amplia variedad de prácticas e instituciones de manejo a través de las cuales se negocian e implementan el acceso, apropiación, uso y distribución de los recursos en poblaciones pesqueras de una diversidad de regiones en el mundo, incluyendo Europa, las islas del Pacífico, Filipinas, Nueva Guinea, Indonesia, el Caribe, México, Brasil, Estados Unidos y otras áreas. El llamado manejo local o popular (folk management) en la pesca está típicamente asociado a pesquerías de pequeña escala en aguas continentales, las cuales producen para el uso y/o para el mercado.
Algunos estudios señalan que el manejo local de las pesquerías es una respuesta adaptativa a ambientes pobres en nutrientes. Así, la baja productividad del ecosistema de aguas negras en la Amazonia explica el desarrollo de normas culturales que prohíben el deterioro de los hábitat acuáticos entre los tukanos de la cuenca del Uaupés (Chernela 1989), o el incremento de los nutrientes de los lagos entre los cocamillas del Perú (Stocks 1983). Los crees de James Bay (Canadá) han logrado mantener por mucho tiempo una pesquería sostenible no sólo como resultado de la regulación del esfuerzo de pesca y los aparejos usados, sino también mediante la adaptación al ecosistema subártico (Berkes 1977).
Otro conjunto de estudios enfatiza el papel de la comunidad en la conservación de los recursos pesqueros. Por ejemplo, en las costas de Turquía, los grupos de usuarios relativamente pequeños y homogéneos han logrado desarrollar instituciones para la asignación y el manejo de los recursos pesqueros que han permitido un uso sostenible (Berkes 1986). En la várzea amazónica, los conflictos con pescadores comerciales foráneos y la intensificación de la explotación pesquera originaron el surgimiento de un tipo de manejo comunitario de las pesquerías en lagos. Para hacer frente a la disminución de la productividad de la pesca y a las amenazas impuestas al sustento local, las comunidades de ribereños tomaron el control de los lagos para formar reservas en las cuales definieron e implementaron reglas para regular la pesca, frecuentemente con el apoyo de agentes externos (Pinedo-Vásquez et al. 1992; McGrath et al. 1993; McGrath et al. 1999; De Castro 2000; McGrath 2000; Oliveira y Cunha 2002; Pinedo et al. 2002; Summers y Pinedo 2002).
El impacto de las instituciones estatales en el manejo de las pesquerías ha sido con frecuencia calificado como negativo. En la actualidad, casi todos los modelos estatales de manejo de las pesquerías a nivel mundial se basan en las prescripciones de Hardin, es decir, en la idea de que la única solución a la sobreexplotación de los bienes comunes es la estricta regulación gubernamental y/o la privatización. No obstante, contrariamente a lo que se buscaba con estas medidas políticas, la intervención del Estado y de los grandes intereses capitalistas en las pesquerías continentales ha contribuido más bien al desmantelamiento, el menosprecio y la desintegración de regímenes de manejo local basados en la comunidad, los cuales precisamente ponían en duda la idea de una tragedia inevitable.
Por lo general, las políticas estatales han provocado resultados contrarios a los que pretendían promover, como acumulación de los recursos en manos de las élites, conflictos por el control de los recursos, y pérdida de la autonomía, el control y los derechos ancestrales de las poblaciones locales con respecto a los recursos pesqueros (King y Durrenberger 2000). Crutchfield y Pontecorvo (1969), por ejemplo, han mostrado cómo, debido a su ineficiencia, las políticas de manejo que pretendían controlar el nivel de captura o extracción pesquera terminaron fomentando el uso irrestricto. Anderson (1987) describe cómo, en Malasia occidental, el gobierno no sólo usurpó a los pescadores el control sobre los recursos pesqueros, sino que tomó decisiones que excluyeron toda posibilidad de acción efectiva.
Con la desaparición de los sistemas de manejo local han ido desapareciendo también prácticas y conocimientos que estaban adaptados a las condiciones ecológicas locales. La administración estatal ha implementado políticas basadas en el supuesto de "pesquerías no reguladas", legitimando así la necesidad de imponer su propia regulación basada en modelos científicos. De este modo, las diversas prácticas locales han sido reemplazadas por un conocimiento científico rígido. El resultado en muchas pesquerías continentales ha sido un proceso análogo al cercamiento de los sistemas de campo abierto en la Europa medieval; es decir, el Estado se arroga el derecho a apropiarse los recursos a expensas de aquéllos cuyo sustento depende de tales recursos. Con ello, el Estado ha declarado el acceso abierto a los recursos pesqueros sólo para reclamar después su autoridad en la regulación y beneficiar los intereses del gran capital en nombre del desarrollo y el bien público (Marchak 1987).
En este volumen, el capítulo de Chapman examina el impacto de la privatización y la mercantilización de los bienes comunes sobre los mecanismos tradicionales de regulación comunitaria, así como el papel que ello ha jugado en el deterioro de los recursos pesqueros en la Amazonia. Si bien muchos de los procesos que Chapman describe han cambiado desde que escribió su artículo, hace poco más de 20 años, éste se ha convertido en un clásico y un referente histórico sobre la ecología política de las pesquerías amazónicas. Pinedo, por su parte, describe cómo en la selva central peruana los procesos de colonización, la penetración del mercado y el cambio cultural y tecnológico han llevado a la pérdida de un manejo consuetudinario de la pesca y a la consecuente sobreexplotación de las pesquerías. Soria y Rodríguez complementan este análisis, argumentando que el deterioro de las pesquerías en esta región se debe también a que el Estado no reconoce el derecho de las poblaciones locales a ejercer control sobre los recursos pesqueros, a la vez que la asignación de derechos comerciales de pesca por el Estado tienen preeminencia sobre los derechos de pesca de subsistencia.
Los resultados negativos de las políticas públicas han generado escepticismo con respecto a la eficacia del Estado en la administración de las pesquerías modernas y, por ello, muchos creen que la privatización es mejor que la intervención coercitiva de los gobiernos (Townsend y Wilson 1987). Sin embargo, una segunda perspectiva sugiere que si bien la intervención del Estado, a través de sus políticas de manejo y desarrollo, ha causado o empeorado las tragedias del deterioro de los recursos, la privatización no es necesariamente la mejor solución. Pinkerton (1987) ha señalado que los derechos de propiedad informales han jugado un papel importante en el éxito que las comunidades costeras y los indios nimpkish (kwakiutl) de la Columbia Británica (Canadá) tuvieron en el control de la intercepción de los stocks pesqueros migratorios.
Anderson (1987) advierte que en los países del Tercer Mundo, donde hay pocos indicios de que los gobiernos inestables y autoritarios sean reemplazados por gobiernos más estables y democráticos, es políticamente demasiado riesgoso permitir que los grupos de usuarios o las comunidades locales encuentren, para bien o para mal, formas de enfrentar la sobrepesca y los conflictos sobre el acceso a los recursos pesqueros. Además, si, por razones culturales y económicas, las pesquerías son de baja prioridad nacional, el Estado probablemente no tomará acciones para revertir el deterioro. Soria y Rodríguez, en este volumen, proponen que en la base del deterioro de las pesquerías en la Amazonia peruana se encuentra el hecho de que el Estado no presta atención a la pesca en aguas continentales y, por tanto, no destina recursos para aplicar la legislación que promueve la pesca sostenible. Para la Amazonia boliviana, Paz y Van Damme describen una situación similar, pues la escasa atención prestada al sector pesquero por los gobiernos centrales explica la ausencia de políticas pesqueras que atiendan la demanda de regulación en la pesca y resuelvan los conflictos que su ausencia genera.
En la cuenca amazónica, las relaciones entre el Estado y las poblaciones pesqueras han sido tanto positivas como negativas. En la Amazonia brasileña, diversos estudios han descrito cómo el Estado terminó reconociendo, a finales de la década de los años ochenta, la legitimidad de los llamados "acuerdos de pesca": compromisos formales entre los miembros de comunidades usuarias de lagos de la várzea para definir la forma de acceso y uso de los mismos. Antes de su reconocimiento oficial, estos acuerdos no tenían una base legal, permaneciendo como una institución consuetudinaria y de facto basada en el concepto local del derecho al uso de los recursos pesqueros en lagos (McGrath et al. 1993, 1999; De Castro 2000). Los acuerdos de pesca se convirtieron, al menos en los lagos de la várzea, en la base institucional sobre la cual se ha buscado construir un modelo de comanejo de la pesquería en Brasil, posibilitando el surgimiento de sistemas de manejo comunitario de pesquerías con bastante éxito (De Castro 2000; De Castro et al. 2002).
El objetivo principal del enfoque del comanejo es la unión del conocimiento popular, local y tradicional con el conocimiento científico y centralizado, mediante el involucramiento de los usuarios locales y otros intereses en el manejo y la formulación de políticas pesqueras. En el presente libro, Ruffino considera que el comanejo de recursos pesqueros en la Amazonia brasileña es un modelo alternativo al manejo convencional que surgió a partir de conflictos en la pesca, y que busca revertir la exclusión social que caracterizó las políticas públicas sobre la actividad pesquera, durante las décadas de 1980 y 1990. En este proceso, los antropólogos han jugado un papel importante, reconociendo el valor de las instituciones y el conocimiento local entre las poblaciones pesqueras, y promoviendo diversas formas de cooperación en el manejo que involucren a los usuarios del recurso, los intereses industriales y las agencias del gobierno (Pinkerton 1989, 1992).
Así, como indican Riofrío et al. en este volumen, es importante que exista continuidad en la toma de información ecológica, biológica, tecnológica y socioeconómica para establecer medidas de manejo, como las tallas mínimas de captura o, como afirma Bayley, buscar modelos científicos de manejo más consistentes con las realidades socioeconómicas locales. Sin embargo, es importante también promover el intercambio de saberes entre indígenas y científicos, como el que Duque et al. describen para la Amazonia colombiana, mostrando que este diálogo es una herramienta fundamental para facilitar la conservación de los ecosistemas acuáticos amazónicos y de los recursos hidrobiológicos que allí existen. Una experiencia similar es la que presentan Fernandes y Berkes, quienes describen un proyecto de intercambio entre pescadores indígenas y científicos para desarrollar estrategias de conservación del pez más grande y amenazado de la Amazonia, Arapaima gigas, proyecto que incluye un plan de manejo elaborado a partir del conocimiento indígena local.
Se han descrito casos en los que el comanejo ha demostrado tener un impacto positivo no sólo en la productividad de las pesquerías locales, sino también en el nivel de gobernanza. Almeida et al. (en este volumen) muestran que el comanejo ha incrementado la productividad de la pesca entre pescadores de subsistencia de la región de Santarém (Brasil). Thé et al. describen un caso exitoso de comanejo con pescadores artesanales de Minas Gerais (Brasil), donde se abrieron espacios de participación local y de diálogo con las autoridades gubernamentales.
Sin embargo, aún en países de conocida tradición democrática –como Estados Unidos, Canadá y los países escandinavos– la construcción de estructuras sociales e instituciones que promuevan la participación de las comunidades locales en el manejo de las pesquerías es un objetivo difícil de alcanzar. En este sentido, McGrath et al. advierten que si bien se han logrado considerables avances en la creación de un sistema de comanejo en la Amazonia brasileña, éste aún presenta problemas que atentan contra su efectividad y sostenibilidad. Los autores concluyen que no basta transferir la responsabilidad de la gestión pesquera a los actores locales, sino que es necesario también un desarrollo normativo e institucional adecuado a los desafíos que plantea la gestión sostenible de las pesquerías. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no es tal, a menos que el pueblo participe de manera efectiva en el proceso de gobierno. El comanejo busca poner este ideal en práctica y, al hacerlo, la población y las instituciones pueden aprender del manejo justamente manejando (King y Durrenberger 2000: 12).
En la Amazonia peruana, por su parte, los estudios existentes muestran diferentes comportamientos del Estado frente a las comunidades pesqueras locales. Por un lado, se ha descrito, por ejemplo, cómo un sistema exitoso de manejo comunitario de lagos en un afluente del Amazonas fue desarticulado a partir de la intervención de una ONG y de funcionarios pesqueros que quisieron darle legitimidad mediante su ajuste a la legislación nacional. Los pescadores locales habían tenido éxito en detener la devastación de los lagos por embarcaciones comerciales foráneas, permitiendo la recuperación de sus stocks pesqueros, pero la aplicación de la ley peruana, que considera los cuerpos de agua como abiertos a todos los ciudadanos, desalentó a los pescadores de seguir manejando, ya que de esta manera éstos se vieron impedidos de asegurar para sí los beneficios del manejo (Pinedo et al. 2002; Summers y Pinedo 2002).
Por otro lado, el panorama es más alentador en el caso de algunas comunidades asentadas en el interior de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en el nororiente peruano. Aquí la población decidió, con el apoyo de una ONG y en coordinación con las autoridades de la reserva, realizar acciones de vigilancia y monitoreo de la pesca, favoreciendo con ello una recuperación significativa de la población de algunas especies pesqueras (Tang 2002; Del águila et al. 2003). Noriega, en este volumen, presenta un recuento histórico de la colaboración entre la población local y el Estado en la administración de esta reserva, que ha probado ser la estrategia más eficiente en términos ecológicos, sociales y económicos y ha convertido a las comunidades locales en los principales aliados de la conservación y el logro de los objetivos de la reserva. Cerca de otra área protegida peruana, la Reserva Comunal Purús, las comunidades indígenas se han convertido también en promotores de la conservación al haber iniciado una acción colectiva a favor del manejo de las lagunas (cochas) que comparten, garantizando así no sólo la continuidad de los hábitat acuáticos y las especies que viven en ellas, sino también su sustento (véase capítulo de Herrera).
Finalmente, a manera de conclusión, el capítulo de Berkes plantea, como alternativas al manejo convencional de las pesquerías, un cambio en la filosofía del manejo de recursos, el cual no sólo rompa con la vieja tradición del manejo como control, sino que defina un nuevo tipo de manejo que entienda las pesquerías como sistemas ecológico-sociales. La mayoría de políticas pesqueras han fracasado, entre otras razones, porque los sistemas de manejo altamente centralizados y burocráticos son demasiado frágiles y no responden a los cambios sociales y ecológicos ni se adaptan a ellos (King y Durrenberger 2000). Por eso, como plantea Berkes, un manejo alternativo de las pesquerías debe tener la capacidad para adaptarse a las condiciones de incertidumbre y complejidad que caracterizan estos sistemas. Además, dicho manejo no sólo debe basarse en el conocimiento y las instituciones locales y la participación de los pescadores en la toma de decisiones, sino que debe estar orientado a satisfacer sus necesidades de subsistencia.
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En la Amazonia los recursos pesqueros son unos de los pocos que permanecen subexplotados en el mundo (Bayley 1981). Sin embargo, recientemente han aparecido signos de disminución de algunos de sus stocks (Chapman 1978; Bayley 1981; Goulding 1981; N. J. H. Smith 1981; Junk 1984; Lowe-McConnell 1984). Al ser los recursos pesqueros el ejemplo clásico de recurso de propiedad común, sería tentador atribuir tal deterioro a lo que Garret Hardin llama la "tragedia de los bienes comunes" (Hardin 1968). Pero no nos proporcionaría una explicación adecuada de sus actuales cambios.
La teoría de Hardin sobre el deterioro de los recursos de propiedad común pasa por alto dos factores importantes que afectan la toma de decisiones relacionada con el uso de tales recursos en regiones como la Amazonia. El primer factor es la estrecha relación entre la explotación de recursos de propiedad común y la explotación de recursos de propiedad privada en sociedades rurales del Tercer Mundo (Blaikie y Brookfield 1987). Por ejemplo, no es raro que en estas sociedades los recursos de propiedad común sean privatizados para su uso comercial por quienes gozan de un acceso privilegiado. Esto hace que se concentre la explotación en los recursos de propiedad común que quedan, y puede, en última instancia, conducir a su inevitable agotamiento (Hecht 1985). Sin embargo, este agotamiento no es una consecuencia inevitable de la propiedad común de tales recursos, como sugiere Hardin, sino más bien de su relación cambiante con los recursos privados asociados.
* Originalmente publicado en 1989 como "The Political Ecology of Fisheries Depletion in Amazonia", Conservation Biology, 16(4): 331-337.
El segundo factor que Hardin pasa por alto es el gran número de adaptaciones de las sociedades tradicionales que mitigan la sobreexplotación de los recursos de propiedad común (Berkes 1985). Éstas incluyen mecanismos de regulación comunitaria, tales como la tenencia consuetudinaria de la tierra y el mar, los derechos de usuario y los tabúes. Los cambios en estos mecanismos de control comunitario de explotación de recursos, así como los cambios en la relación entre los recursos de propiedad privada y los de propiedad común contribuyen de manera significativa al actual deterioro de los recursos pesqueros en la Amazonia.
Estos cambios están fuertemente influidos por ideologías políticas que determinan el impacto de la toma de decisiones respecto al uso de recursos por parte de grupos sociales particulares (Schmink y Wood 1986). Esto tiene implicancias importantes en la eficiencia de las burocracias que manejan recursos (Bunker 1985; Blaikie y Brookfield 1987; Schmink y Wood 1987), así como en la creencia de algunos conservacionistas de que una vez que los administradores de recursos entiendan las consecuencias del impacto humano en los ecosistemas de la Amazonia, se logrará una gestión ecológicamente más racional de los recursos amazónicos.
El objetivo de este artículo es examinar el papel de estos factores político-ecológicos en el deterioro de los recursos pesqueros amazónicos. En contraste con el enfoque más convencional de la 'tragedia de los bienes comunes', un análisis político-ecológico proporciona una explicación más adecuada de las causas del agotamiento de los recursos pesqueros en la región.
Durante la estación de creciente, muchos de los afluentes del Amazonas se desbordan e inundan grandes áreas de los bosques circundantes. Muchas especies de peces amazónicos dependen en gran medida de estos bosques inundados para conseguir alimento, lugares de desove y protección de depredadores (incluyendo los pescadores). La cadena alimenticia de casi 75% del pescado que se vende en Manaos y otros pueblos más pequeños de la Amazonia central se origina en esos bosques inundados (Goulding 1985).
Dado que los peces de la Amazonia dependen de recursos de sistemas tanto terrestres como acuáticos, la población de peces es mucho mayor a la que podría existir bajo condiciones diferentes (Goulding 1980). La pesca en la Amazonia se ve también fuertemente afectada por las inundaciones. Las grandes y costosas redes comerciales tienden a enredarse o dañarse por la vegetación subacuática en los bosques inundados. Por este motivo, en la Amazonia la pesca es altamente
Figura 2.1 La Amazonia: los países y los principales ríos tributarios
estacional y de rendimiento decreciente cuando los peces se dirigen hacia el bosque inundado (Chapman 1978). Por ejemplo, se ha estimado que sólo 2% de la captura en el río Madeira central (figura 2.1) proviene del bosque inundado (Goulding 1981). De este modo, el stock de peces en la Amazonia se ve protegido de una explotación permanente, por lo que básicamente es una "temporada de veda" de pesca impuesta por el régimen de inundación de los ríos.
Los peces que dependen de los bosques inundados son una importante fuente de alimento para la población amazónica, sobre todo a lo largo de la várzea o llanuras inundables por ríos de aguas blancas. La subsistencia tradicional en esta región ha tenido que depender en gran parte de la pesca para lograr el aporte proteínico básico, debido a que las fuentes terrestres de alimento, tales como la yuca (Manihot esculenta), no contienen muchas proteínas (Lathrap 1968; Meggers 1971, Gross 1975). Esta complementariedad nutricional de los recursos alimenticios provenientes de ambientes terrestres y acuáticos en la Amazonia sigue siendo importante para la mayoría de los habitantes tanto de las zonas rurales como urbanas de la región. Por ejemplo, alrededor de 61% de la proteína animal consumida por los pobladores rurales en el valle del río Ucayali, en el este de Perú (figura 2.1), proviene del pescado (Pierret y Dourojeanni 1967, Dourojeanni 1985). El pescado es también una fuente de proteína animal para las zonas urbanas. En Iquitos, la ciudad más grande de la Amazonia peruana (figura 2.1), 32% de la población consume pescado tres veces por semana y 12%, la más pobre económicamente hablando, consume pescado a diario (Beuzeville 1973). En Manaos, una ciudad grande de la Amazonia brasileña (figura 2.1), el consumo de pescado representa 37% del total de proteínas consumidas por los habitantes más pobres de la ciudad (Fearnside 1985a).
Sin embargo, el actual desarrollo económico de la Amazonia, especialmente en Brasil, no se ha concentrado en estas tierras inundables, sino en la terra firme o tierras altas (Bunker 1985). Allí la política de desarrollo de tierras está alentando una conversión a gran escala de los bienes comunes –es decir, las tierras boscosas no habitadas de terra firme– en recursos privados, como haciendas ganaderas y grandes proyectos mineros (Mahar 1979; Schmink 1982; Fearnside 1985a; Hecht 1985). Por raro que parezca, estos cambios en las relaciones de recursos en las partes altas de la terra firme son los que están contribuyendo en gran medida a la disminución de los recursos pesqueros amazónicos. Los principales mecanismos de este deterioro son: a) la marginación de los pobres de la región, y b) la destrucción del hábitat de los recursos pesqueros en la várzea.
a. La marginación de los pobres
Mucho se ha escrito sobre el impacto socioeconómico del desarrollo de la Amazonia, especialmente en Brasil (Davis 1977, Moran 1981, Schmink 1982, Bunker 1985). Sin embargo, se sabe poco sobre la relevancia que este impacto tendrá para la sostenibilidad del uso de recursos pesqueros en la región.
A lo largo de la Amazonia, los pobres han sido marginados sobre todo debido al desarrollo, pero probablemente aquello ha sido más extremo en Brasil, donde los problemas de titulación confusa de tierras y numerosos conflictos por tierras –que incluyen intimidación, corrupción y hasta violencia– han sido bastante documentados como parte del proceso de "cierre de fronteras" (Moran 1981, Schmink 1981, Bunker 1985, Schmink y Wood 1987). En estos conflictos los pequeños propietarios de tierras a menudo pierden debido a la falta de apoyo político y financiero, así como a su falta de conocimientos acerca de cómo defender sus derechos en estos casos (Mahar 1979).
Los conflictos de tierras en la Amazonia han incrementado la ya extrema inequidad en la propiedad de la tierra de la región. A fines de los años sesenta y comienzos de los años setenta, varios estados amazónicos brasileños experimentaron una notoria concentración de la propiedad rural (cuadro 2.1). En estas zonas hubo incrementos adicionales en los ya elevados coeficientes Gini (una medida de desigualdad, siguiendo una escala de cero a uno, en donde cero corresponde a una igualdad perfecta; ver D. M. Smith 1979: 28), con base en datos sobre tenencia rural proporcionados por el Incra, agencia del gobierno brasileño que participa en la colonización de la Amazonia. En su conjunto, se constató que el tamaño de las propiedades rurales menores de 100 hectáreas en esta región habían decrecido de un promedio de 18,13 ha en 1940 a 17,24 ha en 1975. Por otro lado, aquellas propiedades mayores a 100.000 ha habían casi duplicaron su tamaño promedio: de 176.000 ha a 326.000 ha (Mougeot 1985).
Esta creciente inequidad del sistema de tenencia de tierras, y la pobreza asociada a ella, se ha convertido en una de las principales fuerzas motrices del crecimiento urbano en la región. Cuando se ven privados de sus tierras, y en consecuencia de sus medios de vida, los pequeños propietarios no tienen otra opción que emigrar a las zonas urbanas más cercanas en busca de empleo (Schmink 1982). Manaos ha experimentado, desde 1967, una tasa de crecimiento anual de 8% (N. J. H. Smith 1981), debido en gran parte a la afluencia de desempleados transitorios (Mougeot 1985).
Este acelerado crecimiento poblacional en muchos centros urbanos ha conducido al correspondiente aumento en la demanda de recursos proteínicos baratos que el pescado ofrece muy fácilmente. En respuesta a esta creciente demanda en la Amazonia así como en los mercados emergentes fuera de la región, durante los últimos años se ha intensificado considerablemente la pesca comercial en las cer
Cuadro 2.1 Cambios en el coeficiente Gini en seis estados amazónicos de Brasil desde fines de los años sesenta hasta comienzos de los años setenta
Cambio en el coeficiente Gini | ||
Estado |
Fines de los años sesenta |
Comienzos de los años setenta |
Acre |
0,935 |
0,972 |
Amazonas |
0,815 |
0,853 |
Pará |
0,854 |
0,879 |
Roraima |
0,442 |
0,553 |
Amapá |
0,779 |
0,869 |
Rondônia* |
0,938 |
0,901 |
Fuente: Mougeot (1985, p. 65). | ||
* Debido a los programas de colonización del Incra implementados en Rondônia durante este período, el coeficiente correspondiente a este estado se redujo en lugar de crecer. | ||
canías de las zonas urbanas más grandes (N. J. H. Smith 1985). La administración oficial de los recursos pesqueros ha sido relativamente ineficiente en el control de los efectos de esta rápida intensificación. Como resultado, ha disminuido tanto el tamaño de los peces como la productividad total de la pesca, a pesar del considerable aumento de los esfuerzos de pesca, particularmente en los centrados en las especies grandes y de lento crecimiento, como el paiche o pirarucú (Arapaima gigas) y la gamitana o tambaqui (Colossoma macropomum) (Chapman 1978; Goulding 1981 y 1983; N. J. H. Smith 1981; Junk, 1984).
La orientación de esta pesca comercial en auge hacia la demanda diferenciada de mercado de determinadas especies ha significado un aumento del desperdicio de proteínas de fuentes pesqueras. Las capturas incidentales que incluyen especies más pequeñas, con más espinas y menos comerciables, suelen ser hoy desechadas por los pescadores comerciales de Manaos (Bayley 1981, N. J. H. Smith 1985). Infortunadamente, estos peces desechados pueden ser los juveniles de especies más grandes y de mayor valor o especies pequeñas que sirven de alimento a las de mayor tamaño. A medida que las especies más cotizadas empiezan a escasear, su precio en el mercado aumenta. En consecuencia, muchos pobres en las zonas urbanas sólo pueden pagar por las especies espinosas más pequeñas y menos cotizadas. La destrucción innecesaria de estas especies como captura incidental no deseada, por parte de pescadores comerciales, tiene serias implicancias en el bienestar nutricional de los sectores más pobres de la sociedad urbana de la Amazonia.
De este modo, aunque el factor directamente responsable de la decadencia de ciertos sectores de la pesquería amazónica ha sido la intensificación de la pesca comercial inadecuadamente controlada, la raíz de esta intensificación destructora es la demanda sin precedentes de recursos pesqueros por parte del creciente número de pobres de las zonas urbanas, quienes han sido marginados por la relación cambiante entre el uso de recursos de propiedad común y el uso de recursos de propiedad privada en terra firme.
b. Destrucción del hábitat pesquero en la llanura inundable
Gran parte del desarrollo a gran escala en terra firme ha supuesto la construcción de carreteras, ranchos, represas hidroeléctricas y minas, lo cual en conjunto ha destruido grandes extensiones de bosque tropical. Esto ha tenido serias consecuencias ambientales, incluyendo la erosión del suelo, la sedimentación de ríos y la destrucción del hábitat de la fauna silvestre (Bunker 1980; Fearnside 1985a).
También las actividades de los pequeños propietarios de tierras desplazados por estos proyectos a gran escala han tenido consecuencias ambientales adversas.
El aumento de la concentración de la propiedad rural en la Amazonia ha forzado a muchos productores campesinos a sobreproducir en sus pequeños terrenos, en un intento de aumentar sus ingresos gracias a cosechas más rentables. Incluso si hubiese la intención de implementar medidas para controlar la erosión o utilizar fertilizantes para prevenir la degradación de la tierra, la mayoría de los pequeños propietarios de tierras no podrían adquirirlos por su extrema pobreza (Collins 1986).
De este modo, la relación cambiante entre los recursos de propiedad común y los de propiedad privada, que se asocia actualmente con el proceso de 'cierre de fronteras' en la Amazonia, ha tenido como consecuencia serias alteraciones ambientales. Éstas tienen varias consecuencias directas para la productividad de la pesca.
En primer lugar, la severa erosión del suelo que resulta de la deforestación de las cuencas en terra firme puede hacer bajar la calidad del agua por la sedimentación, a tal punto que los recursos pesqueros podrían verse afectados muy adversamente (Bayley 1984). En segundo lugar, hay indicios de que esa deforestación de las cuencas está contribuyendo a los niveles excesivamente altos de las inundaciones que caracterizan a algunas áreas de la Amazonia, con efectos ecológicos potencialmente adversos para las comunidades de peces río abajo (Gentry y López-Parodi 1980; Bunker 1985; Fearnside 1985a). C. F. Nordin y R. H. Meade (1982) proporcionan una explicación alternativa al aumento de los niveles de agua en las inundaciones.
Hay otros vínculos, más indirectos, entre la degradación ambiental en la terra firme y la productividad de la pesquería en la Amazonia. Debido a la creciente evidencia de la sensibilidad de la terra firme al impacto humano, la reciente política de desarrollo de la Amazonia brasileña ha dirigido su atención al aumento del uso de la várzea para el ganado y para cultivos comerciales como el yute, el maíz y el arroz (Barrow 1985). Contrario a lo que sucede en los suelos de la terra firme, la fertilidad del suelo de la várzea se renueva anualmente, gracias a los depósitos aluviales que quedan cuando las aguas de los ríos desbordados vuelven a sus cauces. Se cree que esta renovación de la fertilidad anual puede ayudar a prevenir el tipo de degradación ambiental que experimentan los ambientes de la terra firme cuando son despejados para la agricultura.
Sin embargo, debido al importante papel que desempeña el bosque inundable de la várzea como fuente de alimento, lugar de desove y de protección para peces, su apertura para la agricultura o el pastoreo podría tener un efecto adverso en la productividad de la pesquería. Por ejemplo, entre 1970 y 1975, las capturas en los ríos de la Amazonia cayeron 23%, debido en parte a la deforestación de zonas de desove (M. Soulé 1982, citado en Caufield 1985). El potencial impacto del desmonte sobre el papel protector del bosque es evidente en el deterioro ocurrido en los stocks de especies, tales como la gamitana o tambaqui, vulnerables a las presiones de la pesca comercial incluso en el bosque inundable, pues pueden ser allí capturados por pescadores de anzuelo con carnada (Goulding 1981).
Las infiltraciones en el ambiente acuático de biocidas utilizados en los cultivos de las várzeas para el control de plagas también podrían amenazar la productividad de la pesquería (Goulding 1981). En otras cuencas de ríos tropicales se ha observado una extensa mortandad de peces como producto de estas infiltraciones (Barrow 1985).
Aunque la tala de los bosques inundables de la várzea para la agricultura representa una amenaza directa para la productividad de la pesquería en la Amazonia, una de las causas de esta tala es, nuevamente, la cambiante relación entre el uso de recursos de propiedad común y el uso de recursos privados en la terra firme. A través de este vínculo ecológico y nutricional único entre el ambiente acuático y el terrestre de la Amazonia, la relación cambiante en el uso de los recursos en las zonas altas de la terra firme contribuye al deterioro de la pesquería en la región.
La cambiante relación entre la propiedad común y el uso privado de recursos en la terra firme es en realidad sólo un reflejo de la ideología dominante del desarrollo en la Amazonia. Esta ideología se basa esencialmente en la creencia de la primacía del crecimiento económico basado en la explotación a gran escala1 de los recursos naturales de la región. En ese enfoque del desarrollo, se cree que los beneficios económicos pueden ser maximizados con mayor efectividad en el corto plazo por medio de la expansión de grandes proyectos de capital intensivo con
1 Un árbitro académico, con muchos años de residencia en la Amazonia, comentó que "para la mayoría de los recursos, incluida la tierra, el sistema predominante es el uso extensivo, donde una gran área es explotada empleando un mínimo de inversión aun cuando la producción por unidad de área resulte muy baja". (N. E.).
ayuda del Estado, en los cuales los costos sociales y ambientales son altamente descontados2 (Hecht 1985; Schmink y Wood 1987). El conflicto básico entre esta ideología y las metas de gestión conservacionista de los recursos, en las cuales se enfatiza un rendimiento sostenido a largo plazo, trae por resultado el agotamiento de los recursos y la degradación ambiental de la Amazonia (Schmink y Wood 1987). Esto tiene serias implicaciones para la efectividad del manejo de los recursos pesqueros de la región a dos niveles: a) el comunal y b) el burocrático.
a. El deterioro del control comunal de la pesquería en la Amazonia
El control comunal de la pesca tiene varias ventajas. Permite la distribución equitativa de los costos y beneficios de la conservación entre los usuarios del recurso (Blaikie 1985). También se ha encontrado que los controles de la pesca impuestos por las propias comunidades han jugado también un papel primordial en evitar el desarrollo de la 'tragedia de los bienes comunes', no solamente en la pesca tradicional de subsistencia (Cordell 1978; Johannes 1978; Berkes 1985), sino también en la moderna pesca comercial, como la pesca de langosta en las costas nororientales de Estados Unidos de Norteamérica (Acheson 1975). De este modo, el agotamiento no es una consecuencia inevitable del uso de los recursos de propiedad común, como lo afirmara Hardin (1968), sino más bien el resultado del colapso de los controles tradicionales de la sobreexplotación de esos recursos en sociedades que están experimentando un cambio socioeconómico.
Si bien el uso de estrategias de manejo intencional, por parte de las comunidades en muchas de las pesquerías fluviales tradicionales, parece haber sido menos frecuente que en los sistemas marinos (Scudder y Connelly 1985), hay evidencia de que existen en efecto controles para limitar el ingreso a zonas de pesca en algunas comunidades tradicionales de la Amazonia (Stocks 1983, Chernela 1985). Por ejemplo, los uananos de río Negro (cf. figura 2.1) son conscientes desde hace mucho tiempo de la importancia del bosque como fuente de alimento para los peces, y siguen creyendo que los peces "mayores" castigarán a aquellos que amenacen esta provisión de alimento, en particular durante la época de desove (Chernela 1985). La sociedad de los uananos nos brinda evidencia no sólo de la efectividad de los controles culturales indígenas para evitar la sobreexplotación de peces en reproducción y de su flora alimenticia, sino también de un conocimiento ecológico acerca de la relación entre el bosque inundable y los peces, conocimiento
2 Sugerido por un árbitro académico que comentó que "el problema del descuento es bien distinto del de la propiedad común", siendo "igualmente fundamentales". (N. E.).
mucho más antiguo que el conocimiento científico occidental sobre esta zona. Los informes recientes de conflictos entre pescadores de subsistencia y pescadores comerciales en Brasil (N. J. H. Smith 1981) y Perú (Chapman 1978) indican también que en algunas comunidades de la Amazonia todavía conciben derechos comunales sobre los stocks pesqueros locales.
Sin embargo, la ideología del desarrollo predominante en la región, que enfatiza el desarrollo de los recursos a gran escala y bajo control de remotos organismos del gobierno central (Mahar 1979, Schmink 1982, Bunker 1985), hace poco por incentivar este tipo de manejo comunitario de los recursos pesqueros.
Esta ideología desalienta el control comunitario de los recursos en otro sentido. A medida que los grupos indígenas amerindios, que siempre han poseído fuertes tradiciones de control comunal sobre el uso de recursos, desaparecen o experimentan una rápida aculturación, debido al contacto con la cultura mestiza invasora y dominante (Davis 1977; Caulfield 1985; Sponsel 1985), lo que podría haber servido como una base cultural de gran utilidad, sobre la cual construir los futuros controles comunitarios de la pesca, también desaparece (Johannes 1978). Con la desaparición de este tipo de cultura también se irán prácticas culturales, tales como los tabúes, los mitos, los controles chamanísticos sobre los recursos, que sin proponérselo han ayudado a conservar recursos en el pasado (Reichel-Dolmatoff 1976; Ross 1978; N. J. H. Smith 1983).
b. El inadecuado manejo burocrático de la pesquería en la Amazonia
Infortunadamente, el manejo burocrático de la pesquería en la Amazonia es tan poco efectivo que no puede reemplazar los controles tradicionales en vías de desaparición. De hecho, existe tan poca evidencia del manejo oficial de la pesquería que se considera que hay una "virtual ausencia de manejo" (Lovejoy 1985: 67).
Las explicaciones convencionales sobre la falta de manejo efectivo de la pesquería de la región incluyen las siguientes:
i. Conocimiento ecológico inadecuado. Hay considerables dificultades técnicas para manejar recursos pesqueros tan complejos como los de la Amazonia. Dicho de otro modo, se sabe muy poco sobre los ciclos de vida de unas 2.000 especies de peces que habitan en la cuenca. Incluso con la información adecuada, es muy difícil lograr un manejo sostenible de la pesquería que se caracteriza por una diversidad de especies (Welcomme 1979).
ii. Escasez de fondos. El financiamiento de programas de manejo de recursos, personal capacitado para el manejo de recursos y diseño de políticas sobre el uso de recursos es inadecuado. Los organismos estatales establecidos para proteger los recursos naturales en la Amazonia brasileña, así como el hoy extinto Instituto Brasileño para el Desarrollo Forestal (IBDF)3 tienen una falta de empleados y de fondos (Bunker 1980, Fearnside 1985b). Esto les dificulta la implementación adecuada en la región de la legislación vigente sobre conservación. Por ejemplo, en los mercados de Itacoatiara, ciudad de la Amazonia brasileña (cf. figura 2.1), se observó que un gran porcentaje de las capturas de especies importantes traídas por los pescadores comerciales estaban con frecuencia por debajo del tamaño mínimo legal para esas especies (N. J. H. Smith 1981).
iii. Ignorancia. Los administradores de pesquerías suelen no reconocer siquiera la necesidad de manejo (Bayley 1984). A menudo esto se atribuye a su desconocimiento de las bases ecológicas del manejo de rendimiento sostenible.
Estas explicaciones convencionales de la ausencia de un manejo pesquero efectivo en la Amazonia son inadecuadas, porque no logran revelar la raíz de esta ineficiencia. Un análisis político-ecológico alternativo de cada una de las tres razones dadas anteriormente nos permite un mayor entendimiento de la razón por la cual las pesquerías de la Amazonia continúan básicamente sin manejo.
i. Falta de conocimientos ecológicos. Aunque un conocimiento inadecuado de la compleja ecología de los peces de la región puede explicar en parte la falta de manejo, tampoco se conoce mucho sobre los ecosistemas terrestres de la región. Sin embargo, estos ecosistemas terrestres han sido objeto de muchos proyectos oficiales de "manejo", aunque no siempre del tipo que asegure su sostenibilidad.
En donde ha habido un conocimiento ecológico adecuado de los sistemas de recursos de la Amazonia, no siempre le ha seguido un manejo efectivo de los recursos. Por ejemplo, el plan de zonificación ecológica de la Amazonia brasileña de 1979-1980 parece basado en un criterio ecológico razonablemente sólido. Sin embargo, varios grupos políticos y económicos con influencia en la región también lo percibieron como una amenaza a sus intereses. En consecuencia, el plan sufrió numerosas revisiones que acomodaban cada vez más aquellos intereses a fin de facilitar únicamente el uso para la explotación de los recursos naturales de la región (Fearnside 1986 y 1989; Schmink y Wood 1987).
3 En enero de 1989, el IBDF fue abolido, y su personal y mandatos fueron transferidos al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama). (N. E.).
ii. Financiamiento inadecuado. Aunque la falta de financiamiento o de implementación de políticas de uso de recursos pueda parecer explicación suficiente sobre el manejo inadecuado de la pesquería, uno debe preguntarse el porqué de ello. No se debe a ninguna carencia de fondos para tales agencias en la región; las agencias vinculadas con el desarrollo industrial y la extracción de recursos no sufren de escasez de fondos (Bunker 1980, Fearnside 1985b). Lo que falta es la voluntad política para la financiación de agencias que protejan los recursos, en contraste con aquellas que los extraen; un problema ideológico más que ecológico. De manera similar, donde hay interés por proteger un recurso, como en el caso de las frecuentes disputas territoriales entre invasores y grandes propietarios de tierras en las zonas productoras de ganado, el personal para un control apropiado no parece ser ningún problema (Schmink 1982).
Los intereses económicos pueden ir contra un eficiente manejo de recursos pesqueros en otro nivel. La percepción corriente de que la burocracia estatal es apolítica y "racional" a la hora de regular los recursos de propiedad común, tales como los bosques y las áreas de pesca, ha impedido una comprensión de las razones por las cuales muchos de los programas de conservación son poco más que simple retórica. Los administradores de alto rango del Estado son rara vez neutrales en el manejo de esos recursos, principalmente porque muchos de ellos pertenecen a una poderosa élite estatal, con intereses económicos a menudo opuestos a los objetivos de conservación (Crowe 1969, Blaikie 1985). Incluso en niveles inferiores de la burocracia, las oportunidades para el beneficio económico individual por medio de la corrupción pueden llevar a una falta de implementación de medidas eficientes para la conservación de los recursos (Bunker 1985).
iii. Falta de reconocimiento por parte de los administradores de pesquerías de que el manejo es siquiera necesario para el beneficio de las pesquerías. Esto se puede deber más a que los administradores de pesquerías de la Amazonia se ven apenas afectados personalmente por el agotamiento de los recursos pesqueros, que al desconocimiento de la base ecológica de un manejo sostenido. Debido a su estatus socioeconómico relativamente alto (Mahar 1979), pueden adquirir fuentes alternativas de proteína, como la carne, cuando el pescado escasea. Esta capacidad de evitar los costos del agotamiento de recursos puede explicar también el porqué en diversas partes del mundo los funcionarios, a diferencia del público en general, no consideran importante el problema del agotamiento de recursos. Infortunadamente, esto puede crear un sesgo interno contra la implementación estricta de un sistema regulador de recursos cuando éste entra en conflicto con las metas de desarrollo económico preferidas por estos funcionarios (Rees 1985).
Los factores culturales pueden jugar también un papel en la baja prioridad que se da al manejo de la pesquería en la Amazonia. En Brasil, muchos de los burócratas encargados del manejo de recursos encuentran "incómodo y amenazante" el mundo acuoso y en constante cambio de la várzea (Bunker 1985: 127). Su foco de atención, por el contrario, es la terra firme, en donde no sólo se concentran las actividades de desarrollo de la Amazonia brasileña, sino también una conveniente red vial (carreteras) que la conecta al templado "centro" del Brasil, hogar de la mayoría de los burócratas estatales (Bunker 1985). Factores culturales de este tipo pueden explicar en parte la aparente falta de interés o simpatía por las actividades en la várzea, tal como la pesca.
No es sorprendente, entonces, que las regulaciones de la pesquería en la Amazonia continúen siendo inadecuadas. Por su misma naturaleza, el manejo sostenible implica a menudo restricciones en la utilización de recursos. Estas acciones están no sólo en oposición a la mayoría de las ideologías de desarrollo estatales, sino también a las inclinaciones económicas y culturales individuales de muchos burócratas encargados del manejo de recursos.
Las causas del deterioro de la pesquería en la Amazonia están fuertemente vinculadas a las cambiantes relaciones entre los recursos de propiedad común y los de propiedad privada en la terra firme. Estas cambiantes relaciones tienen sus raíces en una ideología del desarrollo que devalúa las preocupaciones ambientales y sociales. Una ideología así alienta la disminución de los recursos pesqueros, al 1) favorecer un desarrollo a gran escala que margina a los pobres y aumenta el flujo de migrantes desempleados a las zonas urbanas; 2) crear inequidades en la distribución de la tierra, que causan degradación ambiental y pobreza; 3) destruir el control local comunal de la utilización de recursos pesqueros; y 4) impedir el desarrollo de programas efectivos de manejo estatal de la pesquería.
¿Qué implicaciones tiene este análisis de las causas del agotamiento de recursos pesqueros para aquellos preocupados por el uso sostenible de estos recursos en la región? Las publicaciones de muchos conservacionistas y ecólogos sobre degradación ambiental o agotamiento de recursos en la Amazonia, a menudo, concluyen con un llamado a una educación más ecológica de los administradores y otras personas relacionadas con la toma de decisiones sobre la utilización de recursos de la región. La idea es que una vez que se reconozca la dimensión total del impacto del ser humano sobre estos ecosistemas, la consecuencia automática será un uso ecológicamente "racional" del ambiente. Infortunadamente, esto es poco probable, porque el uso sostenible a largo plazo de recursos naturales en la región no se percibe como un enfoque "racional" para el desarrollo. Por tanto, también es poco probable que se implemente este enfoque a pesar de los continuos reclamos de ecólogos y conservacionistas.
Por esta razón, aquellos preocupados por el futuro de los recursos pesqueros de la Amazonia deberían tratar de conocer más a fondo las raíces políticas e ideológicas del agotamiento de los recursos pesqueros. No adoptar este enfoque significa una continuidad de la implementación de proyectos, con pocas probabilidades de detener la destrucción de recursos de los cuales depende el bienestar nutricional de muchos miles de habitantes de la Amazonia.
Quisiera agradecer a F. Berkes, A. Chase, D. Lamb, M. Schmink y un árbitro académico anónimo por sus valiosos comentarios a una versión anterior de este artículo.
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El río Pachitea y sus afluentes constituyen una de las principales cuencas andinoamazónicas en el Perú. Aquí numerosos científicos peruanos y extranjeros vienen desarrollando estudios ecológicos y geobioquímicos (McClain et al. 2001; Hamlin y Salick 2003; Townsend-Small et al. 2007; Saunders et al. 2006), de desarrollo (Smith 1981; Aramburu 1991; Ocaña-Vidal 1990) y conservación (Aguilar 1986). La cuenca cuenta con grandes extensiones de áreas naturales protegidas, hasta 30% en el caso del departamento de Pasco, y se estima que es una de las áreas de mayor biodiversidad, considerada un hotspot entre las principales agencias de conservación (Myers et al. 2000). La cuenca también brinda numerosos servicios ambientales, entre los cuales sobresalen la calidad y la cantidad de agua dulce a los pobladores de la cuenca para beber, asearse, transportarse, sus bosques en las riberas y zonas de cabeceras que previenen la erosión y la sedimentación de los ríos, los ecosistemas acuáticos que proveen de alimentos y nutrientes a las poblaciones de peces que a la vez son la principal fuente de proteína en la zona, y más recientemente las caídas de agua son utilizadas para generar la energía de la cual depende la mayor parte de la población de la región. Los futuros programas de desarrollo y conservación deben considerar un enfoque integral que tome en cuenta las estrechas interrelaciones entre la biodiversidad, los ecosistemas acuáticos y la salud de la población humana.
La biodiversidad acuática que se encuentra en este ecosistema de ríos, lagos y llanuras inundables, está amenazada por una serie de actividades humanas que se iniciaron hace más de un siglo con los primeros programas de colonización promovidos en la zona. Esta intervención humana se aceleró cuando el gobierno peruano, con financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el Banco Mundial, construyó una red de carreteras que buscaba integrar la región con el resto del país. Debido a esta interesante combinación de alta biodiversidad e importancia ambiental, así como de intensa colonización, desde el 2001, varias instituciones, lideradas por el Instituto del Bien Común (IBC), han promocionado un modelo de gestión de cuencas para ordenar el desarrollo futuro de la región, considerando principalmente las necesidades de las poblaciones más pobres y su inclusión en un modelo de desarrollo ambientalmente seguro y socialmente equitativo. En este esfuerzo hemos iniciado el ordenamiento del recurso pesquero, por su relativa importancia para la salud alimentaria de las poblaciones más pobres de la región.
La pesca continúa siendo la principal fuente de proteínas en la región amazónica, sobre todo para la población indígena. Así es como hemos priorizado, en esta primera fase, el ordenamiento y manejo de los recursos pesqueros de la cuenca. Sin embargo, uno de los pilares para establecer un sistema de manejo es una buena base de información científica y del conocimiento local sobre los recursos pesqueros, las poblaciones de peces y su interacción con el ecosistema ribereño. Algunas de las preguntas clave para poder elaborar un plan de manejo de los recursos pesqueros incluyen: 1) ¿Cuáles son las principales especies para el consumo de la población local? 2) ¿Cuáles son los patrones y prácticas de pesca actuales, tendencias futuras y el posible impacto que tiene sobre esta población? 3) ¿Cuándo y dónde migran estas especies? 4) ¿Cuáles son sus áreas críticas de desove y de crecimiento? 5) ¿Cuáles son las principales amenazas a las cuales están expuestos los stocks de estas especies? Este capítulo busca describir la actividad pesquera, así como aspectos biológicos, ecológicos y sociales relacionados con los recursos acuáticos, utilizando datos de campo que por más de cinco años viene colectando el equipo científico del IBC y sus aliados.1
La cuenca andino-amazónica del río Pachitea se ubica entre los 74°07' a 75°01' longitud este y los 08°33' a 10°48' latitud sur. Comprende los departamentos de Pasco y Huánuco, abarcando una superficie de aproximadamente 29.027 km2, con una altitud que oscila entre los 5.780 msnm (nevado de Huaguruncho) y 175 msnm (boca del río Pachitea). Geográficamente limita por el oeste con la cordillera de Huaguruncho, la cordillera de San Carlos por el sur, la cordillera El Sira
1 Entre sus aliados, para las investigaciones de los recursos pesqueros en la zona, el programa ProPachitea coordina estrechamente con el laboratorio de Ictiología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
por el este y el río Ucayali por el norte. Además, es cruzada de norte a sur por las cordilleras de Yanachaga y San Matías (figura 3.1).
Figura 3.1 La cuenca del río Pachitea
Considerando el mapa ecológico del Perú propuesto por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONER 1976), en la cuenca del Pachitea se establecen ocho áreas climáticas, destacando entre ellas por su extensión el bosque húmedo tropical, bosque muy húmedo premontano tropical, bosque muy húmedo tropical y bosque muy húmedo montano tropical. La estación de lluvias (época de creciente) en un año normal corresponde a los meses de enero a marzo, presentando un pico en el mes de febrero, mientras que la estación seca (época de vaciante) corresponde a los meses de junio y agosto, siendo julio el mes más seco. El área de mayor precipitación se presenta en la subcuenca del río Apurucayali (distrito de Puerto Bermúdez) con más de 3.100 mm/año (1988/89) en año seco y 5.700 mm/año en año húmedo (1995/96) (Gómez 2001).
La cuenca del Pachitea está formada por tres grandes sistemas hidrográficos como son la cuenca del río Pichis, la del río Palcazu y la del río Pachitea propiamente dicho2 (Gómez 2001). La subcuenca del Pichis tiene un área de drenaje de 10.306 km2 y las nacientes del río Pichis se ubican en las zonas altas de la vertiente suroriental de la cordillera San Matías y nororiental de la cordillera San Carlos, cuyas aguas forman los ríos Azupizú y Nazarátegui respectivamente, y en la vertiente suroccidental de la cordillera El Sira, cuyas aguas son drenadas por el río Neguache. Durante su recorrido, antes de confluir con las aguas del río Palcazu y dar origen al río Pachitea, recibe sobre su margen derecha los ríos Anacayali y Apurucayali. La subcuenca del Palcazu tiene un área de drenaje de 10.362 km2 y las nacientes del río Palcazu se ubican en las zonas altas de la vertiente suroccidental de la cordillera de San Matías cuyas aguas forman los ríos Bocaz y Cacazú. En su recorrido y sobre la margen izquierda recibe las aguas de los ríos Iscozacín y Chuchurras provenientes de la vertiente suroriental de la cordillera Yanachaga y los ríos Lagarto, Mayro y Pozuzo. El río Pozuzo tiene sus nacientes en los nevados de la cordillera de Huaguruncho y Nausacocha en Pasco. La subcuenca del Pachitea tiene un área de drenaje de 8.359 km2 y su río principal, el Pachitea, se origina de la confluencia de los ríos Pichis y Palcazu. Por su margen izquierda recibe las aguas de los ríos Sungaroyacu y Macuya, y por su margen derecha las del río Yuyapichis, provenientes de la vertiente noroccidental de la cordillera El Sira. El curso del río Pachitea es muy sinuoso, a menudo alternado por tramos rectilíneos y codos que tienden a ángulo recto.
La cuenca del Pachitea alberga una población humana muy diversa. Con 86.222 habitantes (INEI 2005) incluye una población indígena con los grupos yanesha (subcuencas del Palcazu y Pachitea), asháninka (subcuencas del Pichis y
2 En adelante, se mencionarán estos tres grandes sistemas hidrográficos como subcuenca del Pichis, subcuenca del Palcazu y subcuenca del Pachitea.
Pachitea), catataibo (subcuenca de río Sungaroyacu) y shipibo (subcuenca de río Pachitea) organizados en más de 140 comunidades nativas, representado aproximadamente el 20% del total de la población de la cuenca. Esta población combina la agricultura con actividades, como la pesca, la caza, la recolección y la crianza de animales de corral. La población andina está organizada en comunidades campesinas y se ubica en la región de la cordillera de Huaguruncho (zona occidental de la subcuenca del Palcazu, entre los ríos Santa Cruz y Huancabamba), dedicándose a la crianza de camélidos y a la producción principalmente de papa y maíz. Los colonos andinos, que en su mayoría provienen de la zona alta de la cuenca del Pachitea, así como aquellos que provienen de las cuencas vecinas del Mantaro y el Huallaga, viven dispersos en gran parte de la cuenca (principalmente en la subcuenca del Palcazu), dedicándose al cultivo de rocoto, granadilla, zapallo, la crianza de ganado y a actividades comerciales. Los ribereños, que están asentados principalmente en la subcuenca del Pachitea, provienen del Ucayali y se dedican principalmente a la agricultura –produciendo arroz, plátano, maíz y fríjol–, a la extracción de madera y en menor medida a la pequeña ganadería. Los descendientes de inmigrantes europeos se concentran en los valles de Oxapampa, Huancabamba, Pozuzo y Palcazu, realizando principalmente actividades de ganadería y cultivo de café, para lo cual se organizan en algunos casos en asociaciones o cooperativas de productores.
Debido a que gran parte de la actividad de pesca se realiza en la zona baja e intermedia de la cuenca, donde los recursos acuáticos son importantes para la alimentación humana, la descripción de esta actividad se basa exclusivamente en información extraída de centros poblados3 que están asentados en un rango altitudinal de 175 a 1.000 msnm. La información fue recogida utilizando encuestas familiares durante las épocas de vaciante, creciente e intermedias en los años 2005 y 2006, y considerando variables como el tipo de población (indígena o colona), el tipo de acceso al poblado (río o carretera) y el tipo de asentamiento (urbano o rural). En cambio, la descripción de los recursos acuáticos procede de aquella información obtenida en las colectas científicas de peces a lo largo de la cuenca entre los años 2001 y 2006, capturas permanentes de peces en estaciones preestablecidas de los ríos Pichis, Palcazu y Pachitea desde el año 2001, entrevistas personales a pescadores locales y talleres participativos de validación del conocimiento local entre los años 2005 y 2007.
3 Corresponden a los distritos de Pozuzo, Palcazu y Puerto Bermúdez (provincia de Oxapampa) y los distritos de Codo de Pozuzo, Yuyapichis, Puerto Inca, Tournavista y Honoria (provincia de Puerto Inca), los cuales comprenden una superficie aproximada de 23.000 km2 en la cuenca.
Los peces constituyen uno de los recursos no renovables más abundantes y más explotados en el mundo, y entre los vertebrados es el grupo más diverso con cerca de 30.000 especies descritas. El neotrópico es considerado el área más diversa en peces de aguas continentales, y se calcula que puede albergar cerca de 8.000 especies, siendo la región amazónica la más importante por su gran riqueza (Vari y Malabarba 1998). Las causas que han dado origen a esta gran diversidad son todavía tema de discusión; sin embargo, se considera que la edad y el tamaño del sistema de drenaje, la sucesión de hábitat que ofrece el serpenteo de los ríos, la alta diversidad de nichos en los ríos y las lagunas de las tierras bajas, las capturas en los ríos y los respectivos cambios en la fauna, son algunos de los factores que contribuyeron al proceso de diversificación en la cuenca amazónica (Lowe-McConnell 1987).
En el Perú, se han registrado 855 especies de peces (Chang y Ortega 1995), y se estima que este número se incremente en un 20% los próximos años (Chang y Ortega 1996). En la cuenca del Pachitea se registran 358 especies,4 las cuales se encuentran agrupadas en 13 órdenes y 43 familias. Según su composición taxonó-mica a nivel de órdenes, predominan los Characiformes (51%), Siluriformes (34%) (figura 3.2), seguidos de otros grupos menos diversos, en concordancia con el pa
Figura 3.2 Composición de especies a nivel de órdenes en la cuenca del Pacífico (porcentajes)
4 Debido a que todavía hay áreas muy poco estudiadas en la cuenca del Pachitea, se estima que el número de especies podría llegar a 400.
trón de composición observado en la región amazónica y neotropical (Goulding et al. 2003; Lowe-McConnell 1987, citado por Ortega et al. 2006). La cuenca del Pachitea es un área que presenta una alta diversidad específica en peces, en comparación con otras grandes cuencas amazónicas, como la del río Negro, en donde se reportan 410 especies (Goulding et al. 1988), la del río Tocantins, 265 especies (Santos et al. 1984), la del río Magdalena, 190 especies (Mojica 1999), la del río Napo, 473 especies (Stewart et al. 1987) y cuencas en el Perú como la del río Putumayo que reportan 296 especies (Ortega et al. 2006) y alto Yurúa, 185 especies (Rengifo 2007).
El área con mayor riqueza de especies corresponde a la subcuenca del Pichis (240 especies), seguido de la subcuenca del Pachitea y la del Palcazu (con 215 y 186 especies, respectivamente). La composición específica a nivel de órdenes es bastante similar en las tres subcuencas, con predominancias de los Characiformes, Siluriformes y Perciformes. Algunos grupos, como los Osteoglossiformes (Arapaima gigas, paiche y Osteoglossum bicirrhosum, arahuana) sólo son reportados en algunas cochas de la zona baja de la subcuenca del Pachitea; los Salmoniformes y Cypriniformes, grupos de peces representados exclusivamente por especies exóticas como Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris) y Cyprinus carpio (carpa), son reportados en ríos pequeños y quebradas de la zona occidental de la subcuenca del Palcazu, sobre los 1.000 metros de altitud.
La cuenca del Pachitea forma parte de algunas áreas endémicas importantes para la fauna y la flora peruanas (Haffer 1969; Brack 1986; Rodríguez 1996). Se reportan algunas especies endémicas propias de la cuenca, como Corydoras panda (shirui), con distribución restringida a la subcuenca del Pichis y amplia en la subcuenca del Palcazu; Tahuantinsuyoa chipi (bujurqui), con amplia distribución en las subcuencas del Palcazu y Pichis y algo restringida en la subcuenca del Pachitea, y Attonitus irisae (anchoveta) que, siendo una especie endémica de la selva central, se reporta en variados ambientes acuáticos de la cuenca. Sin embargo, los reportes de posibles nuevas especies5 con características únicas en la Amazonia peruana, podrían elevar significativamente el número de especies propias de esta parte de los Andes amazónicos, lo que confirmaría así la importancia en endemismos de estas zonas de cabeceras de montaña6 (Menezes 1996), y que sería impor
5 Por ejemplo, la raya del género Plesiotrygon, dos variedades de anchovetas afines a los géneros Bryconamericus y Moenkhausia, una variedad de sardina del género Hemibrycon, una variedad de carachama del género Ancistrus y una variedad del bagre del género Imparfinis.
6 Cabeceras de montaña en la cuenca del Pachitea hace referencia a aquellas áreas nacientes de los ríos de las cordilleras Yanachaga, San Matías-San Carlos y El Sira.
tante tomar en cuenta para futuras propuestas de conservación y/o uso sostenible de estos ecosistemas acuáticos.
Sobre la base de las especies capturadas con fines comerciales, Barthem et al. (1997) establece que los peces en la Amazonia pueden clasificarse en tres grupos según su comportamiento migratorio y reproductivo: 1) peces que realizan grandes migraciones; 2) peces que realizan migraciones moderadas, y 3) peces que no necesitan migrar para completar su ciclo biológico.
Entre los peces que realizan grandes migraciones, Brachyplatystoma rousseauxii (dorado) es la especie comercial más importante en la cuenca, y es frecuente encontrarla en los sectores medio y alto del río Pachitea7 y poco frecuente en el sector bajo de los ríos Pichis y Palcazu. Otra especie bastante frecuente a lo largo del canal del río Pachitea es Goslinea platynema (flemoso), bagre de tamaño media-no que ocasionalmente es reportado en algunas áreas del río Pichis. Brachyplatystoma vaillantii (manitoa) es otro bagre de tamaño mediano que realiza migraciones desde el estuario amazónico en etapa juvenil (Barthem y Goulding 1997), y que es frecuentemente reportado a lo largo del río Pachitea y el sector bajo del río Pichis.
Otros grandes bagres, importantes en las capturas artesanales de la cuenca y cuyo comportamiento migratorio es poco conocido, son Zungaro zungaro (súngaro negro o amarillo), Pseudoplatystoma punctifer (doncella) y Pseudoplatystoma tigrinum (puma súngaro). El súngaro negro, o llamado también amarillo en algunas zonas, es una especie abundante y se caracteriza por presentar la mayor distribución a lo largo de la cuenca (gradiente longitudinal), reportándose en altitudes cercanas a los 500 m en algunos afluentes mayores de los ríos Pichis y Palcazu. La doncella es el súngaro más abundante y concentra la mayor densidad poblacional en las subcuencas del Pichis y Palcazu, presentando además una distribución bastante amplia como la del súngaro negro. El puma súngaro es una especie que fácilmente es confundida con la doncella por muchos pescadores locales; sin embargo, presenta una distribución más restringida que ésta, con poblaciones que se caracterizan por hacerse más abundantes desde los sectores altos a los sectores bajos de los ríos. Ambas especies, doncella y puma súngaro, comparten las mismas preferencias por hábitat y alimento. Estudios preliminares en la cuenca sobre el comportamiento reproductivo de estos grandes migradores establecen que algunas especies estarían desovando en el canal principal del río Pachitea, en época de creciente, con una mayor ocurrencia al término de temporada, entre los meses de enero y marzo.
7 Ríos grandes, como el Pichis, Palcazu y Pachitea, se dividen en sectores bajo, medio y alto, siguiendo una distribución en gradiente longitudinal.
A diferencia del grupo anterior, los peces que realizan migraciones moderadas en la cuenca agrupan diversas familias. Un comportamiento característico del grupo es que realiza un desplazamiento ascendente, casi sincronizado, por los ríos y quebradas de la cuenca en época de vaciante al cual se le denomina local-mente como "mijano", movimiento migratorio al cual se le asigna un papel dispersivo (Barthem 2000). En este grupo destacan los Characiformes y Prochilodus nigricans (boquichico o chupadora, en otras regiones bocachico), la especie más importante por su abundancia, constancia a lo largo del ciclo estacional y amplia distribución, reportándose incluso cerca de los 800 m de altitud en algunas quebradas grandes de aguas claras. Es una especie que en la cuenca alcanza una longitud de 50 cm y a los 30 cm llega a su primera madurez gonadal. Los adultos forman cardúmenes separados por sexo previo a la etapa de desove, proceso que efectúan en el cauce principal de los ríos Pichis, Pachitea y Palcazu entre los meses de octubre y diciembre, cuando las aguas de estos ríos incrementan rápidamente su nivel. Schizodon fasciatus (lisa de 4 bandas) es otra especie abundante que alcanza los 40 cm de longitud y se distribuye sólo en los ríos principales donde difícilmente sobrepasa los 400 m de altitud. Desova también en el cauce de los ríos Pichis, Pachitea y Palcazu entre los meses de noviembre y enero. Otras especies importantes corresponden a Salminus sp. (sábalo macho o corvina) y Brycon cehapus (sábalo cola roja), peces abundantes en los sectores altos (1.000 m de altitud) y poco alterados de los ríos, en donde las aguas cristalinas con movimiento rápido suelen albergar sólo individuos adultos. Con las primeras crecientes estas dos especies se desplazan a los ríos mayores donde desovan entre los meses de octubre y noviembre. Piaractus brachypomus (paco) es una especie frecuente en la cuenca, con una distribución más restringida y estrechamente relacionada con las áreas con vegetación ribereña natural en los sectores medio y alto del río Pachitea y los sectores bajo y medio de los ríos Pichis y Palcazu y sus respectivos afluentes. Frecuentemente se registra por debajo de los 500 m de altitud.
Las especies que no necesitan migrar para completar su ciclo biológico y que además son importantes en la alimentación local son muy diversas en esta área de la Amazonia andina. En la zona baja de la cuenca, las cochas representan los principales ambientes de pesca y en ellas son abundantes los peces del grupo Perciformes como Cichla monoculus (tucunaré), Astronotus ocellatus (acarahuazú), Plagioscion squamosissimus (corvina), bujurquis, como Satanoperca jurupari, Heros severum y Cichlasoma bolivianum; y algunos Characiformes, como Hoplias malabaricus (fasaco) y Erythrinus erythrinus (shuyo). Los Siluriformes y Characiformes son los peces más abundantes y diversos en la zona media de la cuenca y comprenden docenas de especies entre carachamas, anchovetas y sardinas.
La pesca en la cuenca del río Pachitea es una de las actividades más importantes de la economía familiar, complementándose con otras actividades, como la agricultura, la ganadería, la extracción de madera y el comercio. Como en otros lugares de la Amazonia, está regida por la estacionalidad así como por factores de tipo económico, social y cultural.
Considerando criterios, como la cantidad de peces extraídos por faena, la tecnología de pesca y medios de conservación, el destino del producto y el tipo de poblador, podemos considerar que en la cuenca se desarrollan dos tipos de pesca: la pesca comercial y la pesca artesanal.
1. La pesca comercial está dirigida exclusivamente a la comercialización del pescado, siendo el destino la ciudad de Pucallpa. Esta pesca es realizada en la boca del río Pachitea por pescadores foráneos dedicados exclusivamente a la actividad, contando con tecnología apropiada como grandes redes, embarcaciones con capacidades mayores a 1 tm (tonelada métrica) y con adecuadas técnicas de conservación (hielo). Las capturas sobrepasan los 100 kg de pescado por faena.
2 La pesca artesanal es efectuada por los pobladores de la cuenca con fines de autoconsumo y puede ser dividida a la vez en:
2.1 Pesca artesanal de subsistencia. Es la más generalizada y los niveles de captura por pescador no sobrepasan los 10 kg de pescado por faena. Esta pesca es realizada por pobladores nativos y colonos, quienes utilizan artes y métodos tradicionales (flechas, barbasco, nasas, etc.), así como no tradicionales (anzuelos, tarrafas y redes).
2.2 Pesca artesanalcomercial. Es también orientada al autoconsumo, pero los pescadores suelen realizar complementariamente otras actividades para asegurar su subsistencia. El producto es comercializado en la misma zona y de haber excedentes el pescado es consumido por la familia. Las capturas por pescador pueden oscilar entre los 8 y 100 kg de pescado. Esta pesca es realizada usualmente por pobladores colonos que utilizan principalmente artes y métodos no tradicionales, así como pequeñas embarcaciones.
En la cuenca del Pachitea, pocos pobladores dejan de incluir la pesca dentro de su quehacer cotidiano. En la población nativa, la pesca puede considerarse como una actividad familiar, no restringida únicamente a los varones, ya que frecuentemente mujeres y niños también la practican y son en muchos casos considerados como excelentes pescadores. Además, en esta población la pesca suele practicarse en el ámbito familiar y comunal. En la población colona, la pesca está casi restringida a los varones adultos, principalmente jefes de familia. Sin embargo, en algunas ocasiones se observa a los niños y mujeres ayudando en las faenas.
Aproximadamente el 50% de los pescadores en la cuenca del Pachitea tiene el hábito de pescar tres o más veces a la semana, siendo las subcuencas del Palcazu y Pachitea las áreas con mayor y menor frecuencia de pesca (cuadro 3.1). No existen diferencias significativas de las frecuencias de pesca entre la población nativa y colona; sin embargo, un poblador rural usualmente pesca más días a la semana que un poblador urbano. Respecto al horario de pesca, existe una ligera preferencia por realizar la actividad en la noche, estando este horario directamente relacionado con la técnica que se utiliza para obtener pescado. En la subcuenca del Pichis, donde el uso del anzuelo, el arco y flecha y el arpón es más difundido, cerca del 75% de los pobladores pescan de día, principalmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer, mientras que en la subcuenca del Pachitea, donde la red de espera es más usada (cuadro 3.2), cerca del 60% de la población pesca en la noche. En relación con los lugares de pesca, hay una preferencia por realizar la actividad en áreas cercanas al lugar de residencia. Cerca del 50% de la población extrae pescado en áreas a menos de 15 minutos de distancia de donde residen.
En la cuenca del Pachitea no existen embarcaciones exclusivas para la actividad de pesca. Las balsas, canoas y los pequeños botes, construidos artesanalmente por los propietarios en muchos casos, se utilizan también para el transporte público
Cuadro 3.1 Frecuencia (%) de pesca en la población de la cuenca del Pachitea
Frecuencia de pesca |
Subcuenca del Pichis |
Subcuenca del Pachitea |
Subcuenca del Palcazu |
Cuenca del Pachitea |
> 4 veces/semana |
12,5 |
8,8 |
23,5 |
15,0 |
[3-4] veces/semana |
44,4 |
17,7 |
49,0 |
37,1 |
[1-2] veces/semana |
37,5 |
71,4 |
27,5 |
45,5 |
0 |
5,5 |
2,0 |
0,00 |
2,5 |
y el traslado de productos para el comercio. Las balsas y canoas, cuyas capacidades son muy variables, son impulsadas por remos en los grandes ríos, mientras que en los afluentes de las cabeceras de montaña es común el uso de "tanganas". En el caso de botes, son impulsados por motores de cola o "peque peque", así como también por motores fuera de borda de baja potencia, teniendo una capacidad promedio de 0,5 tm.
El sector bajo de la subcuenca del Pachitea (alrededores de la boca del río Pachitea) es frecuentado por embarcaciones dedicadas exclusivamente a la pesca, las cuales proceden de la ciudad de Pucallpa. Estas embarcaciones trasladan el pescado fresco o congelado a la ciudad y sus capacidades de almacenaje pueden variar entre 1 y 3 tm. Para su desplazamiento utilizan motores fuera de borda de 15 a 50 HP, así como también motores de cola de 12 y 16 HP.
Las áreas de pesca en la cuenca son bastante diversas y difieren en importancia según el recorrido de los cursos de agua en un trayecto longitudinal, así como también por la estacionalidad. En los sectores altos, cercanos a las cabeceras de montaña, las pequeñas y medianas quebradas representan los ambientes de pesca para las poblaciones indígenas. En los sectores medios y bajos, donde el caudal y el cauce se hacen mayores, las grandes quebradas, así como también los ríos medianos y principales (Pichis, Palcazu y Pachitea), son los ambientes requeridos para la pesca. Acercándose a la desembocadura del río Pachitea, las cochas y sus caños, y las extensas playas, constituyen los ambientes de pesca para la escasa población nativa y numerosa población colona.
Cuadro 3.2 Frecuencia (%) en el uso de las artes de pesca en la cuenca del Pachitea
|
Subcuencas |
|||
Artes de pesca |
Pichis |
Pachitea |
Palcazu |
Cuenca del Pachitea |
Anzuelo |
86,4 |
46,4 |
49,1 |
60,6 |
Atarraya |
34,1 |
42,5 |
85,5 |
54,0 |
Red de espera |
34,1 |
46,4 |
1,8 |
27,4 |
Red de arrastre |
15,9 |
3,3 |
3,6 |
7,6 |
Arpón |
6,8 |
2,0 |
0 |
2,9 |
Tóxicos |
2,3 |
1,3 |
0 |
1,2 |
Arco y flecha |
2,3 |
0,7 |
0 |
1,0 |
Otros |
4,6 |
0 |
0 |
1,5 |
En época de vaciante, las cochas y el canal de los ríos representan los ambientes más importantes para la pesca, y dentro de los ríos hay preferencias por utilizar las pozas, cascajales, playas, así como las uniones de los grandes afluentes. En épocas intermedias cobran importancia las desembocaduras de las quebradas y los caños de las cochas, mientras que en la época de creciente la pesca se traslada a las cochas temporales, quebradas y algunas veces al mismo río.
Los lugares más importantes para la pesca en la subcuenca del Pachitea son las cochas Charuya e Inturuya (sector bajo de la subcuenca), y los ríos Sungaroyacu (sector medio) y Yanayacu (sector alto). En la subcuenca del río Pichis los lugares de pesca son el río Azupizú y el sector bajo del río Pichis, mientras que en la subcuenca del río Palcazu son importantes los ríos Lagarto y Pescado, así como también el sector bajo del río Palcazu.
La cuenca del Pachitea tiene una tradición pesquera, practicada por los pueblos indígenas originarios: asháninkas, yaneshas, catataibos y shipiboconibos, así como también por los primeros pobladores colonos. Las artes de pesca son muy variadas y su uso y las diferencias entre ellas están en relación con el área geográfica, el régimen estacional, el poder adquisitivo, así como aspectos culturales de las poblaciones. Las principales artes de pesca utilizadas son el anzuelo, las redes de espera y arrastre y la atarraya. Las artes y los métodos más tradicionales son propios de las poblaciones nativas (arco y flecha, arpón, trampas y tóxicos naturales), y son en la actualidad muy poco usadas (cuadro 3.2).
El anzuelo es la forma de pescar más sencilla y generalizada. Lo usan niños y adultos, tanto mujeres como hombres. Es la primera herramienta en preferencias dentro de la población de la cuenca, y en la subcuenca del Pichis su uso es tan frecuente como el de atarraya y las redes juntas (cuadro 3.2). Si bien se utilizan anzuelos de todo tamaño y calidad, los de pequeño tamaño son los más difundidos. Se utilizan para pescar cunshis, palometas, sardinas y lisas, principalmente en los remansos y desembocaduras de los ríos y quebradas, cochas y tahuampas.8 Por lo general, se pesca en las últimas horas de la tarde, durante la noche y las primeras horas de la mañana, en cualquier época del año.
La atarraya es el aparejo de pesca con la segunda preferencia, debido a su eficacia, fácil manejo y bajo costo. Más del 50% de los pescadores en la cuenca la
8 Las tahuampas son áreas de bosque inundables estacionalmente.
prefieren, y en la subcuenca del Palcazu las preferencias sobrepasan el 85% (cuadro 3.2). Las atarrayas utilizadas tienen un peso que fluctúa entre 6 y 12 kg, con tamaños de 2,5 m y con una abertura de malla que oscila entre 0,5" y 2,5"; sin embargo, es más frecuente el uso de aquéllas con pesos entre 7 y 10 kg, con aberturas de malla de 0,5" para la subcuenca del Palcazu y 1" para el Pichis y el Pachitea. Estos aparejos pueden ser utilizados en variados ambientes de ríos y quebradas, durante la época de vaciante y épocas intermedias,9 principalmente cuando las aguas del río están turbias debido a las lluvias. El horario de uso en el día es variable, dependiendo de la zona, las lluvias y la habilidad del pescador.
Los pobladores de la cuenca del Pachitea en los últimos años vienen incorporando aceleradamente las grandes redes (redes de espera y arrastre) a sus actividades de pesca cotidianas, debido básicamente a que estos aparejos permiten tener una mayor captura con el menor esfuerzo empleado y la facilidad de poder utilizarlos durante todas las épocas del año. Las redes de espera o agalleras son preferidas por el 28% de la población de la cuenca, y en la subcuenca del Pachitea es utilizada por casi la mitad de los pescadores, debido principalmente a la presencia de cochas y ambientes propicios en el río para la pesca, así como también por la cercanía a la ciudad de Pucallpa donde se comercializan estos aparejos a menor costo (cuadro 3.2). Estas redes varían en tamaño, abertura de malla y tipo de hilo. En la subcuenca del Pichis es frecuente el uso de redes de tamaño mediano, con medidas entre 40 y 80 m y con una abertura de malla promedio de 2,5", mientras que en la subcuenca del Pachitea es frecuente el uso de redes grandes que sobrepasan los 100 m y con aberturas de malla de 2,5" y 7". En cuanto al tipo de hilo, las redes de multifilamento, cuyo uso era bastante frecuente hace algunos años, han sido reemplazadas paulatinamente por las redes de monofilamento, debido a que estas últimas ofrecen una mayor capturabilidad.
Las redes de arrastre o chinchorreras son aparejos poco utilizados en la cuenca por su alto costo y rápido deterioro (cuadro 3.2). Estas redes se emplean básicamente en época de vaciantes e intermedias, cuando el nivel de las aguas es bajo y se exponen las extensas playas a lo largo de los ríos. La subcuenca del Pachitea y, principalmente, la zona baja, es el área donde la red es empleada con mayor frecuencia. Estas redes se caracterizan por ser de tamaño mediano (40 y 80 m) con una abertura de malla que puede oscilar entre los 2" y 3,5".
Las artes de pesca tradicionales, como el arpón, el arco y la flecha, los tóxicos y otros más, son sólo utilizados por la población indígena; la subcuenca del Pichis es donde predominan.
9 En el área de estudio se consideran épocas intermedias abrilmayo y octubrenoviembre.
Como se mencionó anteriormente, en la cuenca del Pachitea se realizan dos tipos de pesca: la pesca comercial y la pesca artesanal. La pesca comercial es realizada por pescadores foráneos cuyo ámbito de trabajo se circunscribe al distrito de Honoria (boca del río Pachitea), mientras que la pesca artesanal es realizada fundamentalmente por las poblaciones rurales nativas y colonas.
La información proporcionada por Produce (antes, Dirección Regional de Pesquería de Ucayali) estima que de los 2.283.147 kg de pescado desembarcado en la ciudad de Pucallpa en 2001, 27.020 kg procedieron de la cuenca del Pachitea. Los mayores volúmenes de extracción se reportan entre los meses de julio y octubre (representan el 77,5% de la extracción anual), con predominancias de especies migratorias de mediano tamaño, como boquichico (Prochilodus nigricans), cunshi (Pimelodus sp.) y mota (Callophysus macropterus). El levantamiento de información en la boca del río Pachitea (comunidad Dos Unidos), entre los meses de junio y septiembre del 2005, reporta la extracción de 11.500 kg de pescado procedentes de ambientes acuáticos de la cuenca (figura 3.3), con igual predominancia de especies de tamaño mediano, incluyendo bagres y boquichicos. El resto del año, las capturas por parte de la flota comercial de Pucallpa son mínimas y están dirigidas a otras especies.
Figura 3.3 Pescador del río Pichis con un paco (Piaractus brachypomus) (Fotografía de Denis Orihuela)
Según Bayley y Petrere (1989), los niveles de extracción en pesquerías dispersas como aquella de subsistencia, pueden ser estimados confiablemente a partir del consumo medio per cápita de pescado y el número total de habitantes. Considerando que el número de habitantes en el área de estudio es de 62.222 (INEI 2005) y el consumo per cápita de pescado 120,12 g/día (ver patrones de consumo), se estima que en la cuenca del Pachitea la pesca artesanal extrae aproximadamente 2.902 tm de pescado al año.10 Respecto a los niveles de extracción a nivel de subcuencas, existen diferencias marcadas entre la producción pesquera del Pichis y Palcazu (1.149 y 1.126 tm) con la producción pesquera del Pachitea (626 tm).
Considerando el consumo per cápita de pescado, Cerdeira et al. (1997) estiman una producción pesquera de 1.114 tm/año en Lago Grande de Monte Alegre, un lago de várzea de aproximadamente 500 km2 de superficie, mientras que Bayley (1981) determina una producción (subsistencia) de 530 tm/año para el valle del Palcazu (3.400 km2). Esta diferencia significativa entre ambos sistemas acuáticos radica básicamente en que las várzeas sostienen una elevada productividad primaria (Bayley 1989) que se ve traducida en una alta producción pesquera y un alto nivel de consumo de pescado en los poblados y ciudades que circundan o están dentro de aquéllas (Bayley y Petrere 1989). Extrapolando a la cuenca las cifras obtenidas por Bayley en el Palcazu, a inicios de los ochenta, podemos establecer que la producción pesquera obtenida en la actualidad para la cuenca del Pachitea es algo menor pero coherente con aquella obtenida años atrás, diferencia que podría atribuirse al aumento de la población y, por consiguiente, la presión hacia los recursos pesqueros con el transcurrir de los años.
El consumo de varias fuentes de proteína no sólo refleja la preferencia cultural en cuanto al alimento, sino también la disponibilidad de este alimento en el medio en donde el poblador vive. En la Amazonia, el pescado constituye la principal fuente de proteína de origen animal en la alimentación diaria de la población rural y citadina, y su consumo tiene que entenderse dentro de un contexto socioeconómico específico (ingresos, educación, patrones de migración), con preferencias y hábitos culturales11 y personales, y acceso a otras fuentes de proteínas (Rushton J. et al. 2005).
En la cuenca del Pachitea, el pescado corresponde al 43% del aporte proteínico animal, lo que representa un consumo promedio por persona de 120,1 gramos de
10 No se consideran las capturas realizadas con métodos prohibidos y/o difíciles de reportar, como dinamita y productos químicos.
11 Entre la población de la cuenca del Pachitea existen adeptos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que restringe y hasta prohíbe el consumo de ciertas fuentes de proteínas.
Figura 3.4 Niveles de extracción de peces por la flota foránea en el bajo Pachitea (Honoria) 2001-2005
pescado al día. La segunda fuente proteica más importante está representada por las aves de corral con un consumo de 62,4 g al día, las carnes de monte con 44,6 g, el ganado porcino con 26,9 g y el ganado vacuno con 22,4 g. Otras fuentes proteicas menos importantes y de origen animal corresponden a los caracoles, gusanos, cangrejos y huevos (figura 3.4).
Dourojeanni (citado por Chapman 1989) ha estimado que el 62% de las proteínas animales consumidas por los pobladores de la cuenca del río Ucayali proviene del pescado. En el Pachitea, las encuestas han demostrado que el aporte proteínico diario del pescado representa 43%. Haneck (1982) y Eckman (1985) han calculado, a partir de encuestas familiares, que el consumo diario per cápita de pescado fluctúa entre 89 g en la ciudad de Pucallpa y 185 g en zonas rurales. Variados estudios en la cuenca reportan consumos diarios de pescado que fluctúan entre los 71 g y 279,5 g (cuadro 3.3).
Algunas diferencias entre poblaciones y asentamientos dentro de la cuenca del Pachitea revelan que pobladores nativos tienen un mayor consumo per cápita de pescado (140,8 g/día) que pobladores colonos (114,2 g/día) y las poblaciones rurales (123,4 g) mayor que las poblaciones urbanas (100,3 g) (figura 3.5). En la población nativa, la mitad del aporte proteínico de origen animal es proporcionada por el pescado. La carne de monte y las aves de corral son también fuentes muy importantes y complementarias, con cantidades diarias significativas (62,8 y 52,8 g respectivamente). En la población colona el pescado representa un poco más de la tercera parte del total de proteínas consumidas al día, seguido de las aves de corral (67,1 g), pero se denota en este caso un mayor equilibrio entre
Figura 3.5 Consumo diario (%) de fuentes de proteína animal en la cuenca del Pachitea
Cuadro 3.3 Consumo per cápita diario de pescado (g) en la cuenca del Pachitea
Tipo de población |
Subcuencas |
Consumo diario (g) |
Colona y nativa |
Pachitea |
279,5a |
Nativa |
Pichis |
175b |
Nativa |
Palcazu |
122c |
Colona y nativa |
Palcazu |
226,7d |
Nativa |
Pichis, Palcazu, Pachitea |
120e |
Colona |
Pichis, Palcazu, Pachitea |
71e |
Colona y nativa |
Pichis, Palcazu, Pachitea |
120,1f |
a Poblaciones en las riberas del río Pachitea (Pierret y Dourojeanni 1967). b Comunidades campas del río Pichis (Gaviria 1981). c Comunidad nativa de Shiringamazu en el valle del Palcazu (Bayley 1981). d Poblaciones de la Reserva Comunal Yanesha en el valle del Palcazu (Gonzáles 2000). e Poblaciones de la cuenca del Pachitea (McClain 2001). f Poblaciones de la cuenca del Pachitea (Presente trabajo). |
||
el consumo de otras fuentes de proteínas, como son los ganados vacuno, porcino y la carne de monte.
Crampton et al. (2004) sugieren que en la Amazonia las poblaciones rurales consumen al menos 3,2 veces más pescado que las poblaciones urbanas. En el caso del Pachitea, esta diferencia no es tan significativa entre ambas poblaciones (figura 3.5), básicamente debido a que las urbes en la cuenca son ciudades pequeñas con bastantes rasgos rurales. En cuanto al tipo de población, queda establecido que las poblaciones nativas consumen diariamente más pescado que las poblaciones colonas.
Respecto al consumo de pescado según las subcuencas, en el Pichis un poblador consume más pescado (155,9 g/día) que en el Pachitea (68,4 g/día) y el Palcazu (136,2 g/día).
Un poblador de la cuenca del Pachitea consume un promedio de 120,1 gramos de pescado, los cuales se añaden a la ingesta de otras fuentes de proteína que le garantizan los 50 gramos de proteína fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1973), cantidad mínima diaria que el organismo necesita para funcionar bien. Así, podemos decir que aparentemente la dieta en proteínas animales no es deficitaria en al área del estudio.
En la cuenca del Pachitea, todas las especies piscícolas son útiles para el consumo humano, con algunas excepciones relacionadas con creencias de orden religioso o místico de ciertos pobladores. En la cuenca del Pachitea, 54 especies de peces (de acuerdo con el nombre común o popular) son consideradas las más importantes para el consumo local. Sin embargo, en la Amazonia es frecuente asignar a un mismo término dos o más especies, incluso puede implicar distintos géneros. Según este criterio, las especies que se consumen en la cuenca sobrepasan el número de 100. Como en otras partes de la Amazonia, el boquichico o chupadora es el pez más importante en la alimentación diaria de los pobladores, con preferencias
Figura 3.6 Consumo diario (g) de pescado según el tipo de población y asentamiento
cercanas al 75%. Otras especies en orden de importancia son las carachamas, lisas, palometas y cunshis, la mayoría de ellas corresponden al grupo de especies migratorias (figura 3.6). Cerca de la desembocadura del río Pachitea, además de los peces mencionados, toman importancia en el consumo local el acarahuazú, el shuyo, el tucunaré y la corvina, peces típicos de cochas. En las zonas intermedias y altas de la cuenca, algunos peces como el súngaro, el dorado y el paco, se hacen más importantes en la alimentación diaria. Al pie de las montañas, en donde los cursos de agua son pequeños y el caudal del agua es mínimo, las anchovetas representan la fuente proteica más importante para las comunidades nativas.
De las diferentes formas de obtener pescado (pesca, compra, intercambio y regalo), la pesca es la forma más generalizada en la cuenca, y es típica de las comunidades y caseríos asentados en los ríos. Las poblaciones nativas tienen una dependencia más grande hacia esta actividad y aproximadamente 2/3 de la población obtiene el pescado para su alimentación mediante la pesca. Las grandes distancias entre los lugares de pesca y los caseríos de la carretera y los centros poblados favorecen la comercialización de pescado que generalmente los colonos obtienen en la forma salada. Dentro de las comunidades, el intercambio de dones es también una forma frecuente de procurarse de pescado, mientras que los colonos no suelen practicar este sistema.
Figura 3.7 Importancia relativa de los peces de consumo
Las técnicas de conservación de pescado son variadas a lo largo de la cuenca y difieren entre el tipo de población (colono, nativo) y el tipo de asentamiento (urbano, rural). En el área urbana buena parte de la población opta por conservar el pescado mediante la técnica del congelado, y aquellos que carecen de energía eléctrica recurren a la forma de conservación secosalado. En el área rural, la población nativa utiliza las técnicas del pescado ahumado, molido y seco-salado, esta última también es utilizada por los colonos. La sal es considerada el insumo más importante en la cuenca para la conservación del pescado, debido a su bajo costo y duración que ofrece a la carne procesada. Algunas técnicas se describen a continuación:
Pescado seco-salado o charqueado (castellano regional). El pescado es eviscerado, fileteado y lavado, para luego proceder a echarle sal. Luego se procede a deshidratar el pescado, utilizando una barbacoa alta y a fuego lento en época de creciente, mientras que en época de vaciante el pescado es expuesto al sol mediante una tarima. Muchas veces se opta por colocar el pescado cerca al fuego para que humee, y de esta manera evitar que parásitos dañen la carne. El pescado puede conservarse por un período de hasta seis meses.
Pescado ahumado. El pescado es eviscerado, lavado y envuelto con hojas de plátano o pona. Luego se procede a colocarlo encima de una barbacoa donde es cocinado a fuego muy lento, y para asegurar que esto ocurra, el pescado debe ser volteado una y otra vez. El pescado puede conservarse por algo más de un mes.
Pescado molido. El pescado es eviscerado, lavado y fileteado. Luego se procede a colocarle sal y es expuesto al sol hasta provocar su total deshidratación. El pescado deshidratado es molido en un batán hasta convertirlo en harina. Usual-mente este producto es utilizado durante la época de creciente cuando los alimentos son escasos. El pescado en esta forma puede conservarse por un período mayor a seis meses.
La salud y el bienestar de las comunidades rurales de la Amazonia peruana están estrechamente relacionados con la calidad de las aguas superficiales de su entorno y con la vitalidad de las pesquerías (McClain y Cossío 2003). Según Bayley (1981), la regla de oro para una pesquería sostenible es mantener la calidad y el abastecimiento del agua. Las pesquerías pueden recuperarse rápidamente de un mal manejo o una sobrepesca si esta regla es respetada. Esta regla implica que se tienen que conservar las zonas de cabeceras y limitar la erosión de las riberas.
No obstante, las poblaciones rurales de la cuenca del río Pachitea desarrollan actividades que destruyen los hábitat de los peces y ponen en peligro la permanencia de este recurso. En efecto, la contaminación de los cuerpos de agua, la deforestación de los bosques ribereños, las técnicas nocivas de pesca y el aumento de población son las principales causas del deterioro del ecosistema acuático y, por ende, del bienestar de las poblaciones de la cuenca. Así, los esfuerzos de manejo del agua en la cuenca del Pachitea deberían enfocarse en la protección de la calidad del agua en ríos y quebradas y la conservación de fuentes naturales de purificación del agua, como los bosques ribereños y humedales (McClain et al. 2001).
Una de las principales causas del deterioro de la calidad de agua en la cuenca del río Pachitea es la contaminación. Ésta tiene varias causas, entre las que destacan el vertimiento de residuos de las actividades petrolera, aurífera y agropecuaria, así como de desagües y basura.
En 1939, la compañía Ganso Azul descubrió, cerca a la desembocadura del río Pachitea, el primer pozo de petróleo comercial del Perú. Esta zona es ahora conocida como el Lote 31-D (yacimiento Agua Caliente) y tiene una extensión de 8.550 hectáreas ubicadas en los distritos de Nueva Honoria y Tournavista, provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco (Domus s.f.). Durante el gobierno militar de Velasco Alvarado, las instalaciones de Ganso Azul fueron nacionalizadas, pasando a ser administradas por la empresa estatal PetroPerú. En 1993, PetroPerú entregó la concesión del campo petrolífero Agua Caliente a The Maple Gas Corporation del Perú, la que al año siguiente empezó a operar en este campo. Actualmente se encuentran en Agua Caliente 17 pozos productores, de los cuales Maple obtiene cien barriles de petróleo por día, petróleo que es transportado por medio de un oleoducto de 74 kilómetros hasta la refinería que la empresa posee en Pucallpa.
Para no afectar las aguas superficiales y la fauna del yacimiento, la empresa tomó en su plan de manejo ambiental y social los siguientes compromisos: 1) la disposición final de las aguas residuales domésticas en pozas sépticas y no en cuerpos de agua; 2) el tratamiento y la reinyección de los residuos industriales; y 3) la reforestación de las zonas desprovistas de cobertura vegetal (Domus s./f.). Sin embargo, las entrevistas realizadas con la población local en el año 2001 revelaron que, a la fecha, unos desechos generados por esta actividad estaban siendo vertidos directamente a las quebradas, observándose ocasionalmente manchas de grasa en el río Pachitea.
Más recientemente, en el 2007, la empresa canadiense Petrolífera Petroleum del Perú SAC inició trabajos de exploración sísmica en el Lote 107, el cual abarca parte de la cuenca del río Pachitea. De no implementar medidas mínimas para evitar y/o mitigar los impactos ambientales y sociales de sus actividades, esta empresa se convertiría también en una amenaza para los recursos acuáticos de la zona.12
La extracción de oro aluvial es una actividad antigua en la cuenca del Pachitea. Hasta hace veinte años, los colonos del valle de Pozuzo tenían lavaderos de oro en el río Santa Cruz, y comercializaban el metal precioso en Cerro de Pasco para abastecerse de alimentos. En la actualidad, la minería aurífera en la cuenca del Pachitea se concentra en los distritos de Yuyapichis y Puerto Inca y es de dos clases: una minería informal que consiste en la extracción de oro de forma artesanal en los ríos Pachitea y Negro durante el estiaje, y una formal realizada por compañías de capital privado, como la coreana Amazon Mining Group, a la cual el Ministerio de Energía y Minas entregó en concesión 36.000 hectáreas en el río Negro en el año 2001 (distrito de Yuyapichis).
La actividad minera informal constituye una fuente de contaminación de los cuerpos de agua, ya que los residuos del mercurio y el cianuro utilizados para separar el oro de los sedimentos son vertidos directamente en los ríos y quebradas. Estos residuos son transformados por microorganismos en metilmercurio, compuesto altamente tóxico que ingresa en la red trófica, contaminando el resto de organismos acuáticos y, por ende, al ser humano al consumir el pescado. En zonas rurales y alejadas, esta práctica no tiene ningún control por parte de las autoridades locales y nacionales. Otro impacto derivado de la explotación aurífera es la remoción de arena, tierra y grava de las riberas y lechos de las quebradas, que al liberar sedimentos en las aguas alteran la composición de las comunidades acuáticas.
12 Además, una de las federaciones indígenas representada en la zona donde opera esta empresa, Feconapia (Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca y Afluentes), ha reportado que no ha sido consultada ni invitada para dar su opinión y/o coordinar trabajos en territorios que le pertenecen, como es el caso de las comunidades nativas de Santa Martha y Unipacuyacu (IBC 2007).
Figura 3.8 Extractores artesanales de oro en el río Pachitea (Fotografía de Vanesa Palacios)
Tanto en la agricultura como en la ganadería, los pobladores de la cuenca usan diversos insumos agroquímicos (insecticidas y plaguicidas en la agricultura, y herbicidas en la ganadería).13 Los agroquímicos pueden tener en la biodiversidad acuática efectos visibles, en el caso de una contaminación accidental masiva, pero también efectos crónicos más difíciles de detectar, como, por ejemplo, la disminución de la capacidad reproductiva de una especie o modificaciones en su comportamiento, fisiología, biología, histología, etc. En el caso de los peces, la sensibilidad a ciertos pesticidas depende de la especie, su fase de desarrollo (el pez es más sensible mientras está creciendo) y de sus reservas de grasa, las cuales actúan como barrera contra las moléculas químicas. Los herbicidas, en su mayoría, presentan una toxicidad baja para los peces, pero son muy destructores para la flora acuática (Declercq 2004).
Otra de las actividades agropecuarias fuente de contaminación de los ríos desde fines de los años ochenta es el cultivo de la coca y su procesamiento en pasta básica de cocaína en zonas aledañas a Ciudad Constitución. Los residuos de los tóxicos que se emplean para transformar la hoja de coca (ácido sulfúrico, cal, queroseno, etc.) son arrojados a los ríos y quebradas, produciendo daños irreversibles (Barthem et al. 1995). Como resultado de los programas de erradicación del cultivo de la coca en la década de los noventa, las autoridades gubernamentales impulsaron medidas alternativas, como el uso de controladores biológicos, el cual devino en la pérdida de la productividad de otros cultivos, como la yuca, el plátano, el maíz, el fríjol y el achiote.
13 Entre los tóxicos identificados en la cuenca, están Thiodán, Aldrín, Carburán, Lagnate, Furadán, Gromosone, Tamaron, Glifoclín, Roundup, Edonal y Tordol.
El crecimiento poblacional de los centros urbanos de la cuenca del Pachitea ha provocado un serio problema de contaminación de los cuerpos de agua, ya que los desagües y residuos sólidos son arrojados directamente a los ríos. Ninguno de los centros urbanos de la zona, a excepción de Ciudad Constitución que cuenta con un pequeño relleno sanitario, posee infraestructura de alcantarillado ni plantas de tratamiento de aguas servidas o de residuos sólidos. Asimismo, ninguno cuenta con servicios de agua potable. La población consume agua sin tratamiento alguno, obtenida directamente de los ríos, ojos naturales, aguajales y pozos artesianos. Además, en la mayoría de los casos, esta misma agua es usada para lavar ropa, bañarse y como fuente de agua para el ganado, generándose un serio problema de salud humana y ambiental.
Los bosques ubicados en las márgenes de los ríos y otros cuerpos de agua (por ejemplo, los lagos) cumplen funciones físicas, ecológicas y sociales importantes (Naiman y Décamps 1997). En ellos se desarrollan comunidades de plantas y animales únicas (McClain y Cossío 2003). Además de generar un microclima y funcionar como corredores ecológicos, son fuentes de alimento (frutos, hojas y flores constituyen una fuente de alimentación para las especies acuáticas) y hábitat de muchas especies. La vegetación protege a los peces de la exposición directa al sol. Ante la falta de ésta, el calentamiento de las aguas ocasiona la disminución del oxígeno disuelto, lo que a su vez provoca la dispersión o, en casos más dramáticos, la mortandad de los peces. La concentración de los peces bajo los árboles que crecen en las orillas facilita la pesca. Este ecosistema es también importante en la mitología local, ya que varias especies de plantas ribereñas están relacionadas con seres mitológicos que cumplen una función importante en la cultura y la identidad local.
Sin embargo, el ecosistema acuático enfrenta un proceso alarmante de deforestación de las riberas, principalmente por el desarrollo de actividades productivas, como la agricultura, la ganadería, la extracción de madera y el cultivo de la coca. La consecuencia es que, en gran parte de las riberas de la cuenca, los árboles que eran característicos de la zona, como la bobinsana, el shihuahuaco y otros, han disminuido dramáticamente. Además, el cauce de los ríos principales se ha ampliado de forma notable en los últimos años y su profundidad ha disminuido, haciendo imposible la navegación de embarcaciones de gran calado que en años pasados surcaban desde Pucallpa hasta Puerto Bermúdez. Como McClain y Cossío (2003) lo señalan, la conservación de los bosques ribereños de la Amazonia rural para la protección de la calidad del agua del río y la integridad biológica es un objetivo urgente.
Los ríos andinoamazónicos arrastran en su recorrido sedimentos que renuevan anualmente los nutrientes y elevan la productividad de los suelos aluviales. Sin embargo, en las riberas de los ríos de la cuenca del Pachitea esta franja de suelos aluviales es muy estrecha y tremendamente disputada por los pobladores, ya que es de mayor productividad. A pesar de la prohibición de realizar actividades agrícolas en esta zona denominada "faja fiscal" (50 metros desde la orilla del río), los pobladores suelen talar los árboles para cultivarla. El ejemplo más dramático se aprecia en el sector bajo de la subcuenca del Pachitea, donde el 70% de la vegetación ribereña ha sido sustituida por cultivos de plátano y papaya. En las playas que se forman durante el estiaje, la población local desarrolla una agricultura semiintensiva que incluye cultivos temporales, como fríjol, sandía, maní, maíz, arroz, etc. Estos cultivos, que generalmente no se desarrollan bien en los suelos menos fértiles de las tierras altas, son importantes en la dieta y la economía de la población local (McClain y Cossío 2003).
La actividad ganadera es otra de las principales causas de deforestación de las riberas en la cuenca del Pachitea. Para abrir sus pastizales, los ganaderos talan grandes extensiones de bosques ribereños con el objetivo de facilitar el acceso del ganado a la fuente de agua, asegurar su fácil transporte y comercialización a través del río y reducir posibles accidentes por mordedura de víboras. Si bien la actividad se realiza en todo el ámbito de la cuenca, las áreas más afectadas se encuentran en los sectores bajo y medio de la subcuenca del Palcazu y los sectores medio y alto de la subcuenca del Pachitea.
En la cuenca del Pachitea, dada la ausencia de carreteras, los ríos son utilizados como principal vía de transporte de la madera hacia los puntos de acopio. Para instalar los campamentos y abrir caminos por los cuales trasladan la madera desde el bosque hasta el río, los madereros destruyen la cobertura arbórea en muchos sectores de las riberas.
Otro problema generado por la industria maderera es que muchas carpinterías, que han sido instaladas a orillas de los ríos, vierten sus desechos (aserrín) directamente en los ambientes acuáticos. Este desecho tiene en los peces el mismo efecto que los tóxicos naturales, pues actúa como vasoconstrictor del sistema respiratorio, provocando la asfixia o huida hacia otros lugares. Además, según los pobladores locales, ciertas especies de árboles liberan toxinas (por ejemplo, la catahua Hura crepitans) al ser transportadas a través de las quebradas, provocando gran mortandad de peces.
La construcción de la Carretera Marginal (hoy Fernando Belaúnde) significó también la alteración de las riberas en algunos tramos de los ríos, con la consiguiente remoción de sedimentos que se depositaron en los cursos de agua, desmejorando su calidad. Así, por ejemplo, con la construcción del tramo Villa Rica-Puerto Bermúdez en los años setenta, se afectaron ríos como el Cacazú, Puellas y Yuncullmás. Bayley (1981) señala que los escombros y el barro productos de la construcción de la carretera sedimentaron las pozas naturales en los ríos, haciendo que varias especies de peces, como los boquichicos, ya no surcaran hacia las partes altas y que ciertas comunidades nativas de esta zona vieran su abastecimiento de pescado afectado.
Las técnicas de pesca empleadas en la cuenca incluyen técnicas tradicionales, como el anzuelo, el arco y la flecha, el arpón, los ictiotóxicos naturales, pero también técnicas más destructivas y dañinas, como la dinamita y los insumos químicos usados en las actividades agropecuarias.
El uso de plantas ictiotóxicas en la pesca es una práctica muy difundida entre la población indígena de la cuenca. Estas plantas se utilizan a lo largo del año, pero con mayor intensidad durante la vaciante y principalmente en comunidades asentadas a lo largo del río Pichis y afluentes. Las más conocidas son el barbasco (Lonchocarpus spp.) y la huaca (Clibadium surinamense).14 Si bien los efectos de estos tóxicos naturales sobre la fauna acuática no se han determinado con exactitud, algunos reinvidican su uso porque se trata de un legado ancestral. Sin embargo,
14 Los tóxicos vegetales son usados en las riberas pedregosas y pozas de los ríos de poca profundidad, en las palizadas tapando un brazo del río o quebrada, en la boca de los ríos o quebradas y en las lajas de los ríos o quebradas.
el uso de estos venenos ha cambiado pues las normas sociales que lo regulaban han desaparecido. Por eso, hoy día se hace necesario reglamentar el uso de estas plantas las cuales se emplean en exceso.
Entre los científicos naturalistas también se ha abierto una polémica sobre si es o no recomendable el uso de estos venenos en la pesca. Por un lado, algunos argumentan que si bien los ictiotóxicos vegetales no generan contaminación quí-mica en los ambientes acuáticos, su uso es devastador para cualquier población de peces (Barthem et al. 1995: 116). Otros sostienen que al ser tóxicos naturales son biodegradables (Dourojeanni 1990: 331). Asumiendo que el uso excesivo de los tóxicos vegetales en la pesca causa impactos negativos sobre la población de peces, queda pendiente determinar cuál es la frecuencia de uso límite, a partir de la cual estaría en peligro la recuperación de las poblaciones de peces.
En la cuenca del Pachitea es frecuente el uso de pesticidas en la pesca, ya que, en comparación con métodos tradicionales, proporciona una mayor captura con un menor esfuerzo. El uso de estos pesticidas, que vienen desplazando a los tóxicos vegetales, es practicado tanto por la población mestiza (incluso madereros) como por los indígenas (asháninkas y yaneshas). Si bien el uso de estos tóxicos se extiende a la cuenca, los sectores bajo y medio de la subcuenca del Pachitea son las áreas con mayores problemas. En general, estos pesticidas se usan mezclándolos con granos vegetales, como el arroz, o colocando una pequeña dosis en una masa de alimento cocinado, los cuales son arrojados en las pozas de los ríos o quebradas. Aparte de los daños a la salud humana que este uso prohibido puede ocasionar, hay también efectos nocivos para el medio ambiente y los recursos acuáticos en particular, como lo hemos señalado anteriormente.
Conocida localmente como "toropiro", la dinamita como método de pesca se empezó a difundir en los años setenta, convirtiéndose en un problema para los ambientes y especies acuáticas (González 2000; Santos et al. 1984: 51; Aparicio 1999). A pesar de que su uso está prohibido, parte del pescado fresco que se comercializa en Puerto Súngaro, Puerto Bermúdez y Codo de Pozuzo es capturado con dinamita.
El uso de la dinamita en la pesca tiene lugar a lo largo del año, pero con mayor intensidad en la época de vaciante. Durante esta época es utilizada en las pozas y palizadas de los ríos y quebradas, especialmente sobre los "mijanos" que surcan los ríos. En la creciente, la dinamita es más bien usada en las represas de las quebradas y ríos pequeños. Si bien el uso de la dinamita en la pesca es difundido, su uso no es tan frecuente debido a su alto precio (S/.15 a S/.25 el cartucho). Sin embargo, se sabe que los comuneros del Pichis han establecido alianzas con los negociantes locales para que a cambio de sus productos (por ejemplo, el achiote) les provean dinamita.
Además de ocasionar un impacto directo sobre la fauna acuática, produciendo muchas veces mortandad masiva, el impacto de las explosiones modifica los hábitat naturales de los peces como las pozas, así como también produce la erosión de las orillas de los cuerpos de agua.
Según Rivas (2000), los pobladores de la cuenca amazónica han ido incorporando, desde mediados del siglo XX, el uso de redes de nailon (tarrafa y agalleras), pues permiten una mayor captura en menor tiempo a lo largo del año. Los problemas relacionados al uso de las redes en la cuenca se deben a: 1) la utilización de redes con aberturas de malla pequeña (1,5" y 2") las cuales no guardan relación con las tallas de las poblaciones de peces que se encuentran en etapa de reproducción; 2) la sustitución de las redes de multifilamento por las de monofilamento en un período relativamente corto; 3) el uso masificado de las redes de monofilamento a lo largo de la cuenca. De no mediar un ordenamiento eficaz sobre estos aparejos en el corto plazo, podría acarrear consecuencias graves sobre las poblaciones de peces y, por consiguiente, la alimentación de las poblaciones humanas de la cuenca.
Durante el estiaje, pescadores comerciales, provenientes principalmente de la ciudad de Pucallpa, entran a las pozas del río Pachitea y las cochas que se encuentran alrededor de la desembocadura de éste en el Ucayali (distrito de Honoria) para pescar, utilizando para eso grandes redes o prácticas de pesca vedadas (pesca con dinamita). Esta pesca crea conflictos con los pobladores locales quienes consideran que el recurso pesquero de su zona debe protegerse para el consumo y la economía local. En general, las autoridades locales no pueden tomar medidas de sanción contra los pescadores foráneos que pescan en los ríos colindantes a sus poblados, porque está comprometido un comunero o la misma autoridad quien autorizó la pesca y recibe algo de pescado a cambio. Ocasionalmente ingresan también a la cuenca pescadores foráneos procedentes de lugares distantes, como La Merced, quienes pescan con dinamita en las pozas del río Pichis y el río Palcazu, llevándose cantidades considerables de pescado en camionetas frigoríficas. En los últimos años, se ha reportado en los mismos ríos la presencia ocasional de buzos, que provistos de arpones sofisticados, suelen llevarse una gran cantidad de súngaros de las pozas.
El incremento demográfico se debe en gran parte a la construcción, a partir de 1968, de la Carretera Marginal y la producción ilegal de coca. El aumento de la población y la subsequente urbanización de la cuenca del Pachitea han implicado una mayor presión sobre los recursos acuáticos, ya que incrementaron la demanda sobre el pescado y la contaminación de los ríos.
En efecto, la Carretera Marginal facilitó la migración a la zona de colonos, principalmente andinos, lo cual incrementó significativamente la población de varios poblados. Un ejemplo de ello es Puerto Súngaro que, mientras no existiera una carretera que lo conectara, era un caserío poco accesible (Frank 1994). El paso de la carretera por Puerto Súngaro, entre 1980 y 1984, produjo un aumento de la población, convirtiendo a este caserío no sólo en un punto intermedio en el transporte de ganado desde el Codo del Pozuzo hasta Pucallpa, sino también en un centro poblado mayor. Durante la construcción de la Carretera Marginal, se formaron también varios poblados a lo largo de los caminos secundarios que se construyeron desde la carretera hacia los ríos, con el objeto de sacar materiales de construcción. Éste es el caso del poblado de Cahuapanas, ubicado sobre el río Pichis.
Por otro lado, el período de apogeo de la producción ilegal de la coca en la cuenca del Pachitea (1988-1995) también alentó el crecimiento de ciertos centros urbanos, como Ciudad Constitución, Yuyapichis y Puerto Súngaro.
Nuestros estudios confirman que la cuenca del río Pachitea contiene una alta biodiversidad de peces (recientes estimaciones estiman la diversidad total de peces a cerca de 400 especies), considerada así entre las cuencas amazónicas más ricas. También encontramos una gran heterogeneidad de ambientes acuáticos, lo cual ha dado lugar a áreas de endemismo de peces en la cuenca. A pesar de las presiones y los impactos humanos, esta diversidad se mantiene todavía en condiciones relativamente saludables.
Basados en los patrones de pesca y consumo que actualmente monitoreamos, podemos afirmar que la pesca es una de las actividades más importantes para la economía familiar en la cuenca del Pachitea. Representa una actividad vital, a partir de la cual poblaciones rurales y de muy escasos recursos, especialmente indígenas, van a asegurarse de alimento de alta calidad nutritiva y bajo costo, mientras que para otras poblaciones, como las colonas, es complementaria a otras actividades productivas como la agricultura y/o la ganadería. Por eso, el pescado como fuente proteica representa casi el 50% del consumo total de carnes en el Pachitea, y más aun, este consumo satisface las necesidades diarias proteicas de un poblador promedio. Sin embargo, las presiones sobre el recurso pescado y, en general, hacia los ecosistemas acuáticos son fuertes y se han incrementado a través de los años. Estas presiones son ocasionadas por malos hábitos de pesca (uso de dinamita, insumos químicos y más recientemente redes de monofilamento), la construcción de carreteras y diversas actividades productivas que han contribuido notablemente a la disminución de las poblaciones de peces. Nuestros estudios demuestran que, a pesar de estas presiones, todavía no se evidencia un impacto grave a nivel de toda la cuenca sobre las poblaciones de peces, debido también al alto grado de resiliencia de estos recursos. Sin embargo, a nivel de microcuenca, algunas sufren presiones fuertes que han causado la merma de los recursos acuáticos locales, perjudicando la salud alimentaria de los pobladores. Esto sustenta que si la constante presión hacia los ecosistemas acuáticos se mantiene o acelera, estos impactos negativos se ampliarían a toda la cuenca. Por tanto, se requiere la puesta en marcha urgente de medidas para proteger los recursos, las que podrían incluir la implementación de reglamentos de pesca, teniendo como base regulaciones sobre los aparejos de pesca, el establecimiento de áreas de conservación de importancia biológica para algunas especies migratorias y el establecimiento de vedas para las especies que sufren mayor presión.
Otra conclusión de nuestros estudios ha sido reconocer la heterogeneidad de los recursos acuáticos a nivel espacial y temporal, así como la existencia de áreas particulares en la cuenca con características sociales y culturales propias. También encontramos que el tipo de presiones y su intensidad varían espacialmente. En estas condiciones, creemos necesario crear un modelo de zonificación a nivel de cuenca en donde se planteen alternativas para un desarrollo sostenible acorde con la realidad de cada localidad.
El conocimiento de los peces dulceacuícolas en el Perú es todavía incipiente. En los últimos años, los esfuerzos se han concentrado en conocer los patrones de diversidad en ambientes costeros y amazónicos, y en estudiar la reproducción, el crecimiento y algunos aspectos pesqueros de las especies comerciales más importantes en la Amazonia. En el primer caso, el objetivo es la creación de áreas de conservación y, en el segundo, la producción de conocimientos para ser aprovechados en el campo de la piscicultura tropical. El conocimiento integral de las comunidades de peces y la manera como se relacionan con las sociedades humanas, en cuencas andino-amazónicas, es en el Perú un tema aún poco explorado. En ese sentido, la información científica generada en la cuenca del río Pachitea es innovadora, ya que busca integrar aspectos básicos del comportamiento y la biología de las poblaciones de peces en su medio natural, con el saber tradicional del pescador que habita en la cuenca. La puesta en práctica de este conocimiento científico y tradicional sobre los peces contribuirá sustancialmente al ordenamiento pesquero de la cuenca del Pachitea, más aun, sentará las bases para iniciar otros procesos similares de ordenamiento pesquero en cuencas andinoamazónicas.
Este capítulo es una síntesis de los avances de investigación biológica y social del programa ProPachitea del Instituto del Bien Común, desde el 2001 hasta la fecha. Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de las fundaciones MacArthur y Moore y de muchos colaboradores en el campo.
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Los recursos pesqueros se han utilizado como ejemplo clásico de "la tragedia de los bienes comunes": la sobreexplotación de un recurso común como resultado de la ausencia de restricciones al acceso y el uso. Cuando, en la década de los cincuenta, los economistas de los recursos naturales reabrieron el viejo debate sobre los bienes comunes, atribuyeron al acceso abierto la causa de la creciente disminución de los recursos pesqueros marinos. Algunos autores, como Gordon (1954) y Scott (1955), asumían que, de no existir reglas con respecto al acceso y/o cantidad de la captura, los usuarios extraerían el recurso a una tasa más rápida que la de su recuperación. A pesar de la consecuente disminución en la productividad del recurso, el acceso abierto seguiría atrayendo usuarios hasta sobrepasar el número necesario para una explotación eficiente.
Sin embargo, numerosos estudios de caso demostraron posteriormente que el acceso abierto no es una característica necesaria de los bienes comunes, sino que éstos están, en mayor o menor grado, sujetos a normas que regulan quién y cómo puede aprovecharlos, normas que han sido establecidas por las poblaciones locales o por Estados en los que están insertas. Por tanto, las causas de una tragedia de los bienes comunes no deben buscarse solamente en una supuesta ausencia de derechos de propiedad, sino también en la falla de la comunidad o el Estado para manejarlos sosteniblemente. De este modo, el acceso abierto que los economistas de los recursos naturales creyeron ver como inherente a los bienes comunes, no es más que el resultado de la incapacidad del Estado o las comunidades locales para administrar de manera sostenible los recursos naturales.
En la Amazonia peruana, a pesar de que el sustento de cientos de comunidades depende del uso sostenible de las pesquerías, y que la pesca está regulada por una legislación peruana que busca su sostenibilidad, en la práctica, la situación es de sobreexplotación y agotamiento progresivo de los recursos pesqueros. En efecto, la intensificación de la actividad pesquera –como producto del crecimiento demográfico, el desarrollo de mercados locales y regionales, el aumento de la demanda y el cambio tecnológico en las artes de pesca– y la incapacidad del Estado para aplicar las normas han contribuido a la sobrepesca. A ello se ha sumado el deterioro de los hábitat acuáticos a partir de la creciente deforestación de las áreas ribereñas y la contaminación de los cursos de agua. Como resultado, la diversidad y la población de peces están disminuyendo de manera significativa, afectando la seguridad alimentaria de los pobladores ribereños, especialmente del segmento indígena, para el cual el pescado representa la principal fuente de proteínas.
¿Tiene que ver este deterioro ambiental con la pérdida de normas consuetudinarias de tenencia y manejo de las pesquerías? Este artículo presenta los resultados de un estudio sobre los patrones de uso consuetudinario de los recursos pesqueros, y de los impactos que han experimentado entre las poblaciones indígena y colona del río Neguache, en la selva central del Perú. El estudio muestra cómo factores económicos, políticos y culturales contribuyeron a la transformación de estas instituciones consuetudinarias. Específicamente, el trabajo se centra en el papel que las políticas públicas, los procesos de colonización, el crecimiento demo-gráfico, la penetración del mercado y el cambio tecnológico y cultural han jugado en la pérdida de las normas consuetudinarias que aseguraban la sostenibilidad en la pesca.
Los espacios y recursos acuáticos como abiertos a todos y libres de toda regulación, han sido, y en cierta medida siguen siendo, una idea común. Esto ha constituido un supuesto central en el análisis de las pesquerías desde el punto de vista de la "tragedia de los bienes comunes". Sin embargo, numerosos trabajos sobre las pesquerías han señalado que esta concepción no es ni universal ni natural, pues carece de soporte histórico y etnográfico (McCay 1978: 399; Acheson 1981: 280-281; Pálsson 1982). A continuación revisaré algunas de las diversas formas locales de restricción del acceso y uso de los recursos acuáticos que han sido descritas.
En áreas marinas, se han encontrado casos en que las comunidades pesqueras po-seen derechos exclusivos sobre áreas de pesca bien delimitadas y demarcadas. En otros casos, si bien el mar está legalmente definido como de acceso abierto, se han desarrollado varios medios para restringir el acceso como el ocultamiento de información, la definición de territorios y la formulación de regulaciones (Ache-son 1987; Durrenberger y Pálsson 1987a). Estos arreglos informales son considerados por los antropólogos como derechos de propiedad de facto o sistemas indígenas de propiedad, pues negar su calidad de propiedad sólo porque no son reconocidos por los estados en donde están insertos es etnocéntrico (Cordell 1978: 2, 9; Levine 1984: 97).
En el caso de aguas continentales, los estudios resaltan la coexistencia de una variedad de formas de tenencia. Así, en la llanura inundable africana los cuerpos de agua están bajo propiedad privada, propiedad común o acceso abierto, dependiendo del momento o lugar (Thomas 1996). En la región del medio Amazonas, en Brasil, el río que corre frente a una casa es más o menos de acceso abierto, la ribera es considerada propiedad individual y los lagos son de propiedad común a menos que forme parte de alguna propiedad (McGrath 2000: 177; McGrath et al. 1999: 64).
Parte de la literatura explica la existencia de diferentes formas de tenencia de los recursos naturales, a partir del balance entre los beneficios esperados y los costos de la defensa y exclusión. De acuerdo con este paradigma, los costos de la defensa están relacionados con las características del recurso, de modo que los recursos estacionarios y concentrados son de más fácil defensa (a menos costo) que los móviles y difusos y, por tanto, más susceptibles de privatización (Dyson-Hudson y Smith 1978). En la llanura inundable amazónica, por ejemplo, los regímenes de inundación determinan el régimen de tenencia, porque los cambios físicos que provocan sobre los cuerpos de agua modifican los costos y beneficios de la defensa y exclusión. Sin embargo, como veremos en este estudio, los ecosistemas de terra firme o de altura en la Amazonia, a diferencia de los de llanura de inundación, no parecen estar sujetos a estos cambios institucionales.
Pero además de los cálculos de costo-beneficio, deben tomarse en cuenta también a los beneficios sociales como factores explicativos de los diferentes regímenes de tenencia, particularmente en el caso de la propiedad común. Así, los beneficios relacionados con igualdad, sobrevivencia o reducción del riesgo son también importantes para definir el tipo de tenencia, como sucede en la llanura inundable africana, donde el acceso restringido durante el retroceso de la inundación es una medida para igualar el acceso a la pesquería en una época en que las oportunidades de pesca son escasas (Thomas 1996: 301-6). Por tanto, la tenencia debe entenderse en términos de su articulación a sistemas sociales más amplios como el mercado y el Estado, y del lugar que ocupan en éstos (Durrenberger y Pálsson 1987a: 509).
Muchos antropólogos han descrito los pueblos indígenas de la Amazonia como "guardianes" del bosque o poseedores de una ética conservacionista "innata". Desde esta perspectiva, se ha asumido que, a través del desarrollo de costumbres y otras instituciones y de un profundo conocimiento del bosque, los pueblos indígenas manejan los recursos que les dan sustento, manteniendo una relación de armonía con su entorno natural, esto es, sin agotar los animales y plantas ni causar una degradación del ambiente a largo plazo (Posey 1985; Alcorn 1989; Balée 1989). Los biólogos han criticado esta visión por haber revivido el viejo mito del "salvaje ecológicamente noble", un mito que según ellos ha perdido asidero ante el incremento de la densidad poblacional, la escasez de recursos y la creciente participación en la economía de mercado (Redford 1990).
Desde otra perspectiva, Stearman (1994a, b) propone que los patrones indígenas de uso de los recursos están determinados por estrategias de adaptación y no por una "ética conservacionista". En esta misma línea, autores como McDonald (1977) y Ross (1978) han propuesto que los tabúes indígenas sobre el consumo de ciertos animales pueden actuar como medios para regular la explotación de especies de baja densidad poblacional. Sin embargo, investigadores como Hames (1991) y Johnson (1989) han cuestionado esta hipótesis al señalar que los tabúes se rompen, especialmente cuando se tiene la oportunidad de cazar animales grandes como el tapir, o simplemente entregando la presa a individuos que no son afectados por el tabú.
Desde la ecología evolucionista, otros antropólogos han rechazado la posibilidad de que los indígenas realicen actos de conservación –entendidos éstos como las acciones que tienen la intención o por lo menos logran prevenir el agotamiento de los recursos, la extinción de las especies o la degradación de los hábitat–, por el simple hecho de que ese comportamiento implica un costo. En efecto, este enfoque sostiene que las sociedades forrajeras seleccionan la presa que maximiza los retornos económicos por unidad de tiempo invertido en el forrajeo, lo cual debilita seriamente la noción de que las poblaciones que viven en aparente armonía con sus ambientes practican necesariamente la conservación (Hames 1987, 1991; Alvard 1993, 1995; Beckerman y Valentine 1996).
Con respecto a la pesquería, hay estudios que indican que la conservación resulta más de las respuestas adaptativas a ambientes pobres en nutrientes que de una ética conservacionista (Berkes 1977; Stocks 1983; Chernela 1989). Otro conjunto de estudios sobre pesquerías artesanales enfatiza el papel de la comunidad en la conservación de los recursos pesqueros. Así, gracias a su relativo tamaño pequeño y homogeneidad, grupos de usuarios de Turquía han logrado desarrollar arreglos institucionales que les han permitido manejar sosteniblemente pesquerías costeras (Berkes 1986). En la várzea amazónica, la intensificación de la explotación pesquera, la disminución de la productividad de la pesca y los conflictos que se produjeron con la llegada de pescadores comerciales foráneos, impulsaron a muchas comunidades de ribereños a tomar el control de sus lagos y formar reservas en las cuales definieron e implementaron reglas para regular la pesca (Pinedo-Vásquez et al. 1992; McGrath et al. 1993; McGrath et al. 1999; De Castro 2000; McGrath 2000; Oliveira y Cunha 2002; Pinedo et al. 2002; Summers y Pinedo 2002).
Concuerdo con la idea de que si algunos pueblos indígenas amazónicos muestran un patrón sostenible de uso de los recursos naturales, es como consecuencia de los patrones culturales que resultan de su adaptación a las condiciones ambientales (pobreza del ecosistema) o sociales (amenaza de extractores foráneos), y no de una supuesta ideología conservacionista. Sin embargo, como mostraré en este estudio, los pueblos indígenas pueden perder, bajo ciertas condiciones, esta capacidad de adaptación y sobreusar sus recursos, aun si su subsistencia depende más bien de su uso sostenible. Las explicaciones que daré a este fenómeno se basan en el enfoque del arraigo de los bienes comunes en contextos sociales, políticos y económicos históricamente determinados. Este enfoque plantea que la explicación a la tragedia de los bienes comunes no debe buscarse en el supuesto del interés individual en un contexto de ausencia de derechos de propiedad (falla del mercado), sino más bien en el contexto histórico más amplio en donde están arraigados los bienes comunes.
De esta forma, los derechos de propiedad imperfectos (acceso abierto) son sólo una de las muchas causas de la tragedia de los bienes comunes, pudiendo existir otras que deben determinarse empíricamente (McCay y Acheson 1987; Peters 1994). McCay y Jentoft (1998) proponen que una de las causas del abuso de los bienes comunes es la falla de la comunidad, entendida ésta como la pérdida de los lazos que unen a los usuarios de los bienes comunes entre sí y con su comunidad. Estos autores enfatizan dos poderosas causas de la falla de la comunidad: el Estado y el mercado. En este estudio, me centraré en el papel que el Estado ha jugado como causa de la tragedia de los bienes comunes en una cuenca de la Amazonia peruana.
En la actualidad, todas las comunidades locales están integradas a sistemas sociopolíticos más grandes, contexto en donde el uso de recursos y los derechos de propiedad son, en algunos casos, sancionados y aplicados por el Estado y, en otros, diferentes de los del Estado u opuestos a ellos. En este último caso, ciertos derechos colectivos sobre el uso y la asignación de los recursos son informales, en el sentido de que son reclamados o ejercidos por grupos de usuarios pero no están legitimados por el Estado. Entre estos derechos, se encuentra el de controlar el comportamiento de foráneos, el cual ha sido esencial para el establecimiento de sistemas de uso y manejo de recursos, algunos de los cuales se han basado en la territorialidad (McCay y Acheson 1987).
Sin embargo, la incursión del Estado ha producido, por lo general, la pérdida de este derecho. En muchos casos, a pesar de que las comunidades de usuarios demandan –ya sea informal, ilegal o formalmente– el derecho a participar en la toma de decisiones o en el comanejo de los recursos, el Estado "posee" por definición los recursos de propiedad común y el derecho a tomar decisiones sobre ellos (McCay y Acheson 1987). Si bien el Estado tiene el papel legítimo de regular e incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, en la práctica su intervención ha significado a menudo el reemplazo de relaciones horizontales, como la cooperación entre los usuarios, por relaciones verticales y de dependencia con respecto al Estado, generando además relaciones competitivas por los privilegios que éste otorga (McCay y Jentoft 1998).
Los estudios sobre los impactos de la intervención del Estado en el manejo de las pesquerías corroboran estas afirmaciones, pues asignan abrumadoramente un papel negativo a las instituciones estatales. Crutchfield y Pontecorvo (1969), por ejemplo, sostienen que los Estados han sido a menudo ineficientes en el manejo de las pesquerías porque han pretendido controlar el nivel de captura y extracción, manteniendo al mismo tiempo el acceso abierto. Por su parte, Anderson (1987) describe cómo el gobierno de Malasia occidental, luego de usurpar a los pescadores el derecho a determinar las reglas de acceso y uso de los recursos pesqueros marinos, contribuyó a una severa sobrepesca. Anderson añade que para los gobiernos del Tercer Mundo, caracterizados por la inestabilidad política y el autoritarismo, es políticamente riesgoso reconocerles a las poblaciones locales el derecho a controlar el acceso y el uso de los recursos pesqueros.
Debido a la poca eficacia de las políticas estatales en la administración de las pesquerías modernas, algunos plantean que la privatización es a menudo mejor que la intervención estatal (Townsend y Wilson 1987). Sin embargo, una segunda perspectiva sugiere que la privatización no es necesariamente la mejor solución. Por ejemplo, Pinkerton (1987) señala que fue la capacidad local para ejercer informalmente el manejo de recursos, y no la intervención estatal, la que jugó un papel decisivo en el éxito que los nimpkish (kwakiutl) de la Columbia Británica (Canadá) tuvieron en la recuperación del salmón, cuyos stocks estaban siendo amenazados a causa de la interrupción de su proceso migratorio por pescadores foráneos. Sin embargo, como sugiere Anderson (1987), los pescadores pueden también perder el control de las pesquerías como consecuencia de sus propias decisiones, como sucedió en Malasia occidental cuando los pescadores adoptaron tecnología de pesca más eficiente.
Sin embargo, no siempre ha sido el Estado reacio a permitir la participación local en el manejo de las pesquerías. Durrenberger y Pálsson (1987b) han descrito cómo en Islandia, donde la propiedad común de las pesquerías es reconocida como central para la economía nacional, las decisiones legislativas con respecto a la pesca están enmarcadas, influenciadas y determinadas por una política de participación de las organizaciones locales (grass roots). Una similar apertura del Estado hacia la participación local en el manejo de la pesca se ha vivido en la Amazonia brasileña desde fines de la década de los ochenta. Aquí el Estado terminó reconociendo la legitimidad de los llamados "acuerdos de pesca", una institución consuetudinaria basada en el concepto local del derecho a definir el acceso y el uso de los recursos pesqueros en lagos de la várzea amazónica (McGrath et al. 1993, 1999; De Castro 2000; De Castro et al. 2002).
En la Amazonia peruana, las relaciones entre el Estado y las comunidades pesqueras han tenido más bien formas opuestas. Por un lado, una iniciativa exitosa de manejo de la pesca mediante el control del ingreso de pescadores comerciales fue desarticulada por el interés del Estado y otros agentes externos de ajustar dicha iniciativa a la legislación nacional (Pinedo et al. 2002; Summers y Pinedo 2002). Por otro lado, las autoridades estatales apoyaron a comunidades cocamillas asentadas en el interior de la Reserva Nacional Pacaya Samiria en acciones de vigilancia y monitoreo de la pesca, favoreciendo con ello una recuperación significativa de la población de algunas especies pesqueras (Tang 2002; Chávez et al. 2003).
El área de estudio está comprendida por la subcuenca del río Neguache, ubicada en las cabeceras del río Pichis. El Neguache nace en las estribaciones occidentales de la cordillera El Sira y desemboca en el río Nazarátegui, que junto con el Azupizú forma el Pichis. La cuenca del Pichis corresponde a una zona transicional entre la selva alta y la selva baja (Onern 1970: 7) y, administrativamente, se encuentra casi en su totalidad en el distrito de Puerto Bermúdez, que pertenece a la provincia de Oxapampa y al departamento de Pasco, en la selva central del Perú. El Neguache pertenece a los tributarios del Pichis por su margen derecha, zona cuya amplitud y suave pendiente ha permitido que los ríos drenen extensas cuencas y presenten un gran desarrollo (ver Figura 4.1).
El clima en la cuenca del Pichis es húmedo y cálido, presentando una estación lluviosa y temperaturas mínimas no frías. Este tipo de clima corresponde a la formación de bosque tropical húmedo. La precipitación pluvial oscila entre los 2.000 y 3.000 milímetros anuales y la temperatura promedio anual es alrededor de los 24° C. Sin embargo, la zona que se extiende desde el río Anacayali hasta las
Figura 4.1 Área de estudio
cabeceras del Pichis, zona donde está ubicada la subcuenca del Neguache, presenta un promedio anual mayor: 3.500 milímetros. Se considera que el 55% del agua de lluvias constituye un porcentaje en exceso que resulta bastante elevado y, por tanto, capaz de originar serios problemas de erosión del suelo si la cobertura vegetal que lo protege no es lo suficientemente adecuada (Onern 1970).
La población actual de la cuenca del Pichis es diversa, pues la conforman agrupaciones nativas asháninkas, colonos oriundos de la Costa y la Sierra y algunos colonos descendientes de austro-alemanes y de otros orígenes extranjeros. Los asháninkas han ocupado la cuenca del Pichis desde épocas tan tempranas como 1275-78 a. C., según lo demuestran algunos artefactos que han podido resistir el paso del tiempo y el ambiente físico del valle, como cerámica, hachas de piedra, conchas, carbón y ocasionalmente artículos de bronce (Elick 1969: 7-10).
La penetración española a la selva central fue iniciada pocas décadas después de la conquista, pero fue interrumpida durante casi un siglo luego del estallido en 1742 de la rebelión de corte mesiánico liderado por Juan Santos Atahualpa. Recientemente, en 1847, es cuando esta región fue reabierta al proceso colonizador por hacendados tarmeños vinculados a la minería de Cerro de Pasco, quienes, alentados por el incremento de la demanda de alcohol, establecieron haciendas de caña en la selva central. Paralelamente, a partir de 1849, el Estado formuló una serie de políticas y leyes de tierra y colonización que promovieron la adjudicación de grandes extensiones de tierra y un flujo importante de inmigrantes a la selva central, tanto para incrementar el número de agricultores independientes como para solucionar el problema de escasez de mano de obra de las haciendas (Chirif 1975; Santos y Barclay 1995).
Consolidada la colonización de la selva central, hacia finales del siglo XIX, el río Pichis cobró importancia nacional debido a que fue considerado por la clase gobernante como ruta de penetración a la Amazonia oriental (Iquitos) y, por ende, hacia el Atlántico, desde la Costa (Santos y Barclay 1995: 59). De esta manera, en 1890, el gobierno de Remigio Morales Bermúdez ordenó la construcción de la Vía Central del Pichis, que fue culminada en 1898, durante el gobierno de Nicolás de Piérola, año en que también se creaba por decreto el caserío de Puerto Bermúdez (Ortiz 1967). Pese a eso, las dificultades del camino y las largas distancias hacia los centros de abastecimiento y comercialización impidieron que esta vía generara mayores flujos de comunicación (Santos y Barclay 1995: 74-75).
Sin embargo, eso no fue obstáculo para que, a partir de 1887, llegaran al Pichis, procedentes de Iquitos, los primeros caucheros, remontando los tributarios del Amazonas (García Rosell 1905: 44; citado en Elick 1969). Los caucheros penetraron hasta los afluentes más apartados del Pichis para explotar la mano de obra indígena que ahí encontraron, perpetrando los mismos desmanes que el auge del caucho o shiringa (Hevea guianensis) causó entre los indígenas en otras partes de la Amazonia, sobre todo a consecuencia de la crisis del caucho que se inicia en 1912, debido a la competencia del caucho sintético producido en las colonias inglesas y holandesas del Asia (Ortiz 1967). Los abusos que estos caucheros cometieron contra los asháninkas provocaron que éstos se alzaran contra la población en 1913 (Ortiz 1967: 285; Bodley 1972: 223).
Con la crisis del caucho y el levantamiento indígena, la región del Pichis decayó (Ortiz 1967: 290). En esta época, casi toda la población de Puerto Bermúdez se dedicaba al arrieraje, trasladando en acémilas a los pasajeros que hacían la ruta Iquitos-Lima. Sin embargo, el ascenso de Leguía en 1929 y sus planes de colonización de la selva hicieron que el panorama mejorara (Ortiz 1967: 290-291). En efecto, en la década de 1930 la política de colonización de Leguía generó una fuerte migración andina hacia la selva central, la que también alcanzó al valle del Pichis, convirtiéndolo en un área efectiva de expansión colona. Nuevos colonos llegaron para sustituir la explotación del caucho por la de la madera y las pieles, así como por la agricultura, especialmente el cultivo de algodón (Santos y Barclay 1995).
Si bien la caída de Leguía significó la pérdida del entusiasmo que se había suscitado por la colonización del Pichis, la construcción por el gobierno, entre 1937 y 1938, de una pista de aterrizaje en Puerto Bermúdez y el resurgimiento de la demanda internacional del caucho con al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, atrajeron al valle a nuevos colonos para la extracción del caucho. Para satisfacer esta demanda, el gobierno creó en 1942 la Corporación Peruana del Amazonas, que en 1950 se convirtió en el Banco Agropecuario, organismos encargados de habilitar a los propietarios de concesiones y trabajadores para la explotación no sólo del caucho sino también del barbasco o cube (Lonchocarpus sp.), de cuyo principio activo (rotenona) se producían insecticidas para combatir insectos vectores de enfermedades que afectaban a las tropas aliadas. Puerto Bermúdez fue una de las zonas más abundantes en caucho del país, llegando a producir hasta 150 toneladas al año. Aprovechando esta coyuntura, varios colonos solicitaron grandes concesiones sobre áreas caucheras del valle (Ortiz 1967: 295; Cencira 1974: 57; Narby 1989: 61). En esta época, la Vía Central del Pichis fue definitivamente abandonada y algunos de los hombres que habían trabajado como arrieros en esa ruta se establecieron en el valle y empezaron a explotar caucho y madera (Elick 1969: 15).
Aparentemente pocos caucheros intentaron establecerse en las partes altas del valle, pues los árboles de caucho (Hevea y Castilla) eran más numerosos y productivos en las partes bajas (Elick 1969: 15). Uno de los pocos caucheros que se instalaron en las partes altas fue Ramón Carrión, propietario del fundo Yanahuara, ubicado en las cabeceras del Neguache. Aquí Carrión no sólo se dedicaba a la explotación del caucho, sino también a la producción de café, cacao y frutales (Ortiz 1967: 332). En esta época, parte de la demanda de mano de obra para la extracción de la shiringa era satisfecha con el enganche de asháninkas del Gran Pajonal, a través del endeudamiento con telas de colores, peines y espejos (Cencira 1974: 57-58).
Las áreas periféricas de la selva central, como la cuenca del Pichis, habían constituido zonas de refugio para aquellos indígenas de las áreas de más antigua colonización que se resistían a incorporarse a los usos y valores de la sociedad nacional. Pero, a partir de la década de 1940, las familias indígenas que migraban hacia estas zonas empezaron a hacerlo principalmente porque ya no tenían acceso a tierras en sus zonas de origen. A ello siguió una nueva ola de inmigración que afectó al Pichis a inicios de la década de 1950, época en que varios colonos compraron vastas extensiones de tierra en la forma de pequeños y grandes lotes, en donde establecieron haciendas para el cultivo de café, la crianza de ganado y la explotación de los recursos naturales (Elick 1969: 16).
En el interior del área de estudio, se han seleccionado como casos las comunidades nativas de Nuevo Nevati y Santa Isabel y las asociaciones de parceleros de Anexo Nevati, conformado por indígenas, y la de Boca Samaya, conformado por colonos andinos y costeños. La selección de estos casos se ha basado en dos criterios: el tipo de organización (comunidad nativa y asociación de parceleros) y las características étnico-culturales (asháninkas y colonos). Estos criterios me permitieron determinar el papel que los factores organizativo y étnico juegan en la forma como estas poblaciones usan los recursos pesqueros.
La comunidad de Nuevo Nevati se formó en 1978 sobre 2.833 hectáreas ubicadas en la margen izquierda del Neguache, contando hoy con una población aproximada de 420 habitantes. Nuevo Nevati fue fundada por parte de la población asentada en la antigua misión adventista de Redención Nevati, que a su vez había sido fundada en 1951 por grupos asháninkas que salieron del Perené luego de que en 1948 la Peruvian Corporation expulsara de las tierras de su concesión a los misioneros adventistas. Los expulsados se dirigieron entonces hacia las cabeceras del Pichis, en busca de nuevos territorios de caza y pesca, instalándose en la margen derecha del río Neguache, cerca de su unión con el Nazarátegui (Ortiz 1978; Narby 1989). Aquellos pobladores que prefirieron quedarse en Redención Nevati viven ahora como parceleros, pues luego de la partida de los misioneros, recibieron de éstos en donación 30 hectáreas para el levantamiento del centro poblado de Anexo Nevati y parcelas de entre 10 y 15 hectáreas para cada poblador. Anexo Nevati cuenta ahora con unos 530 pobladores.
Carrión explotó shiringa en el Neguache durante las décadas del cincuenta y el sesenta, pero debido a los bajos salarios que pagaba, muchos de los asháninkas que trabajaban para él empezaron a solicitar concesiones para explotar por sí mismos la shiringa, contratando a otros asháninkas como peones. Cuando el nuevo auge terminó, los caucheros se dedicaron a la explotación maderera y agrícola y a la crianza de ganado, convirtiéndose en grandes hacendados. Al agotarse la shiringa en el Neguache, Carrión se retiró pero los indígenas se quedaron, formando después muchas de las comunidades que allí existen. Para ello, adoptaron de los migrantes del Perené la idea de nuclearse como medio para asegurar la supervivencia. Así, los pobladores de Santa Isabel de Neguache estuvieron entre los primeros en acogerse a la Ley de Comunidades Nativas promulgada bajo el gobierno de Velasco, logrando en 1975 su reconocimiento como comunidad, la que hoy cuenta con una extensión de 1.526,11 hectáreas y una población aproximada de 250 habitantes. Muchos de los fundadores de la comunidad de Santa Isabel llegaron del Gran Pajonal para trabajar recolectando jebe en el fundo de Carrión, quien los hacía traer mediante el enganche. Uno de nuestros informantes nos manifestó que algunos llegaron también huyendo de las correrías que en esa época aún se producían en el Gran Pajonal.
Boca Samaya, por su parte, constituye un caso especial en el segmento colono del área de estudio. Se formó en 1972, como resultado de un nuevo intento colonizador que llevó a una veintena de familias a Puerto Bermúdez en busca de tierras en donde dedicarse a la agricultura y la ganadería. Este grupo de familias se estableció en unos terrenos ubicados en la margen derecha del río Neguache, a la altura de la desembocadura de la quebrada Samaya. En su mayoría campesinos, procedían de diversos lugares del país, predominando la población serrana oriunda de Cusco, Puno, Huancayo y Ayacucho, aunque también había gente nacida en Chimbote, Ica, Trujillo y Lima. La peculiaridad de estos colonos radicaba en que tenían un carácter eminentemente religioso, pues todos pertenecían a la llamada Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, y su objetivo era establecer una especie de "tierra prometida", en la que con el tiempo se reunirían todos los miembros de la Congregación que están dispersos en el país (Cencira 1974). La población actual de Boca Samaya es de unos 540 habitantes.
La actividad económica más importante entre los asháninkas es hoy la agricultura. El sistema agrícola entre los asháninkas continúa basándose en la rotación de cultivos, pero hoy a los cultivos de subsistencia se han añadido cultivos comerciales. Por el sistema rotativo utilizado, cada familia posee pequeñas chacras con cultivos en distintos estados de maduración. En algunas chacras el cultivo dominante es la yuca, acompañado de otros productos para el autoconsumo, como maíz, fríjol, maní, piña, calabaza y pituca. En otras se han plantado cultivos comerciales, como achiote, cacao, palta, naranja, mandarina y plátano. El cultivo más importante para la subsistencia es la yuca, que es también utilizado para la preparación del tradicional masato, bebida que se consume mayormente durante las festividades. Dentro de los límites de cada comunidad, las tierras pertenecen a ésta, teniendo cada familia derecho al usufructo de una extensión de tierra más o menos uniforme.
Los asháninkas del Pichis se dedican también a la ganadería, aunque en menor escala que sus vecinos yaneshas de la cuenca del Palcazu, quienes fueron involucrados en la ganadería por los colonos a través del sistema al partir. En el Pichis eso no ha ocurrido, pues la introducción de la ganadería tuvo lugar tardíamente. La participación de los asháninkas del Pichis en la ganadería se debió más a la labor de las misiones adventista o evangélica que a la acción de los colonos. Uno de los efectos de la introducción de la ganadería fue la gradual conversión de las chacras de yuca en pastizales, aunque a ello contribuyó también la estabilización de los asentamientos poblacionales.
En la medida en que constituye la principal fuente de proteína, la pesca es sin duda una actividad importante en la vida de los asháninkas. Dada la disminución de la fauna silvestre en la zona, sobre todo en las áreas más cercanas a Puerto Bermúdez como el área de estudio, la pesca se ha convertido en una actividad más importante que la caza, por el hecho de que se practica casi diariamente y el producto de la misma constituye un elemento básico de la alimentación diaria. La caza es más importante en las comunidades más alejadas, como las que se ubican en las cabeceras del río Neguache, área donde por cierto el recurso pesquero es menos abundante por constituir un hábitat menos apropiado para los peces.
Como complemento de estas actividades, los asháninkas trabajan como jornaleros para algunos colonos, principalmente para ganaderos. De los diversos sistemas de empleo de mano de obra que existen en la zona, los más frecuentes son el jornal (pago diario) y la "contrata" (pago por actividad), que son de utilización eventual de la mano de obra. Adicionalmente, un número significativo de varones adultos suele migrar temporalmente hacia las localidades de Yurinaqui, Zutziki y Chanchamayo, en el valle del Perené, durante los meses de cosecha del café. Anteriormente, debido a la falta de un mercado para cultivos comerciales en la región, el trabajo asalariado era la única fuente de dinero. Pero con la mercantilización de la agricultura a través del auge de cultivos relativamente rentables como el achiote, así como con la decadencia de la ganadería en la zona, la agricultura se ha convertido en la principal fuente de ingresos para los indígenas.
El sector colono, por su parte, proviene casi en su totalidad de la Sierra central (Tarma) y de las regiones de Chanchamayo y Oxapampa. Entre los colonos, podemos encontrar ganaderos, agricultores, comerciantes y empleados públicos, aunque la mayoría de ellos suele combinar dos o más de estas actividades. Los samayinos, en particular, se dedican principalmente a la agricultura, la ganadería, la crianza de animales menores y el comercio. La agricultura es predominantemente de tipo comercial, pues incluye cultivos como achiote, arroz, cacao y otros frutales, que actualmente tienen buen precio en el mercado, aunque también se cultivan productos como yuca, plátano y maíz, que son dedicados al auto-consumo. Ninguna de las familias fundadoras de Samaya tuvo previamente experiencias de trabajo en selva, lo que constituye una de las causas de la falta de adaptación al medio que este grupo muestra hasta el día de hoy.
El tipo de organización que han adoptado los samayinos es el cooperativo, en el cual la propiedad de la tierra es de tipo mixto, ya que existen, por un lado, parcelas de tipo familiar, las cuales son asignadas a cada familia en una extensión de 150 metros de frente por la profundidad que pueda ser trabajada y, por el otro, tierras de propiedad de la cooperativa o del grupo en general, las que son trabajadas en forma colectiva por todos los hombres hábiles del grupo. La producción de las tierras colectivas es repartida proporcionalmente entre los socios, mientras que la de las chacras familiares es de propiedad de cada familia, pero el trabajo suele realizarse a través del sistema de minga. A diferencia de otros grupos campesinos de origen andino, este espíritu de ayuda mutua ha tenido su base en las creencias religiosas que los samayinos comparten y no en relaciones parentales ni en una prolongada interacción previa.
Conocidos como "cunshis", por la característica barba que la mayoría de ellos se deja crecer y que según los asháninkas los asemeja al pez del mismo nombre, los pobladores de Boca Samaya son los comerciantes intermediarios del río Neguache. Cada jueves y viernes siete botes samayinos surcan el Neguache, recorriendo los caseríos ubicados en sus riberas para comprar productos agrícolas y forestales y vender productos manufacturados como pescado en conservas, fideos, azúcar, bebidas gaseosas, etc., así como intercambiar ambos tipos de productos con comuneros y parceleros. Los samayinos son los que compran el achiote y otros productos comerciales a precios bajos para venderlos en Puerto Bermúdez. Asimismo, prestan el servicio de flete a aquellos que prefieren enviar sus productos a Puerto Bermúdez. Si bien los miembros fundadores de Boca Samaya eran, por lo general, personas de baja condición económica, la agricultura comercial y el comercio los han llevado a diferenciarse del resto de la población del valle del Neguache como la de mayor dinamismo comercial y mejor condición económica.
La ganadería es sin duda una de las principales actividades de los colonos del Pichis. La mayoría son pequeños y medianos ganaderos con propiedades que no superan las 100 hectáreas, muchos de los cuales desempeñan actividades adicionales, como la agricultura de subsistencia, la extracción de madera y jebe y la venta eventual de su fuerza de trabajo. Algunos ganaderos suelen utilizar mano de obra eventual de nativos y colonos pobres. Casi en su totalidad son ocupantes precarios, ya que sólo un sector reducido posee títulos de propiedad.
En décadas pasadas, existían en el Pichis fundos ganaderos que se encontraban entre los mejores de la región. Estos fundos, que alcanzaban las 300 hectáreas, eran operados en su totalidad por extranjeros, mayormente de nacionalidad norteamericana, como Paul Horn del rancho King y Larry Reich del fundo Ramis, este último en la confluencia de los ríos Azupizú y Nazarátegui. El fundo Ramis, por ejemplo, contaba con animales de raza cebú (tipo brahman), gyr y brown-swiss, traídos de las granjas de San Jorge y Tournavista de Pucallpa y del Tulu-mayo de Tingo María (Cencira 1974). Sin embargo, la violencia política que azotó la región en la década de los ochenta contribuyó al decaimiento de estos fundos. Hoy la casa-hacienda del fundo Ramis, deshabitada desde su traspaso a un conocido banco limeño, deja ver aún el boato con el que vivían sus antiguos propietarios.
La pesca es, entre la población colona, una actividad muy reducida. Aunque algunos poseen redes y tarrafas, los colonos consideran la pesca como una costumbre propia de los nativos. Hay una tendencia entre ellos a considerar la pesca no como una actividad económica, sino como un pasatiempo. Al respecto, un colono nos dijo que "sólo los que no tienen ocupación alguna pierden su tiempo en la pesca".
Hoy el distrito de Puerto Bermúdez cuenta con una población aproximada de 22 mil habitantes. La población indígena sigue siendo mayoritaria y en su mayor parte organizada en 108 comunidades nativas. La navegación aérea entre San Ramón y Puerto Bermúdez quedó suspendida desde la terminación de la Carretera Marginal en 1985, vía que desde entonces atrajo al valle nuevos contingentes migratorios y dio un impulso importante a la agricultura y la ganadería comercial, así como a la explotación forestal. Sin embargo, las copiosas lluvias que caracterizan la estación invernal y el abandono por parte de las autoridades han convertido la carretera en una vía prácticamente intransitable, encareciendo el flete de productos cuya venta aporta, para la mayoría, magros ingresos que permiten satisfacer sólo ciertas necesidades básicas. En este contexto, la población de las partes bajas del Neguache, diversa en términos culturales y económicos, debe talar anualmente decenas de hectáreas de bosque ribereño para sembrar cultivos comerciales o pastizales, afectando el hábitat de muchas especies acuáticas. Pero, por otro lado, los asháninkas, que no logran asegurar su sustento a través de la agricultura comercial, deben volver una y otra vez al río y sus quebradas en busca de un recurso pesquero que, explotado ahora con tecnología más eficiente, les es cada vez más esquivo.
Las áreas ribereñas de la cuenca del Pichis, en comparación con las interfluviales, presentan condiciones apropiadas para la práctica de la pesca. En el área de estudio, la pesca se lleva a cabo en el sistema del río Neguache y las numerosas quebradas que desembocan en él. Muchas especies, como la carachama (Aphanotorulus unicolor), la anchoveta (Knodus breviceps), el fasaco (Hoplias malabaricus), el bujurqui (Tahuantinsuyoa chipi), la mojarra (Astyanax bimaculatus) y la añashúa (Crenicichla semicincta), son sedentarias y constituyen una fuente permanente de alimento. Pero la población local saca provecho también de la abundancia de peces que se produce con la presencia de especies migratorias que en grandes cardúmenes, conocidos localmente como mijano, surcan anualmente, procedentes del río Ucayali, hasta las cabeceras del Pichis y sus afluentes para desovar. Estos cardúmenes migratorios incluyen especies como el boquichico (Prochilodus nigricans), el zúngaro (Zungaro zungaro), el sábalo (Brycon erythropterum), la corvina (Salminus affinis), la doncella (Pseudoplatystona fasciatum), la lisa (Schizodon fasciatus), el paco (Piaractus brachypomus) y la palometa (Mylossoma duriventres).
En el área de estudio, la pesca es una actividad desarrollada principalmente por la población asháninka, para la cual el pescado es la principal fuente de proteína animal. Sin embargo, los asháninkas no se han caracterizado históricamente como un pueblo propiamente pescador, sino más bien como uno cuya economía se basaba en la combinación de una diversidad de actividades productivas, una de las cuales, y no necesariamente la más importante, era la pesca. El incremento de la importancia de la pesca fue resultado de la articulación de su economía de subsistencia a una economía mercantil más amplia, lo cual, aunado a la disminución de la fauna, les impidió dedicar el tiempo necesario para la provisión de bienes de subsistencia a través de la caza y la recolección (Chevalier 1982: 204). A medida que las actividades de caza y recolección se fueron reduciendo considerablemente, la pesca fue cobrando mayor importancia como fuente de proteína para la mayoría de las comunidades asháninkas del Pichis (Bodley 1970: 137-66).
La pesca es una actividad casi permanente, pero su mayor intensidad tiene lugar durante los meses de vaciante o verano, que es cuando su productividad aumenta. En esta época, la pesca se lleva a cabo mayormente en el río y en algunas partes de las quebradas, tales como las pozas. Durante la vaciante, la pesca se ve facilitada por la mayor concentración y visibilidad de los peces que resultan del bajo caudal de los cursos de agua y los pocos sedimentos que arrastran. Además, en la vaciante se lleva a cabo la pesca del mijano, que llega a la cuenca del Neguache aproximadamente entre junio y agosto. La especie de mayor consumo es justamente un pez migratorio, el boquichico (o chupadora, como se le conoce en la selva central), cuya importancia para el sustento es tal que en la lengua asháninka el término shima designa tanto al boquichico como a los peces en su conjunto. Durante la creciente, las áreas de pesca preferidas son las quebradas que son represadas por el incremento del caudal del río Neguache. En esta época, la pesca en el río es mínima, ya que el agua turbia y torrentosa dificulta la visibilidad de los peces y el uso de piscicidas y redes. Hay ciertas especies que se pescan en vaciante como el boquichico, la carachama y la lisa de piedra (Leporellus vittatus), mientras que otras como el sábalo, la corvina, la palometa, la doncella y el zúngaro se pescan en creciente.
Los instrumentos y técnicas de pesca incluyen anzuelo, arco y flecha, arpón, trampas, redes, venenos naturales y dinamita, pero el uso de uno u otro varía de acuerdo con la época y lugar en donde se realiza la pesca y las especies que se quieren pescar. La pesca suele ser una actividad mayormente individual o de la familia nuclear, salvo la que se realiza con venenos naturales, que por su exigencia de trabajo involucra mayormente a la familia extensa o a la comunidad en su conjunto. De ahí que la pesca, en todas sus modalidades, suela involucrar a hombres, mujeres y niños.
El anzuelo usado es mayormente de un tipo hecho de acero que se obtiene en el mercado, al cual se le adhiere hilo de nailon. Una variante de este instrumento es la barandilla, que consiste en un palo delgado al que se le ha atado hilo de nailon en uno de sus extremos, a manera de una caña de pescar. En el pasado, estos instrumentos eran fabricados con materiales locales como la espina de la uña de gato o la madera de chonta (Iriartea deltoide), en el caso del anzuelo, y el cabello humano y la fibra de la corteza del plátano o el cetico (Cecropia polystachya), en el del cordel. Tanto el anzuelo como la barandilla son técnicas utilizadas para pescar especies pequeñas como lisas, anchovetas, sábalos, mojarras, bujurquis, añashúas y cunshis (Pimelodus blochii). Ambos instrumentos son usados sobre todo por mujeres y niños y en cualquier sitio y época del año, pero principalmente en las pozas de las quebradas durante la vaciante.
El arco y la flecha son similares a los que se emplean en la caza, pero la flecha usada en la pesca es más larga. La varilla de la flecha es confeccionada del cogollo de la caña brava (Gynerium sagittatum), mientras que la punta es hecha de clavos de metal o alambre grueso y, en menor medida, de la madera del pijuayo (Bactris gasipaes) o la chonta, como se hacía tradicionalmente. La madera del pijuayo, que se caracteriza por ser muy dura pero flexible, es utilizada también para elaborar el arco. El arpón, por su parte, que es una flecha más larga y pesada, suele confeccionarse con la madera del árbol conocido como pintana (de la familia de las Annoanaceae). El arco y la flecha son utilizados tanto en vaciante como en creciente y generalmente para pescar palometas. En creciente se los utiliza en las represas que se forman en las quebradas y en vaciante en el río.
La pesca con veneno se realiza mayormente con el que se obtiene de la raíz triturada del barbasco o cube. Esta técnica se utiliza tanto en el río como en las quebradas, incluso en las más pequeñas, siempre que haya peces. En el río se suelen "barbasquear" las palizadas, que es donde los peces suelen guarecerse. El barbasco, o kuniyapi o koñapi en asháninka, es usado principalmente en la vaciante, época en que la mayor transparencia del agua facilita la ubicación de los peces. La técnica más simple de pesca con barbasco consiste en verter, corriente arriba, el jugo de la raíz del barbasco en un brazo del río o quebrada, a la vez que se realizan actos propiciatorios como conjuros o canciones mágicas que tienen como propósito asegurar la eficacia del veneno. Éste se esparce luego corriente abajo con una coloración blancuzca y en el camino paraliza a la mayoría de los peces pequeños y medianos, además de otros animales acuáticos como cangrejos y crustáceos. Éstos salen entonces a la superficie para luego avanzar flotando aguas abajo, donde son capturados por mujeres y niños y colocados en cestos hechos con la fibra vegetal llamada tamshi. El barbasco provoca un cambio químico en el agua que elimina temporalmente el oxígeno en ella, paralizando los órganos respiratorios de los peces y aturdiéndolos. Con el barbasco se pescan especies como la carachama y otras menores como la anchoveta y el cunshi.
Esta técnica tiene una serie de variantes que hacen uso de medios adicionales al barbasco. Una de ellas consiste en colocar una estera de caña brava en la boca de una quebrada, la cual tiene como propósito evitar que los peces salgan hacia el río, al tiempo que se vierte el barbasco aguas arriba. Otra consiste en represar un brazo del río mediante la construcción, en la toma de éste, de un embalse con muros de piedra (que van acompañados a veces de un muro de troncos) que tienen como finalidad disminuir la corriente y, con ello, controlar la dispersión del ictiotóxico o evitar la salida de los peces. Adicionalmente, se puede construir otro embalse corriente abajo para retener los peces paralizados que llegan flotando. En ocasiones se construye también, en conexión con el embalse, una gran trampa horizontal de caña brava llamada shimperi o una nasa cónica llamada tsiyanarentsi, a la manera de un gran colador, que sirven para recoger los peces anestesiados.
En años anteriores, la pesca con barbasco era una actividad que solía involucrar a todos los miembros de la comunidad e incluso a los de varias comunidades. En el primer caso, la decisión para realizar este tipo de pesca era tomada en asamblea, donde además se fijaba la fecha y se identificaban aquellas familias que contaban con barbasco. En el segundo, la iniciativa partía de una comunidad y ésta proponía la idea a otras a través de oficios, invitándose incluso a colonos. En ocasiones, se invitaba también a residentes del vecino río Nazarátegui, cuyos pobladores retribuían el gesto con una invitación similar. Estas faenas de pesca tenían lugar mayormente en el río, donde se requería el uso de una mayor cantidad de mano de obra y barbasco.1 Algunos comuneros podían llegar a tener sembrado hasta una hectárea y media de barbasco, por lo que era a éstos a quienes se les solicitaba la planta con motivo de una pesca. Luego que el barbasco era vertido en el río, el pescado bajaba flotando río abajo, siendo recogido por los moradores ribereños que previamente habían sido advertidos.
La pesca con barbasco tenía una gran importancia como ritual público y espacio social en el que se compartía un recurso común como el pesquero, a la vez que se reforzaban los lazos y la identidad comunales. Por eso, se elegían para este tipo de pesca fechas festivas como las fiestas patrias, el Día del Campesino o el Día de la Madre. En ella, parte del pescado capturado era consumido en verdaderos banquetes organizados en el lugar mismo de la pesca, mientras que el resto era llevado a la casa para su consumo posterior. Mujeres, hombres y niños participaban de manera conjunta, lo que convertía a la pesca con barbasco en un acontecimiento social significativo.
Sin embargo, hoy día la pesca con barbasco es una actividad principalmente familiar. Este cambio se ha debido a la disminución de la producción del barbasco en el valle, lo que hace difícil conseguir las grandes cantidades del piscicida que se necesitan para las faenas comunales de pesca. Como hemos ya mencionado, durante la Segunda Guerra Mundial el Estado incentivó el cultivo del barbasco en la Amazonia para la elaboración de insecticidas, pero con el aumento de la actividad ganadera en el valle del Pichis, el uso del barbasco empezó a suscitar la oposición de los criadores de ganado, quienes desde entonces argumentan que
1 Se me habló de hasta 60 kilogramos por pesca.
el agua mezclada con el tóxico perjudica a sus animales. De esta manera, la pesca con barbasco en las zonas ganaderas empezó a generar conflictos con los propietarios de ganado, razón por la cual muchos dejaron de sembrar la planta, a la vez que esa técnica fue focalizándose en las pocas zonas donde podía ser usada libremente, sobre todo en quebradas donde la pesca es llevada a cabo por una o dos familias a la vez.
Por eso, hoy día no es muy fácil conseguir barbasco para la pesca. Aquel que desea pescar con barbasco y no cuenta con la planta, debe disponer de dinero para comprarlo o entrar en arreglos con los pocos individuos que aún siembran, entregando a éste parte de la pesca2. Así, cuando una persona descubre que hay peces en una quebrada, cierra la desembocadura con esteras o una malla y luego busca a quien tiene barbasco para invitarlo a pescar en conjunto y dividirse la captura a medias. En ocasiones, la quebrada elegida puede estar ubicada en la parcela de un colono, a quien se le debe pedir permiso para realizar la pesca y entregársele parte de la captura. De modo que el socio de la pesca puede ser un pariente, un vecino e incluso un parcelero colono. Por otro lado, algunos de nuestros informantes sostienen la idea de que, ante la disminución de los stocks pesqueros, la pesca grande con barbasco se ha vuelto poco productiva, de manera que ahora esta técnica de pesca involucra mayormente a una familia o en el mejor de los casos a una familia extensa.
La pesca con dinamita (o toropiro como se le conoce localmente) es una práctica introducida por los primeros colonos llegados a la selva central. Aunque actualmente está prohibida por la ley, esta técnica se ha propagado en el área de estudio y otras partes de la cuenca del Pichis, sobre todo con la disminución del uso del barbasco. Su uso generalizado se debe a que permite capturar una mayor cantidad de pescado con el menor esfuerzo y tiempo posible. Dado su alto costo (S/.18 a S/.20 por cada cartucho, del cual se pueden hacer hasta dos tiros), es necesario tener la seguridad de que hay peces antes de que valga la pena lanzar un cartucho. Algunos refieren que a veces la explosión logra matar sólo a unos cuantos peces, lo que se considera una gran pérdida de dinero, por lo que prefieren no usar esta técnica. A eso debemos añadir los no pocos testimonios sobre personas que han perdido una mano e incluso el brazo entero al manipular el explosivo.
La dinamita es usada tanto en el río como en las quebradas y mayormente durante la vaciante, que es cuando las aguas son más claras. La época de vaciante es también cuando la familia dispone de dinero para comprar la dinamita, lo cual
2 En 2007, una mata de barbasco costaba S/.1,00.
ocurre normalmente cuando se han cosechado el achiote y otros productos comerciales y se puede venderlos directamente en Puerto Bermúdez o a los inter-mediarios. En la cuenca del Pichis existe un mercado negro de la dinamita que, originándose, según nos informaron, en una mina ubicada en La Merced, la hace disponible tanto en Puerto Bermúdez como a través de los boteros samayinos que la venden a los productores o la intercambian por achiote. Además, la cosecha de achiote y la disponibilidad de dinero coinciden con la época de mayor abundancia de peces debido a la llegada del mijano, lo cual hace más eficiente el uso de la dinamita en esta época.
La pesca con redes incluye el uso de la tarrafa o atarraya, así como el de redes más grandes llamadas tramperas y rastreras. La tarrafa es uno de los aparejos de pesca más difundidos entre los asháninkas. Ella consiste en una red circular hecha de fibra de nailon que se lanza desde la orilla del río o quebrada. Si bien la tarrafa puede ser adquirida en el mercado, muchos indígenas prefieren confeccionar la suya, aunque para ello utilizan hilo de nailon y plomo que adquieren en el mercado. Según Rojas Zolezzi (1994: 204), las redes de nailon reemplazaron las redes tradicionales que se hacían de algodón. La tarrafa es usada principalmente en el río y en cualquier época del año, incluso en plena lluvia. Con ella se pescan el boquichico y otras especies, dependiendo del tamaño de la malla.
Menos difundidas que la tarrafa, las redes grandes son los últimos aparejos de pesca en incorporarse al acervo pesquero en la cuenca del Pichis, pues fueron adoptadas en la década de 1990. La red trampera es la más común de ellas y sólo puede ser adquirida a través del mercado y a precios que normalmente están fuera del alcance de los indígenas, lo que explica que sean los colonos los que mayor-mente las poseen. Esta red se usa principalmente en las pozas y durante la vaciante, ya que en creciente la fuerte corriente dificulta su uso, aunque en creciente puede ser utilizada para cerrar la boca de una quebrada que ha sido represada y capturar los peces que han ingresado. Normalmente, la red trampera se deja colocada durante la noche y se retira temprano por la mañana junto con los peces que han quedado atrapados, principalmente boquichicos y carachamas. La red rastrera o arrastradora, por su parte, se usa durante la vaciante y en las pozas de los ríos y quebradas. Como su nombre lo indica, esta red arrastra los peces a medida que se la va halando desde un bote.
Las grandes redes (principalmente arrastradoras) son también el principal aparejo usado por pescadores foráneos comerciales que llegan hasta el río Neguache, conocidos por eso como "rederos". éstos vienen de Puerto Bermúdez, en donde han formado una asociación, y, en menor medida, desde lugares más alejados como Pichanaki, La Merced y Pucallpa. Los rederos pescan, utilizando algunos de ellos cámaras de llanta como embarcaciones, tanto en el río Pichis como en sus afluentes, incluso en áreas que están bajo la influencia de comunidades. Su afluencia es mayor durante la vaciante, época en que concentran sus actividades en los ríos, mientras que durante la creciente pueden presentarse para aprovechar las represas que se forman en las quebradas. Los pobladores locales manifiestan que los rederos no sólo usan grandes redes para pescar, sino también dinamita y tóxicos químicos como el Thiodán y el Lagnate, que son pesticidas usados en la actividad agropecuaria. Debido a la disminución de los stocks de peces y al consecuente escaso rendimiento del esfuerzo de pesca en el valle, la presencia de los rederos es cada vez menor.
Según nuestros entrevistados, la pesca con agroquímicos fue introducida por los madereros foráneos, quienes usaban esta técnica para abastecerse de alimentos durante sus incursiones al bosque para extraer madera. Los pobladores locales, sobre todo colonos, la copiaron a medida que el uso de pesticidas se difundió en la cuenca con la intensificación de la actividad agropecuaria, que a su vez había sido resultado de la construcción de la carretera y la introducción de programas de incentivo a la agricultura comercial y la ganadería. Por lo general, esta técnica consiste en mezclar el tóxico con bolas de yuca o arroz, las cuales son luego arrojadas en aquellas partes del río o quebrada donde se han visto peces en cantidad.
Sin embargo, debido a los escasos márgenes de ganancia de los cultivos comerciales y de la ganadería en el valle, sobre todo por los altos costos de comercialización (Narby 1986), el uso de insumos químicos en la actividad agropecuaria es aún relativamente bajo, por lo que su uso en la pesca no se ha difundido en una magnitud similar a la de la dinamita. No obstante eso, conocemos del caso de un poblador de Boca Samaya que, a mediados de la década del noventa, vertió grandes cantidades de Thiodán en la quebrada Samaya, produciendo una matanza de peces cuyo recuerdo aún perdura en la memoria de la gente. Según los pobladores locales, esta quebrada nunca pudo recuperarse de aquel desastre.
En el área de estudio, el producto de la pesca es destinado al autoconsumo, aunque el excedente puede ser regalado, comercializado o conservado para su consumo futuro. Cuando es regalado, el pescado se distribuye entre parientes que viven cerca de la casa, vecinos o los que llegan de visita. En algunos casos, se regala no por iniciativa propia sino a petición de un pariente o vecino. La posibilidad de contar con un excedente de la pesca depende de la técnica que se utiliza, de modo que técnicas como la pesca con anzuelo o flecha difícilmente dejan un excedente para cumplir con la obligación de regalar.
La venta de pescado ocurre generalmente cuando hay necesidad de contar con dinero para la compra de productos de primera necesidad o durante el inicio de las clases escolares, que es cuando el dinero se hace necesario para comprar los útiles escolares. El pescado es vendido tanto en la misma comunidad como en Puerto Bermúdez. En Nevati, por ejemplo, el pescado es comprado por dos pobladores que poseen tiendas, quienes luego lo revenden o "charquean" (salado y seco) para su propio consumo posterior. Sólo se venden las especies medianas (chupadora, lisa, palometa, carachama, etc.) y grandes (zúngaro, doncella, corvina, paco, etc.). En Nevati se pagan S/.4,00 por el kilogramo de pescado, aunque se nos informó que había una tarifa de S/.3,00 acordada comunalmente. En Puerto Bermúdez, el kilogramo de las especies medianas cuesta S/.8,00, mientras que el de las grandes alcanza los S/.9,00. Los rederos, por su parte, comercializan el pescado que capturan en Puerto Bermúdez o fuera de la cuenca, según de donde provengan.
Según la legislación peruana, los recursos naturales son patrimonio de la nación.3 La población local, especialmente la que está organizada en comunidades campesinas y nativas, puede hacer uso de los recursos naturales de libre acceso que se encuentran en el entorno adyacente a sus tierras para satisfacer sus necesidades de subsistencia y usos rituales.4 Con respecto a los recursos hídricos, la ley estipula que las aguas, ya sean marítimas, terrestres y atmosféricas, son de propiedad del Estado, no existiendo propiedad privada ni derechos adquiridos sobre ellas.5 Asimismo, la ley establece que los recursos hidrobiológicos existentes en las aguas jurisdiccionales son propiedad del Estado. El aprovechamiento de estos recursos requiere del Estado el otorgamiento de derechos temporales a través de concesiones, autorizaciones, permisos de pesca y licencias.6 Sin embargo, las personas naturales que realicen pesca de subsistencia, es decir, la que está orientada al consumo doméstico o trueque, tienen acceso libre a los recursos hidrobiológicos y, por tanto, están exceptuadas de permiso de pesca.7 Además, las comunidades
3 Constitución Política del Perú, art. 66; Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley 26821, art. 4
4 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley 26821, art. 17. Esta ley define como recursos de libre acceso a aquellos sobre los que el Estado no ha otorgado previamente derechos exclusivos a terceros o ha declarado como reserva para sí.
5 Ley General de Aguas, Decreto Ley 17752, art. 1.
6 Ley General de Pesca, Decreto Ley 25977, arts. 2, 43.
7 Reglamento de la Ley General de Pesca, Decreto Supremo 012-2001-PE, art. 29; Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonia Peruana, Resolución Ministerial 147-2001-PE, art. 6.4.
Figura 4.2 Tenencia consuetudinaria de las áreas de pesca en el río Neguache
que habitan en las riberas de lagunas y lagos tienen derecho de acceso preferencial a la explotación de recursos hidrobiológicos para fines de subsistencia.8
Sin embargo, al margen de este marco legal, en el área de estudio existen algunas normas consuetudinarias con respecto a la tenencia de los cursos de agua que se usan para la pesca, normas que no se ajustan a la normatividad jurídica. Considero que este tipo de tenencia es consuetudinario porque se basa en normas que tienen su origen en la costumbre local y no en las leyes nacionales, que son poco conocidas por la población local. Estas normas definen tres diferentes formas de acceso a las áreas de pesca: acceso comunitario, acceso individual y acceso abierto (ver figura 4.2).
Las áreas de pesca con acceso comunitario corresponden a las quebradas que se encuentran dentro de los territorios de las comunidades, a las cuales tienen acceso sólo los miembros de éstas. A pesar de que las quebradas ubicadas dentro de las dos comunidades estudiadas no son frecuentadas por miembros de otras comunidades, pues son pequeñas y no revisten mayor importancia para la pesca,
8 Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonia Peruana, Resolución Ministerial 147-2001-PE, art. 6.5.
principalmente para la que se realiza con barbasco, los comuneros consideran que deben excluir de ellas a los foráneos. Este propósito de exclusión es más notorio cuando se trata de la fauna terrestre, que los comuneros cuidan celosamente de los foráneos, incluyendo los que provienen de las comunidades vecinas. Sabemos que con la creación de las comunidades nativas, el ámbito de lo que los asháninkas del Pichis consideraban su territorio se redujo a aquel que quedó limitado a los linderos comunales reconocidos o titulados, difundiéndose la idea de que los comuneros eran copropietarios sólo de las tierras ubicadas dentro de los linderos de sus propias comunidades. Así, los asháninkas del Neguache suelen decir que no pueden cazar o pescar en el territorio de otras comunidades, salvo que sea de manera subrepticia o que obtengan el permiso para hacerlo. Mi impresión es que esta norma recientemente se volvió efectiva a partir de la disminución de la fauna silvestre y del consiguiente aumento de la competencia por su consumo.
En el interior de las comunidades, el acceso a las quebradas es más bien familiar. Esto se debe a que estas quebradas se encuentran dentro de ámbitos territoriales sujetos al control de familias extensas. En efecto, dentro de los territorios comunales existen, además del asentamiento central, otros asentamientos menores y más alejados donde se han asentado grupos de corresidentes emparentados por relaciones de consanguinidad y afinidad, a los cuales se les reconocen consuetudinariamente sus propios territorios, cuyos límites están señalados por quebradas o segmentos de bosque (Rojas Zolezzi 1994). Tradicionalmente, estos grupos residenciales gozaban de gran autonomía, lo que incluía la demanda de un uso exclusivo de los recursos en el interior de "su territorio".
La comunidad nativa trajo consigo la figura legal y la ideología de la "propiedad comunal", la cual consiste en un área sobre la que, tanto parcial o totalmente, ningún comunero o familia puede reclamar derechos exclusivos. Sin embargo, el nuevo ordenamiento espacial que se implantó con la comunidad nativa respetó en buena medida los territorios de los antiguos grupos residenciales. De esta manera, cada familia extensa reclama hoy derechos sobre las quebradas incluidas en los territorios que controlan. Ya que en muchos casos estos asentamientos se encuentran alejados el uno del otro, el uso familiar de las quebradas se explica también por razones de distancia, de modo que cada familia pesca en las quebradas y segmentos del río más cercanos a sus asentamientos o en sitios por los cuales tienen mayor preferencia.9 Estas normas no están, sin embargo, exentas de excep
9 Uno de mis informantes me dijo que él prefería pescar en una parte del río donde acostumbra arrojar desperdicios orgánicos (cáscara de plátano o yuca), que por constituir alimento para los peces atrae a varias especies.
ciones, como la que tiene lugar cuando las áreas de pesca familiar se comparten con familias de la misma comunidad con las cuales se tienen vínculos de parentesco o afinidad.
Las áreas de pesca de acceso individual son los cursos de agua ubicados en el interior de parcelas individuales o adyacentes a ellas.10 Los parceleros, tanto colonos como indígenas, reclaman el derecho a controlar el acceso sobre los cursos de agua asociados a sus parcelas. Este derecho es fundamentado en aquel que los parceleros mantienen sobre sus lotes agrícolas, los cuales en algunos casos están formalizados con títulos de propiedad. Sobre la base de este derecho consuetudinario, algunos parceleros ejercen un acceso preferente a las quebradas asociadas a sus parcelas, sobre todo tapando con sus redes las desembocaduras o usando de vez en cuando dinamita en las pozas. Adicionalmente, los parceleros excluyen de estas quebradas a los indígenas que usualmente buscan pescar en ellas por considerarlas apropiadas para la pesca con barbasco. Como hemos ya mencionado, los parceleros toman esta decisión porque consideran que su ganado es intoxicado al beber el agua mezclada con barbasco.
No obstante, ocasionalmente los indígenas pueden usar barbasco en estas quebradas previo permiso de los parceleros, en cuyo caso éstos alejan anticipadamente su ganado de la quebrada. Además, es común que este permiso sea retribuido con la entrega en reciprocidad de parte de la pesca. En cambio, cuando el comunero quiere "anzuelear" (pescar con anzuelo) o echar algunos "tiros" (pescar con dinamita) en la quebrada de un parcelero, el permiso no es necesario, aunque en el caso de la dinamita es frecuente que la pesca esté acompañada por la obligación de compartir el pescado, pues la captura es comúnmente más abundante.
En la subcuenca del Neguache, las quebradas más apreciadas para la pesca con barbasco están precisamente bajo el control de parceleros. Ellas son Machuriani y Mamoriani, ubicadas cerca de la comunidad de Santa Isabel, y Samaya y Mapirishari, en las inmediaciones de la comunidad de Nevati (ver mapa de la figura 4.2). En ambos casos, se trata de áreas tradicionales de pesca usadas por los asháninkas del Neguache desde antes de la llegada de los colonos y la formación de las parcelas, lo que explica la persistencia en el interés por las mismas. Hoy día, comuneros de Santa Isabel pueden obtener el permiso para "barbasquear" en Machuriani, pues mantienen muy buenas relaciones con el colono andino bajo cuyo control se encuentra esta quebrada, a quien incluso han elegido como "asesor legal". Los comuneros de Santa Isabel pueden incluso invitar a los de Nevati
10 Estas parcelas no deben ser confundidas con las que existen en el interior de las comunidades nativas.
a estas faenas de pesca, aunque se comenta que éstos ya no acuden en el gran número con que lo hacían antes.
En décadas pasadas, era común que familias enteras de Nevati partieran hacia las quebradas ubicadas río arriba como Machuriani y Mamoriani, en expediciones de pesca que duraban varios días. Para eso, llevaban barbasco, dinamita, anzuelos y flechas y el pescado era ahumado para su conservación. Sin embargo, las quebradas más frecuentadas por los pobladores de Nevati eran las de Mapirishari y Samaya, que por su cercanía eran aprovechadas para realizar pescas comunales con barbasco. Pero con la introducción de la ganadería y los perjuicios que sobre ésta ocasionaba el piscicida, los propietarios de ganado prácticamente "prohibieron" este tipo de pesca en esas quebradas.
En el caso de Anexo Nevati, que no constituye una comunidad sino un asentamiento de parceleros asháninkas, la situación es similar a la de las demás parcelas, aunque con algunas peculiaridades. En la época de la misión de Redención Nevati, todos los pobladores de este lugar tenían acceso a las áreas de pesca de la quebrada de Mapirishari. En Mapirishari llevaban a cabo pescas comunales con barbasco a las que asistía incluso el pastor de la misión. Luego de la partida de los misioneros y que las tierras de la misión fueran parceladas, muchos de los moradores que trabajaban en el cuidado del ganado de la misión continuaron dedicándose a la ganadería, razón por la cual ahora no permiten la pesca con barbasco en la quebrada, aunque, como sucede en otras quebradas, es posible que se puedan otorgar permisos. Pobladores de la comunidad de Nevati, que antes vivieron en la misión, siguen usando la quebrada de Mapirishari sin ninguna restricción, salvo la que no permite la pesca con barbasco.
El río Neguache corresponde al área de pesca de acceso abierto, es decir, aquella donde no hay restricción alguna sobre el acceso. Si bien la ley sectorial de pesca establece que las comunidades tienen acceso preferencial a los recursos hidrobiológicos, la ley que norma el uso de los recursos naturales estipula que éste es un beneficio sin exclusividad y que se aplica sólo sobre los recursos llamados de "libre acceso", es decir, aquellos sobre los que no existen derechos exclusivos o excluyentes de terceros o reserva del Estado. Este beneficio desaparece cuando el Estado otorga un derecho excluyente sobre el recurso en cuestión.11 Esto significa que los cuerpos de agua continentales y los recursos hidrobiológicos que albergan están legalmente abiertos a cualquier ciudadano y que las poblaciones locales no gozan del derecho legal de exclusión.
11 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley 26821, arts. 17 y 18.
El río Neguache recibe la afluencia de pescadores foráneos que practican una pesca comercial y, por tanto, hacen uso de grandes redes e incluso de dinamita y tóxicos químicos. Si bien la pesca comercial está condicionada al otorgamiento por parte del Estado de una licencia de pesca, por lo general, los pescadores foráneos que entran al Neguache carecen de este permiso, lo que los convierte en pescadores ilegales.12 Como veremos más adelante, no sólo no existe autoridad pesquera alguna en el distrito de Puerto Bermúdez que vele por el cumplimiento de esta norma, sino que hay una indiferencia con respecto a este problema por parte de las demás autoridades. Por tanto, los pobladores locales no ejercen el derecho de preferencia que les otorga la ley.
No es raro ver pescadores comerciales foráneos pescando en las aguas del Neguache. Sin embargo, son numerosas las declaraciones que he recogido con respecto a que los miembros de las comunidades pueden restringir el acceso a estos pescadores. Este comportamiento probablemente ha sido incentivado por la creciente escasez de peces en los últimos años y hasta por la prédica conservacionista que han diseminado en el valle algunas organizaciones no gubernamentales de corte conservacionista. En algunos casos, los comuneros permiten el ingreso de estos pescadores bajo la condición de dejar parte de su captura a los jefes de las comunidades, quienes distribuyen luego el pescado entre los miembros de su parentela o de la comunidad. Esto se interpreta como una especie de "pago" o retribución por el usufructo de un recurso que los asháninkas consideran suyo. Es posible que estas restricciones se apliquen más a los pescadores que vienen de zonas distantes, ya que los que proceden de Puerto Bermúdez son conocidos por los comuneros y en muchos casos mantienen con ellos relaciones de reciprocidad. Hay pescadores de Puerto Bermúdez que durante décadas han pescado en las áreas de pesca de las comunidades.
Es necesario decir que estas normas consuetudinarias se prestan a diferentes interpretaciones, siendo materia de una permanente negociación y por eso no exentas de conflictos. Así, por ejemplo, la "prohibición" de los pobladores de Boca Samaya de pescar con barbasco en la quebrada adyacente a sus parcelas no deja de ser cuestionada por los comuneros de Nevati, quienes consideran tener derechos sobre esos espacios que son anteriores al establecimiento de la colonia de Boca Samaya. De otro lado, como en toda norma informal, no existe una institución o autoridad deliberadamente creadas para hacer cumplir estas normas. Si bien comuneros y parceleros en su conjunto pueden cooperar en la vigilancia del
12 Ley General de Pesca, Decreto Ley 25977, arts. 2 y 43. Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonia Peruana, Resolución Ministerial 147-2001-PE, art. 7.
acatamiento de las normas, no siempre es así. Sin embargo, cuando se llega a sancionar a quien contraviene estas normas, la sanción normalmente es la exclusión definitiva del acceso a la quebrada.
Los factores que explican el sistema local de tenencia que acabo de describir son varios. En primer lugar, tal conjunto de normas está sin duda asociado a la tenencia de la tierra. La propiedad o posesión que tanto comuneros como parceleros gozan sobre la tierra es un derecho que, de manera consuetudinaria, se extiende hacia los cuerpos de agua, bosques y recursos naturales, tal como era antes de la llegada de los colonos y la formación de las misiones y comunidades nativas. Si bien la propiedad formal de la tierra, tanto en parcelas como en comunidades, no incluye los cuerpos de agua contenidos en el predio o adyacentes al mismo, que continúa siendo pública, comuneros o parceleros se sienten con derecho a excluir a terceros de los mismos.
En segundo lugar, este tipo de tenencia está asociado a factores sociales como las normas de reciprocidad. La reciprocidad actúa como mecanismo que impone excepciones al derecho de exclusión que es ejercido sobre las quebradas. Así, el otorgamiento de permisos para pescar con barbasco a cambio de parte del pescado capturado se basa en la norma de la reciprocidad, costumbre arraigada aún en la cultura asháninka. Asimismo, la entrega que hacen los pescadores foráneos de parte de su captura, a cambio del acceso al río, no sólo legitima su derecho a pescar en él, sino que tal intercambio es visto por ambas partes como recíproco. Los indígenas reconocen a los pescadores foráneos el derecho a asegurar su sustento a través de la pesca en el río Neguache, pero el permiso para hacerlo requiere, en este caso, una retribución que consiste en compartir parte de lo que se ha pescado.
En tercer lugar, el sentido de territorialidad que los miembros de las comunidades ejercen sobre los cursos de agua y que se aplica frente a los foráneos es un factor a considerar. Los comuneros asháninkas consideran a los ríos y quebradas que están dentro de sus comunidades o adyacentes a ellas como parte de "su territorio" y, por tanto, asumen el derecho a restringir el acceso a foráneos. Este derecho consuetudinario es respetado por algunos pescadores foráneos, pero también hay quienes los desconocen, la mayoría de las veces apelando a las leyes nacionales que estipulan que las aguas continentales son propiedad pública. Uno de los pescadores colonos más antiguos de Puerto Bermúdez dijo al respecto que para él no era necesario solicitar permiso a las comunidades para pescar en sus áreas de pesca, pues los varios cargos públicos que ha ocupado lo exoneraban de tal obligación. Por eso, los comuneros asháninkas se ven a veces compelidos a defender el derecho de exclusión a través de la presión social e incluso el uso de la fuerza.
Sin embargo, el ejercicio de este derecho consuetudinario a la territorialidad se ve constreñido por los costos y beneficios de la defensa de los cuerpos de agua. Se ha descrito para otros casos que allí donde la definición de territorios exclusivos y su defensa son extremadamente altos, la pesquería es de acceso abierto (Thomas 1996: 304). En el área de estudio, el débil control del acceso al río principal por parte de los comuneros y parceleros asháninkas se explica también por los altos costos de monitoreo de un espacio que está naturalmente abierto a todos. En efecto, el control del acceso al río requiere no sólo de un sistema de vigilancia, sino también de la participación en éste de todos los usuarios del recurso. Sin embargo, si tenemos en cuenta que para la mayoría de asháninkas la pesca es, en términos de ingresos, menos importante que las actividades agropecuarias, los costos de oportunidad de la participación en un sistema de vigilancia son demasiado altos para asumir el sacrificio de descuidar los quehaceres habituales. El valor de sustento que para los asháninkas tiene el recurso pesquero no parece ser suficiente para generar incentivos hacia una mayor inversión en la vigilancia.
Por otro lado, debemos mencionar el hecho de que la legislación nacional, que considera las aguas continentales del país como propiedad pública y al Estado como único ente que puede regular el acceso y uso, eleva los costos de un sistema de vigilancia local, desalentando a las comunidades de invertir esfuerzos y tiempo en tal actividad. Si bien las poblaciones locales tienen, según esta legislación, un "derecho preferencial" sobre los recursos pesqueros, la incapacidad del Estado para regular la pesca comercial ha configurado una situación en la que los ríos amazónicos están de facto bajo una situación de acceso irrestricto. Este marco legal no sólo es contrario al marco consuetudinario que se basa en consideraciones de autonomía y territorialidad para las poblaciones locales, sino que incentiva la llegada de pescadores comerciales tanto del cercano Puerto Bermúdez como de lugares más lejanos como la provincia de Chanchamayo. Esta situación de acceso irrestricto podría convertirse en uno de propiedad común de facto, si es que las comunidades ejercieran efectivamente un nivel mayor de control del acceso, que en situaciones de conflicto podría llevar a una completa exclusión.
Los costos de monitoreo son más bajos en el caso de las quebradas ubicadas en las parcelas y las comunidades, donde es más fácil advertir la presencia de intrusos. La ubicación de las quebradas en predios individuales o comunales, para los cuales se puede contar incluso con un título de propiedad, explica también las diferencias con respecto al río Neguache, que no se encuentra formalmente bajo ningún predio. Además, los parceleros andinos que se dedican a la ganadería tienen un incentivo adicional para controlar el acceso a "sus" quebradas, que es el de proteger su ganado de los perjuicios del barbasco. Si bien los parceleros andinos no dependen del recurso pesquero para su sustento, para ellos la protección de las quebradas adquiere sentido en la medida en que eso implica proteger su ganado, fuente de parte importante de sus ingresos.
El uso de los recursos pesqueros en la selva central no parece haber sido muy sostenible desde épocas tempranas. En junio de 1886, el padre Gabriel Sala, sacer-dote español de la orden franciscana y primer promotor de la comunicación con el Oriente peruano a través de la ruta del Pichis, fundaba la misión de San Luis de Shuaro, a orillas del río Paucartambo, del cual escribiría en su diario:
"Este río es caudaloso y cría muy buena pesca; al principio de habernos acampado en San Luis fui muchas veces a pescar con torpedo a fin de tomar algo más que conservas, y me sucedió más de una vez que con un solo tiro de dinamita sacar un quintal de peces, de dos y tres libras cada uno. Ahora ya no abunda tanto la pesca, por lo mucho que se la persigue…" (Historia de las Misiones Franciscanas, Lima, 1926, t. XII, citado en Ortiz 1967: 234).
Cuando en 1948 los migrantes asháninkas de Zutziki llegaron a las cabeceras del Pichis para fundar una nueva misión, encontraron una zona rica en fauna silvestre. Habían pasado tan solo 30 años, desde que las epidemias y la violenta develación del levantamiento indígena de 1913 diezmaran la mayor parte de la población nativa. En una carta enviada desde el Pichis, hacia donde se había adelantado para ver las posibilidades de establecer allí una nueva misión, uno de los misioneros indígenas expulsados de la Colonia del Perené escribía a sus correligionarios: "… vengan aquí, aquí no hay peligro, hay abundancia de animales, no habrá escasez de comida como en el Perené" (Narby 1989).
Sin embargo, ya en 1957, el padre Dionisio Ortiz, que vivió en Puerto Bermúdez entre las décadas de 1950 y 1960, alertaba que en el valle del Pichis los "… ríos abundan en pescado, pero corren peligro de extinguirse, por los desastrosos sistemas que se utilizan en la pesca" (Ortiz 1967: 298). La situación pare-cía no haber mejorado en 1967, cuando John Elick, ex misionero de Nevati y en ese entonces convertido en antropólogo, regresaba al Neguache para pasar el vera-no estudiando la cosmogonía del shamán campa. En la medida en que la población del valle se había incrementado con la inmigración proveniente de áreas aledañas como el Tambo y el Perené, la demanda por pescado y el uso indiscriminado del barbasco habían reducido drásticamente el recurso pesquero. Por eso, cuando los indígenas organizaron una fiesta de bienvenida en honor a Elick, sólo pudieron ofrecerles a los invitados unas cuantas aves, dos docenas de pescado y productos vegetales (Elick 1969: 59-60).
¿Persisten estos patrones de uso de los recursos pesqueros en el área de estudio? ¿Qué relación hay entre la forma como se usa el recurso pesquero y la presencia o ausencia de normas consuetudinarias asociadas a la pesca? He buscado responder a estas preguntas, en primer lugar, indagando si los recursos pesqueros están siendo explotados sosteniblemente y, en segundo lugar, si la población estudiada conserva o maneja esos recursos. Ambos criterios fueron evaluados a través del uso de encuestas realizadas entre pobladores de Santa Isabel, Nevati y Anexo Nevati, así como a través de información contenida en la literatura.
Para determinar si la población del área de estudio está experimentando cambios en la disponibilidad del recurso pesquero, formulé preguntas sobre su percepción con respecto a la cantidad y calidad de ese recurso, así como acerca de la productividad de la pesca. Las respuestas a estas preguntas me permitirían evaluar si la población está modificando su comportamiento en respuesta a los cambios en el recurso. Así, al preguntar a veinte personas sobre la actual abundancia de peces en comparación con la de hace diez años, la respuesta unánime fue que en la actualidad hay menos peces.13 Esta percepción de un deterioro en el recurso pesquero fue reforzada por las respuestas que los encuestados dieron cuando les pedí que compararan el tamaño de los peces que se pescan hoy con el de los que se pescaban hace diez años, respondiendo 17 (85%) que hoy se pescan peces más pequeños, mientras que para 3 (15%) la respuesta fue que el tamaño no se había modificado.
De la misma manera, la percepción de la gente es que la productividad de la pesca ha decrecido, pues hoy la misma cantidad de tiempo y esfuerzo rinde una captura menor que hace diez años. Así, hace diez años, durante una faena de pesca con barbasco los encuestados capturaban, en promedio, 45,5 kilogramos de pescado por persona, mientras que hoy el promedio por persona, en una faena de pesca con las mismas características, es de 4,6 kilogramos, es decir, casi diez
13 Debo admitir que la muestra es pequeña. Sin embargo, pese al tamaño de la muestra utilizada las respuestas no perdieron consistencia debido a su sustancial homogeneidad. Estoy seguro de que una muestra más grande hubiera proporcionado mayor detalle y profundidad, pero dado el carácter preliminar y exploratorio de este estudio, la muestra utilizada proporciona una visión aceptable del fenómeno estudiado.
veces menos. En el caso de la pesca con dinamita, las encuestas indican que el descenso en la productividad ha sido menor, pero no por eso menos significativo: un promedio de 60 kilogramos por persona y por tiro hace diez años, contra 9,5 kilogramos por persona y por tiro en la actualidad. La pesca con tarrafa también muestra una disminución en la productividad, pues hace diez años el promedio de captura por faena era de 19,7 kilogramos de pescado por persona, mientras que hoy ese promedio es de 3,5 kilogramos por persona, aunque se me informó que a veces puede no pescarse nada.
La percepción local de que los stocks pesqueros están disminuyendo en el área de estudio se ve corroborada por estudios realizados en otras partes de la Amazonia peruana, que indican una merma de los peces debido al uso de las mismas técnicas de pesca. Así, con respecto a los efectos de la pesca con barbasco entre los machiguengas, Johnson (1989) afirma que cuando el veneno de esta planta es vertido continuamente en el mismo segmento de un río o quebrada, acaba virtualmente con todos los peces que contiene. El barbasco provoca la muerte indiscriminada de los peces, incluyendo la de aquellos que aún no han alcanzado la madurez sexual o han desovado. Por tanto, la pesca excesiva con barbasco resulta en una catástrofe para la fauna acuática, la cual requiere meses, si no años, para recobrarse.14
En el área de estudio, a pesar de la disminución en la producción del barbasco, las encuestas indican que el uso de esta planta en la pesca sigue siendo una práctica importante para la población indígena. De esta manera, el 60% (12) de nuestros encuestados afirmó pescar con barbasco, mientras que el 40% (8) restante manifestó no usar esa técnica. Al indagar sobre la frecuencia de la pesca con barbasco, de los 12 que respondieron participar de esta técnica el 66% (8) dijo que lo hacía una vez al mes y el 33% (4) de cuatro a ocho veces por mes. Considerando que el brazo de un río o una quebrada en la que se ha pescado con barbasco requiere al menos tres meses para recuperar el 100% de la población de peces y el 60% de la variedad de peces que tenía antes,15 la frecuencia de la pesca con barbasco en el área de estudio no está permitiendo la recuperación de los stocks ni de su diversidad.
Similares efectos tiene la pesca con dinamita, que en el radio de alcance de la explosión elimina indistintamente peces grandes y pequeños. Además, los efectos negativos de la pesca con dinamita pueden ser también de largo plazo. Al erosionar
14 Incluso sin el uso del barbasco, las repetidas expediciones de pesca a los mismos lugares reducen rápidamente los stocks pesqueros.
15 Edgardo Castro, comunicación personal.
las riberas, la dinamita daña el hábitat natural de los peces, sobre todo las pozas, que cumplen un papel fundamental en la reproducción de varias especies (Rivas et al. 2003). Las encuestas realizadas revelan que la pesca con dinamita en el área de estudio no es menos importante que la pesca con barbasco. En efecto, el 65% (13) de los encuestados reveló pescar con dinamita, mientras que el 35% (7) restante señaló no hacerlo. De los 13 encuestados que manifestaron usar dinamita en la pesca, el 76,9% (10) dijo hacerlo por lo menos una vez al mes, el 15% (2) una vez en los cuatro meses que normalmente dura la vaciante y el 7,6% (1) cuatro veces por mes. Dada esta frecuencia de uso, es evidente entonces que la capacidad de recuperación de los stocks de peces está siendo vulnerada.
Hay que añadir también los efectos devastadores de la pesca con redes grandes y tóxicos químicos, técnicas que en el área de estudio están relacionadas más bien con pescadores comerciales y madereros, respectivamente. En efecto, las cocadas pequeñas de redes como las arrastradoras no permiten el escape de los peces más pequeños. Por su parte, los pesticidas usados en la pesca como el Thiodán y el Lagnate tienen principios activos altamente tóxicos que arrasan con todo tipo y tamaño de peces. Si bien carecemos de información precisa sobre la magnitud en que ambas técnicas afectan el recurso pesquero, dados sus efectos dañinos sobre los individuos que no han alcanzado la madurez sexual, podemos afirmar sin duda alguna que contribuyen a socavar la capacidad regenerativa de los peces.
Los impactos humanos sobre los peces no están ligados únicamente al uso directo de este recurso a través de la pesca. Estos impactos pueden producirse también indirectamente, principalmente a través de las actividades agrícola y ganadera. Si bien todavía es poco lo que se sabe sobre los efectos que los patrones de uso de la tierra pueden tener sobre los recursos pesqueros en la Amazonia, la extensa deforestación y erosión que se ha producido en esta región pueden estar causando alteraciones en el sistema hidrológico y afectando la disponibilidad de los refugios naturales y las áreas de alimentación de los peces (Bayley 1983; Fernández-Baca 1998). Los bosques ribereños cumplen una serie de funciones que son vitales para la salud de los peces, las cuales incluyen protección contra la exposición directa al sol, así como la producción de alimentos a través de frutos, hojas y flores (Goulding 1983).
En el área de estudio, numerosas hectáreas de bosque ribereño son taladas anualmente tanto por indígenas como por colonos para aprovechar los suelos aluviales, que son más productivos, en la siembra de cultivos temporales como maíz, arroz, fríjol, sandía, maní, papaya, entre otros, y en la instalación de pastizales para la cría de ganado. La deforestación de las riberas genera procesos de sedimentación de los ríos que, a su vez, están en la base de la ampliación de sus cauces y la disminución de su profundidad, lo cual está causando la desaparición de las pozas (Rivas et al. 2003).16
Por tanto, a partir de las percepciones de la población sobre la disminución de los stocks pesqueros y la productividad de la pesca, así como de la constatación del deterioro de los hábitat acuáticos a través de la creciente pérdida de la cobertura vegetal en las riberas, puedo afirmar que los recursos pesqueros en el área de estudio no están siendo aprovechados de una manera sostenible.
A través de un conjunto de leyes, el Estado peruano promueve y regula el uso sostenible de los recursos naturales.17 Con respecto a los recursos pesqueros, existen varias leyes que buscan cumplir con este mandato.18 Además, ya que la ley manda establecer un "sistema de ordenamiento" según el tipo de pesquería, se ha aprobado una ley de ordenamiento pesquero para la Amazonia peruana. Todas estas leyes de pesca establecen prohibiciones con respecto al acceso, captura, esfuerzo de pesca, períodos de veda y pesca, tallas mínimas de captura, especies permisibles, zonas de reserva, aparejos y técnicas de pesca, monitoreo y vigilancia, estableciendo además sanciones para los que las transgreden. Sin embargo, no sólo hay un desconocimiento de esta legislación por parte de la población local, sino que el Estado y sus agentes no tienen la capacidad para aplicar las leyes. Eso no debería sorprender si tenemos en cuenta que el Estado peruano ha fijado su interés en la pesquería comercial, sobre todo la que tiene lugar en la Costa, relegando la pesca de subsistencia.
En efecto, salvo en las zonas más cercanas a las grandes ciudades amazónicas como Iquitos y Pucallpa, el Estado no asigna recursos humanos, económicos ni
16 Otra de las fuentes de deterioro del hábitat de los peces es la contaminación de las aguas de los ríos y quebradas que se produce por el escurrimiento de los pesticidas y herbicidas usados en las actividades agropecuarias, así como por el vertimiento de desagües y desechos sólidos a los cuerpos de agua. Sin embargo, puesto que en el área de estudio la agricultura opera aún sobre la base de pocos insumos, la descarga de químicos a los ríos puede no ser un problema grave. Por otro lado, la contaminación por desagües y basura es más un problema de las áreas urbanas que en la cuenca del Pichis se restringen al pueblo de Puerto Bermúdez.
17 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley 26821, art. 2.
18 Ley General de Pesca, Decreto Ley 25977 y su Reglamento, Decreto Supremo 012-2001-PE; Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura, Ley 27460.
operativos con los cuales asegurar el cumplimiento de las leyes de pesca en la Amazonia. En el caso de la región de Pasco, a cuya jurisdicción pertenece la cuenca del Pichis, la Dirección Regional de Pesquería sólo cuenta con un funcionario cuya sede está en la Ciudad de Cerro de Pasco, ubicada en la zona altoandina, mientras que el Pichis y las demás cuencas amazónicas de Pasco no tienen presencia efectiva de ningún representante del sector. Por otro lado, las pocas autoridades con que cuenta el distrito de Puerto Bermúdez, como el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), la Gobernación, el Juzgado de Paz y la Policía Nacional, no tienen el interés ni los recursos para conocer e implementar la legislación pesquera. Por eso, las prácticas ilícitas, como el uso de dinamita y tóxicos químicos en la pesca, tienen lugar ante los ojos de estas autoridades, sin que nadie haga algo.
Dados el desinterés y la incapacidad del Estado para regular la pesca en la zona de estudio, sólo resta preguntarnos si la población local cuenta con normas consuetudinarias que contribuyan a la conservación de los peces. La respuesta a esta pregunta no es nada fácil, sobre todo si partimos del hecho de que no hay consenso con respecto a la naturaleza cultural del concepto de conservación. Según Smith (2001), si hablamos de una conservación a través de normas culturales, ésta puede ser tanto consciente como inconsciente. La capacidad de un grupo para tomar la decisión consciente de conservar dependería 1) del modelo cognitivo que posee acerca de la demografía de las poblaciones de plantas y animales, 2) de su comprensión de la relación entre sus acciones y el impacto que tienen sobre el ambiente, y 3) de su resolución de modificar su comportamiento para reducir su impacto si éste se caracteriza por el sobreuso o la destrucción. La conservación inconsciente, por su parte, tendría lugar a través de mecanismos tales como normas, tabúes o ideologías que permiten a la gente evitar o restringir el consumo de ciertos recursos, incluso a pesar de que no hay un reconocimiento de la relación entre el uso limitado del recurso y la continuidad de su abundancia. De manera que, según este modelo, es posible que los pueblos indígenas conserven aún si no son conscientes de ello.
Para otros, sin embargo, no tiene sentido plantearse si la conservación es consciente o inconsciente, pues el concepto de conservación no sería parte de la cultura de los pueblos indígenas, pues se habría originado y desarrollado en las sociedades industriales, que son precisamente las causantes de los estragos que hoy se producen sobre el medio ambiente. La ética conservacionista, en este caso, es preocupación de individuos o grupos que están inmersos en sociedades que devastan el medio ambiente. En el caso de las sociedades indígenas, el concepto de conservación no existiría, pues en ellas los recursos naturales existen para ser usados, de modo que si los recursos son conservados no es debido a una preocupación teórica, sino, por un lado, a un modo de aprovechar los recursos (un patrón de asentamiento, un tipo de economía, entre otros factores), y, por el otro, a una forma de concebirse parte de la naturaleza y de relacionarse con los seres que la protegen, a fin de establecer relaciones basadas en el respeto y la reciprocidad.19
En este sentido, a menudo se han atribuido a los pueblos indígenas creencias, costumbres y conocimientos que resultan en la conservación de los recursos que les dan sustento. Ejemplos hay varios: la tradición de mantener áreas de bosque sagrado donde los animales y plantas son protegidos; la prohibición de la caza de ciertos animales durante determinadas épocas del año; la identificación y domesticación de una gran variedad de plantas útiles; el profundo conocimiento del bosque y, a través de ello, el manejo de campos de cultivo, barbechos y áreas de recolección, caza y pesca, etc. (Posey 1985; Alcorn 1989; Balée 1989). De acuerdo con Alcorn (1993), si bien el término "conservación" no tiene traducción en las lenguas indígenas, por lo general la idea existe en la forma de "respetar la naturaleza", "cuidar las cosas" o "hacer las cosas bien". Dentro de esta lógica, los pueblos indígenas encontrarían extraña la idea occidental de separar la conservación de sus demás actividades, pues la naturaleza es vista como parte de la sociedad humana, de modo que las relaciones apropiadas con la naturaleza son necesarias para la existencia de relaciones apropiadas entre las personas.
Desde mi punto de vista, la idea de respeto a la naturaleza implica también la posibilidad de que los indígenas amazónicos entiendan la relación entre la escasez de los recursos y su sobreexplotación, y tomen acciones para remediar el problema. A esto denomino en este estudio manejo consuetudinario. Sin embargo, como veremos en la siguiente sección, las instituciones consuetudinarias de manejo pueden debilitarse o volverse obsoletas ante rápidos cambios culturales, económicos y tecnológicos.
Algunas etnografías dan cuenta de la presencia entre los asháninkas de instituciones consuetudinarias ligadas a una pesca sostenible. Es el caso de la creencia en seres mitológicos que operan como controles ideológicos de la explotación de los recursos ictiológicos. Según la tradición asháninka, Kiatsi, también conocido como Nonki o Nijaveri, es el dueño del río y padre de los peces. Kiatsi tiene la forma de una gran boa acuática cuyo cuerpo presenta a lo largo figuras romboides.
19 Alberto Chirif, comunicación personal.
Sus hijos son la mayoría de los peces y sus hijas boas hembras que pueden seducir a los pescadores adoptando la forma de mujeres (Weiss 1975). Kiatsi se presenta ante las personas que pescan en grandes cantidades. Cuando esto ocurre, la sola visión de este ser produce fiebres que pueden provocar la muerte, efecto que sólo puede ser contrarrestado mediante la toma de la infusión de las hojas de la bobinsana, arbusto conocido localmente como kowantsi. Así, la creencia en Kiatsi constituye un elemento que regula la intensidad de la pesca (Rojas Zolezzi 1994).
Cuando los animales son sobreexplotados, la ideología asháninka interpreta la escasez como la huida de los animales y plantas hacia zonas lejanas, lo cual a su vez es producto del enojo del dueño de la especie, quien en principio es el que envía los recursos que los hombres necesitan para su sustento. Es entonces el shamán o sheripiari quien, a través del trance, identifica al cazador o pescador que ha cometido la infracción y repara ritualmente el daño, transportándose en compañía de éste, a través de un vuelo psicotrópico, a la morada del dueño de los animales para ofrecerle sus disculpas y suplicarle que vuelva a enviar los animales. Sobre el cazador ambicioso pesa entonces la amenaza de ser convertido en un animal susceptible de ser cazado (Elick 1969).20
Se ha argumentado, sin embargo, que este tipo de instituciones tradicionales son sostenibles sólo bajo condiciones de baja densidad poblacional, tecnología simple, abundancia de recursos y limitada integración a una economía de mercado. Cuando estas condiciones desaparecen, las creencias y costumbres como la descrita pierden su relevancia. En efecto, una de las principales limitaciones sociales que los indígenas enfrentan para el uso sostenible de los recursos tiene su origen en la expansión del mercado interno. La necesidad de obtener dinero ha fomentado una creciente demanda de excedentes y la participación en intercambios comerciales, contexto en el cual las técnicas y patrones culturales para satisfacer las necesidades de subsistencia ya no operan. La difusión de sistemas mercantiles tiene lugar a través de comerciantes, productores y extractores que colonizan la selva, así como a través de misioneros, funcionarios y agentes del desarrollo. Al enfrentar las demandas de estos actores foráneos, los pueblos indígenas encuentran virtualmente imposible conservar sus valores culturales y conocimientos tradicionales. Esto es lo que pasa ahora con los jóvenes, quienes por haber adoptado una actitud de "modernidad" han empezado a cuestionar o simplemente no quieren aprender las creencias de los mayores, incluyendo aquellas que informan el respeto a la naturaleza (Chapin 1991; Redford y Stearman 1993; Chicchón 1994).
20 Para una recopilación de relatos sobre Kiatsi, véase IBC (2007).
Conviene entonces preguntarnos hasta qué punto la creencia en Kiatsi sigue normando la actividad pesquera entre los asháninkas del Neguache. Así, preguntados sobre Kiatsi, el 95% (19 de 20) de mis encuestados afirmó saber de quién se trataba. Sólo una persona (5%), quien por su origen andino es comprensible que pueda ignorar ciertos elementos culturales de sus vecinos los asháninkas, dijo no saber quién es. Ahora bien, a la pregunta de si Kiatsi castiga a las personas que pescan en exceso, la respuesta fue afirmativa en un 64,7% (11 de 17) y negativa en un 35,3% (6 de 17), mientras que tres personas de veinte dijeron no saber. Es curioso constatar que si bien la mayoría de los encuestados afirmó estar familiarizado con la creencia en Kiatsi y su poder para castigar a los pescadores que depredan, la mayoría suele usar prácticas depredatorias como la pesca con dinamita. Además, seis de los encuestados que manifestaron conocer la creencia en Kiatsi, dijeron que no había castigo para quienes pescan en demasía, pues consideran que no se trata más que de una creencia. Hoy día cuando se pregunta a un asháninka sobre Kiatsi, la primera reacción es una mezcla de risa y vergüenza, como pude comprobarlo cada vez que aplicaba una encuesta, pues se considera que esas creencias son propias de los asháninkas "no civilizados". Mi interpretación de esta contradicción es que si bien los asháninkas del área de estudio todavía guardan memoria de Kiatsi como ser mitológico, esa creencia ha perdido el papel que cumplía en la regulación de las relaciones con los peces.
Es posible afirmar, entonces, que la creencia en el dueño de los peces no constituye más un control ideológico de la sobreexplotación de ese recurso. Sin embargo, incluso la pérdida de esta creencia es interpretada por algunos en términos mitológicos, como se desprende de la declaración de uno de nuestros entrevistados en la comunidad de Santa Isabel, quien dijo que la población ha dejado de creer en Kiatsi porque al destruirse las pozas, que son considerados los lugares donde habita el ser, éste se ha ido muy lejos. Pero a pesar de que algunos pueden interpretar la escasez de los animales como su huida hacia zonas lejanas, la mayoría de mis encuestados mostró un entendimiento de la relación entre el uso de técnicas nocivas de pesca o el abuso de técnicas tradicionales y la merma en los stocks pesqueros. Una interpretación de la persistencia de estos rezagos culturales bajo condiciones socioeconómicas nuevas es que cambios como la adopción de nuevas técnicas de pesca o la mercantilización de la pesca, se producen a menudo más rápido que los cambios en las creencias y tradiciones.21
Veamos ahora el tema de los tabúes. Aunque los tabúes sociales constituyen aún un tema controversial en la antropología ecológica y en la ecología humana,
21 Merle Faminow, comunicación personal.
se ha argumentado que pueden, al menos localmente, jugar un papel importante en la conservación de recursos naturales, especies y ecosistemas. A diferencia de las leyes y reglas jurídicas o estatales, los tabúes sociales representan instituciones informales o normas no escritas que regulan el comportamiento humano, existiendo en la mayoría de culturas, tanto occidentales como no occidentales. Así, se sostiene que, en muchas sociedades tradicionales, los tabúes regulan la conducta humana con respecto al medio ambiente, afectando y, a veces, incluso manejando directamente, muchos elementos del ambiente natural (Reichel-Dolmatoff 1976; McDonald 1977; Colding y Folke 1997, 2001).
Un determinado tipo de tabú es el de los tabúes alimenticios, a los cuales se les han atribuido varios orígenes, entre los que se encuentran el libro bíblico del Levítico, la abundancia de grasa encontrada en el tejido de algunas especies de peces o sus consecuencias para la conservación (Begossi et al. 2004). Los tabúes alimenticios pueden ser aplicados a todos los miembros de una comunidad o a un grupo específico a su interior, que puede ser un grupo de edad o género, pero también pueden aplicarse a un período determinado. Los tabúes de estas dos últimas categorías son definidos como tabúes segmentarios y se dice que pueden jugar un papel en la conservación de los recursos que son prohibidos. Por ejemplo, ciertos alimentos son prohibidos durante el embarazo o la lactancia (Colding y Folke 2001).
Entre los asháninkas del río Neguache existen algunos tabúes asociados con el consumo de pescado, los cuales se ajustan a la categoría de tabúes segmentarios. Esos tabúes son de dos clases: aquellos que son comunes a todos los asháninkas y aquellos que son "revelaciones" específicas de ciertos individuos. Los primeros incluyen la prohibición de comer pescado durante períodos de enfermedad o embarazo, cuando se tiene un hijo muy pequeño o cuando un hombre está preparándose para ser cazador o sheripiari. Los segundos son aquellos adscritos al individuo por su espíritu protector o que son prescritos por un shamán que ha consultado los espíritus (Elick 1969: 59). Además, los asháninkas consideran que las mujeres embarazadas no deben entrar al agua durante una pesca con barbasco porque eso ahuyentaría a los peces, echando a perder la pesca. Estos tabúes persisten entre los asháninkas de nuestra área de estudio, aunque no sabemos en qué magnitud.
Sin embargo, aparte de que algunos de estos tabúes pueden ser neutralizados simplemente ahumando el pescado para su consumo cuando el tabú ya no sea efectivo, en el contexto actual, lo que estos tabúes pueden contribuir para la disminución de la presión sobre los peces se diluye ante los efectos devastadores de técnicas como la dinamita y el uso continuo del barbasco en el mismo segmento de cuerpo de agua. En general, la incidencia de los tabúes en el mantenimiento de especies y ecosistemas es mínima debido a que se trata de prácticas individuales y limitadas a períodos muy cortos.22
En el área de estudio, ciertos tabúes para el consumo de pescado tuvieron su origen también en agentes externos. Durante la época de las misiones adventistas del Neguache y el Nazarátegui, los misioneros trataron de modificar los hábitos alimenticios indígenas a través de la imposición de ciertos preceptos bíblicos que prohíben consumir determinados tipos de carne (animales que no tienen pezuña hendida y/o que no rumian como el cerdo, el sajino Tayassu tajacu y la huangana Tayassu pecari) y cierta clase de peces que no tienen escamas (como el zúngaro). Según el diagnóstico realizado por Cencira (1974), si bien estos cambios en el régimen alimenticio pudieron reducir la presión sobre ciertas especies o incrementarla sobre otras, produjeron una fuerte reducción en las reservas proteicas de la población, originando un serio problema dietético. Debido a ello, cuando los misioneros se retiraron de la zona, los asháninkas retornaron a su tradicional dieta basada en el consumo de una diversidad de especies de fauna silvestre.
En esta sección, abordo el problema de la existencia o no, entre la población estudiada, de un modelo mental de la relación entre conducta y la calidad de los recursos naturales que le permita manejar, consciente, o explícitamente como preferirían decirlo otros, los recursos pesqueros. Para determinar la existencia o no de este modelo, formulé la siguiente pregunta: ¿Está la población del área de estudio restringiendo la pesca a pesar de que preferirían pescar más y la disponibilidad del recurso pesquero y el tiempo así lo permitirían? La evaluación de este criterio requirió preguntar a mis encuestados si les gustaría comer más pescado de lo que normalmente comen. Las respuestas a esta pregunta me proporcionaron información sobre la medida en que el consumo restringido de pescado es resultado de deseos contenidos o una consecuencia de factores externos, tales como tiempo limitado o la no disponibilidad de peces.
Así, de los individuos que encuesté, el 95% (19 de 20) dijo que le gustaría comer más pescado. Dos posibilidades emergen de esta respuesta: 1) que este consumo restringido no resulta de la falta de tiempo y de peces y entonces la población del área de estudio podría estar conservando, es decir, optando por lo que Smith considera una limitación consciente de la pesca; o 2) que la única razón por la cual no se consume una mayor cantidad de pescado es la imposibilidad de
22 Alberto Chirif, comunicación personal.
Cuadro 4.1 Razones para no pescar más
Razones para no pescar más | Número de respuestas | Porcentaje de respuestas |
Falta de dinero para comprar más dinamita o barbasco |
|
|
| 2 | 10,5 |
No hay peces | 13 | 68,4 |
Los peces se han vuelto chúcaros | 1 | 5,26 |
Invierte su tiempo en otras actividades | 3 | 15,9 |
incrementar la productividad de la pesca (por ejemplo, los peces son escasos y existe dificultad para pescar más y/o no hay más tiempo disponible para dedi-carlo a un incremento en el esfuerzo de pesca), y que entonces la población estudiada no está conservando. En este último caso, las razones para limitar la explotación de los peces serían un subproducto de factores que están más allá del control de la población.
Para tener una idea de si el recurso pesquero no está siendo consumido al nivel deseado porque así lo han decidido o por razones externas, pregunté a los que habían contestado que les gustaría consumir más pescado por qué no incrementaban los niveles actuales de pesca. Las respuestas aparecen en el cuadro 4.1 y señalan que las principales razones por las cuales no se consume más pescado es la escasez del recurso y de tiempo y dinero para invertirlos en la pesca. Si tenemos en cuenta la actual escasez del recurso pesquero, para la población local no vale la pena invertir un mayor esfuerzo en la pesca, pues el beneficio marginal es menor que el costo marginal. Sin embargo, este consumo restringido por factores externos no califica como manejo. En consecuencia, la encuesta revela que las razones por las cuales la población estudiada no satisface sus deseos de consumo se ubican no en el manejo sino en la disponibilidad del recurso pez.
Adicionalmente, para determinar si la población del área de estudio reconoce el vínculo entre sus acciones y el efecto que éstas tienen sobre los recursos pesqueros, pregunté a mis encuestados las razones por las cuales hoy hay menos peces que antes. Tal como se muestra en el cuadro 4.2, el 60% (12 de 20) de los encuestados respondió que la disminución de los peces ha sido producida por los impactos de las actividades humanas, mientras que el 40% restante (8 de 20) lo atribuyó al aumento de la población. Estas respuestas indican que la mayoría de los encuestados es consciente de las consecuencias que sus actos tienen sobre la abundancia del recurso pesquero; sin embargo, no debe pasarse por alto que un
Cuadro 4.2 Razones por las cuales hoy hay menos peces
Razones |
Número de respuestas | Porcentaje de respuestas |
Aumento de la población | 8 | 40 |
Uso de muchas redes | 5 | 25 |
Deforestación de las riberas | 1 | 5 |
Pesca con tóxicos químicos | 5 | 25 |
Uso desmedido del barbasco | 1 | 5 |
porcentaje importante cree que la escasez de peces está relacionada más bien con el crecimiento demográfico, es decir, con un factor que está fuera del control de la población local, al menos en las condiciones actuales.
A ello debemos añadir que, en vista de que el 50% (10 de 20) atribuyó la escasez de peces al uso de redes y tóxicos químicos en la pesca, técnicas que son usadas principalmente por pescadores comerciales con base en Puerto Bermúdez y colonos, el porcentaje de encuestados que piensa que la disminución del recur-so pesquero se debe a razones que son independientes de su propio comportamiento crece a un 50%. Por tanto, por lo menos la mitad de los encuestados piensa que no es responsable, al menos directamente, de que la oferta de peces en los ríos y quebradas haya decrecido. A pesar de la existencia de una clara conciencia de la disminución de la población pesquera y que al menos el 50% atribuye este problema a los impactos de sus propias actividades, la población local no ha tomado la decisión de modificar sus prácticas de pesca. Creo que la explicación a este fenómeno se encuentra en el hecho de que es poco probable que un grupo que no se considera parte del problema, pueda considerarse parte de la solución.
Por tanto, la constatación de que, tanto a nivel consuetudinario como a nivel explícito, la población estudiada no maneja el recurso pesquero, así como la falta de sostenibilidad en la pesca, indica que en el área de estudio ninguno de los criterios de conservación se cumple.
Las causas de la pérdida de las instituciones consuetudinarias que permitían una pesca sostenible entre los asháninkas del Neguache se encuentran principalmente en los cambios producidos en los patrones de asentamiento y subsistencia y los trastornos que esto generó en el orden moral indígena. En el valle del Pichis, el modelo indígena tradicional de adaptación ecológica empezó a cambiar a partir de la década de 1940, cuando surgieron necesidades cuya satisfacción sólo era posible con la obtención de bienes manufacturados a través de relaciones con patrones locales y posteriormente a través de un mercado en expansión en la selva central. Desde entonces, con la finalidad de adquirir dinero para la compra de estos bienes, los asháninkas producen no sólo para el intercambio tradicional, sino también para el mercado, lo cual ha transformado las relaciones ideológicas y materiales del indígena con su medio. Por otra parte, la colonización del territorio tradicional asháninka en la cuenca del Pichis y la concentración de la población indígena en las llamadas "comunidades nativas", ha restringido el acceso de aquélla a los recursos y, por tanto, ha incrementado la presión sobre los recursos ubicados dentro de los linderos reconocidos o titulados de las comunidades.
La recomposición del espacio, que se produjo con la presencia de nuevos actores sociales, se ha expresado en la Amazonia principalmente en la tendencia a la sedentarización de la población antes dispersa y la presencia de una nueva población no nativa que también usa los recursos o destruye el hábitat para realizar actividades agropecuarias, cambiando los patrones de uso de los recursos. El aumento de la población que usa los mismos recursos en la misma área o la alteración del hábitat natural han incrementado la presión sobre aquéllos y generado su declinación. La introducción de tecnologías más efectivas y con rendimientos mayores que las tradicionales tiene un efecto significativo en la cantidad y la calidad de los recursos aprovechados (Chicchón 1994).
Muchos de los asháninkas del Pichis vivían en pequeños grupos de familias dispersas y homogéneas que controlaban territorios vagamente delineados por arroyos y quebradas (Bodley 1970: 73-82). Sin embargo, el desarrollo de industrias basadas en recursos primarios (caucho, madera y otros recursos naturales) y el sistema de patronazgo que estuvo en su base han tenido grandes efectos disruptivos sobre los antiguos patrones de residencia. El trabajo para los patrones caucheros y madereros significó para miles de asháninkas el abandono de remotos territorios de altura, así como el establecimiento de campamentos estacionales y permanentes a lo largo de ríos navegables, generalmente a una distancia de un día de viaje de la residencia de sus patrones (Chevalier 1982: 240). La caída del caucho llevó a que muchos antiguos patrones caucheros se fueran de la zona. Pero aquellos que se quedaron establecieron el sistema de hacienda, lo cual también llevó a un cambio en el patrón de asentamiento de un gran número de asháninkas: del patrón disperso al nucleado en aldeas ubicadas dentro del territorio de las haciendas, generalmente cerca de los ríos principales (Rojas Zolezzi 1994: 253).
A nivel de la economía asháninka, las actividades de subsistencia fueron convertidas en un brazo subordinado de una economía más amplia, la cual se encargaba de reproducir la fuerza de trabajo. Eso ocasionó serios efectos disruptivos sobre los patrones de producción tradicionales. Los esclavos y peones asháninkas ya no podían dedicar el tiempo necesario para producir todos los bienes de subsistencia que necesitaban o emprender tantas expediciones de caza y recolección como solían hacer, siendo así compelidos a depender más fuertemente de la pesca y la producción de horticultura de cultivos duros (mayormente la yuca) en la inmediata vecindad de los campamentos (Chevalier 1982: 204-5).
En el río Neguache, además de los cambios descritos, el patrón indígena de asentamiento disperso sufrió modificaciones a partir de la década de 1940 con la llegada de los migrantes asháninkas procedentes de áreas de más antigua ocupación y con fuerte presencia colona como el valle del Perené (Santos y Barclay 1995). Como he mencionado ya, hacia 1948, los asháninkas del Perené, que estaban concentrados en misiones, habían sido despojados de la mayor parte de sus tierras por los colonos. Por eso, pastores indígenas preparados por misioneros adventistas guiaron a centenares de asháninkas desde Zutziki, en el medio Perené, hacia las cabeceras del Pichis, instalándose en Nevati y San Pablo, donde fundaron dos nuevas misiones (Ortiz 1978; Narby 1989; Rojas Zolezzi 1994: 255). Los moradores originarios del Neguache adoptaron de estos migrantes la idea de nuclearse como medio para asegurar la supervivencia, formando otros asentamientos (Santos y Barclay 1995).
Asimismo, hacia 1974, el gobierno militar del general Juan Velasco promulgó la Ley de Comunidades Nativas y Promoción y Desarrollo de la Selva, por la cual fueron creadas las llamadas comunidades nativas. éstas fueron delimitadas sobre la base de los asentamientos que se habían formado como resultado de las relaciones con los patrones, capataces, hacendados y curacas al servicio de éstos o pastores y maestros bilingües. Los habitantes de la misión de Nevati, que con el tiempo había adquirido una gran importancia, se acogieron a esta ley, lo que también provocó que muchos de los asentamientos dispersos vecinos decidieran concentrarse en centros poblados y convertirse en comunidades nativas (Santos y Barclay 1995). Machurianiki, río arriba de Nevati, tuvo su origen a partir de la llegada de un pastor adventista a ese asentamiento, hasta ese momento liderado por un pinkatsari vinculado a patrones caucheros. A comienzos de los años cincuenta, el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) había iniciado, en convenio con el Ministerio de Educación, un programa de formación de maestros bilingües vinculado cercanamente a la prédica evangelista. Los maestros bilingües eran a la vez pastores y su relación con el ILV, institución capaz de proveer bienes y servicios, los convirtió en líderes que desplazaron rápidamente a los curacas. El pastor de Machurianiki logró, con el apoyo de la misión adventista, atraer un buen número de asháninkas a su asentamiento e instalar en él una escuela y un aeropuerto, así como introducir la crianza de ganado vacuno. Este nuevo líder se encargó luego de la gestión para que la comunidad obtuviera su reconocimiento legal y titulación, ocupando la presidencia de aquélla durante diez años (Rojas Zolezzi 1994: 255-257).
En el interior de los territorios comunales titulados por el Estado, se dispuso un asentamiento central en donde casas, escuela y centro de reuniones o káapa ro-dean un campo de fútbol. Hoy los territorios de las comunidades están divididos en lotes de tierra que han sido asignados a cada una de las familias miembros. Las comunidades contaban inicialmente con reservas de tierra para entregarlas a las familias que se incorporaran más adelante, pero hoy, con el crecimiento demográfico, estas reservas son inexistentes y las cabezas de familia deben dividir una y otra vez sus lotes entre los descendientes. Paralelamente a estos lotes familiares, y en algunos casos ocupando el mismo espacio, se encuentran asentamientos menores alejados entre sí, a los que se les reconoce consuetudinariamente su propio territorio. Cada uno de estos asentamientos está organizado de acuerdo con el modelo de los tradicionales grupos residenciales asháninkas. Por tanto, en algunos casos, tienen nombre propio y están formados por un grupo de familias emparentadas por relaciones de consanguinidad y afinidad. Sus límites están señalados por pequeñas quebradas o segmentos de bosque, dentro de los cuales se distribuyen los huertos familiares (Rojas Zolezzi 1994: 257).
Respecto a la pesca, uno de los impactos de la conformación de las comunidades nativas ha sido, según Rojas Zolezzi (1994: 209), que los piscicidas ya no sean aplicados de manera alternada en diferentes corrientes de agua, sino más bien a un mismo brazo o quebrada tras períodos más cortos, impidiendo una adecuada recuperación de los peces, pues hoy en día los asháninkas sólo pueden practicar la técnica tradicional de la pesca con barbasco en los ríos y quebradas que se ubican dentro de sus respectivos territorios reconocidos o titulados por el Estado. A eso debemos añadir que muchas de las áreas tradicionales de pesca de los asháninkas pasaron a manos de los colonos cuando migraron hacia el valle del Pichis, originándose conflictos con éstos por los perjuicios que el barbasco producía en el ganado. Si bien, normalmente, es posible obtener el permiso para pescar en sectores del río o quebradas que se ubican dentro de los terrenos de otras comunidades o parcelas, el ámbito territorial que las familias asháninkas del Neguache solían abarcar para la pesca se ha reducido, pescando ahora cerca del puerto principal del caserío o en unas pocas quebradas cercanas.
Por otro lado, la ausencia de leyes que reconozcan a las poblaciones locales derechos de propiedad sobre los cuerpos de agua asociados a sus predios ha contribuido a generar una situación de acceso abierto de facto. Gibson y Becker (2000: 135) mencionan que una de las causas para el fracaso de una comunidad en el manejo de sus recursos naturales es la ausencia de derechos de propiedad que permitan la apropiación de los beneficios del manejo. Como hemos visto, en el Perú la legislación nacional estipula que las aguas continentales, que incluyen los ríos, quebradas y lagunas de la región amazónica, son propiedad del Estado, de modo que la titulación de tierras a comunidades o individuos no se extiende a los cuerpos de agua ubicados en el interior de los predios titulados. Esto quiere decir que la población local no tiene el derecho legal de excluir a terceros, lo que puede explicar en parte por qué son muy pocos los casos en que comunidades amazónicas ejercen mecanismos de control del acceso a cuerpos de agua. Solamente en el caso de lagunas como las que existen en la parte baja de la cuenca del Pachitea o en otras zonas de várzea de la cuenca amazónica, donde su naturaleza menos accesible ha permitido un mayor control local del acceso, algunas comunidades han podido implementar instituciones de manejo, aunque eso no haya estado necesariamente reconocido por la ley (Pinedo et al. 2002).
El aumento de la población a través de la llegada de inmigrantes indígenas y colonos y del mismo crecimiento vegetativo, la concentración de la población en comunidades y caseríos y la falta de reglas tanto locales como nacionales, que permitan excluir a terceros del acceso a los cuerpos de agua, han incrementado la presión humana sobre los recursos pesqueros. Si bien las normas consuetudinarias de tenencia de los cuerpos de agua son flexibles y permiten cambiar de lugar de pesca de vez en cuando, la disminución de los stocks de peces no se ha detenido.
El sistema de habilitación y enganche experimentó su mayor desarrollo en las áreas periféricas y de expansión como el Pichis, particularmente en el marco de la actividad forestal. Así, en el río Apurucayali y en el medio y bajo Pichis se llegó a reportar la existencia de patrones madereros que controlaban entre 300 y 500 hombres enganchados para la extracción de madera (Bodley 1970; Narby 1989). Sin embargo, entre las décadas de 1970 y 1980, la práctica clásica de la habilitación en estas áreas sufrió diversas modificaciones. Uno de los cambios más visibles fue la pérdida entre los habilitadores del acceso y control sobre grandes contingentes de población indígena, lo que estuvo vinculado a la formación de comunidades nativas y a la aparición de alternativas en el acceso a bienes manufacturados.
La primera de estas alternativas ha consistido en el trabajo estacional en las actividades agrícolas desarrolladas en las áreas centrales de la región. Hoy en día, cientos de asháninkas se trasladan estacionalmente desde el Pichis hacia los frentes colonos más antiguos, como Satipo y el Perené, con el fin de trabajar como cosechadores en los cafetales indígenas. Este movimiento poblacional y la gene-ración de nuevos vínculos, entre los indígenas de estos ámbitos, fueron posibles gracias a la desaparición, hacia 1940, del sistema de correrías, que había profundizado las rivalidades tradicionales y la incomunicación entre indígenas de áreas geográficas contiguas. La segunda alternativa ha consistido en incursionar directamente en la producción agrícola comercial a través de cultivos como cacao, achiote, café, arroz y maíz (Santos y Barclay 1995).
En la cuenca del Pichis, como área de articulación reciente, la dificultad en el acceso a los mercados de consumo y el monopolio de los canales de comercialización por parte de un pequeño grupo de hacendados ganaderos, hicieron de la venta de fuerza de trabajo la modalidad de inserción en la economía local que los indígenas privilegiaron. Pero en las últimas décadas, sobre todo a partir de la culminación de la carretera Marginal, a mediados de los ochenta, la tendencia fue hacia una reducción del tiempo de trabajo para los hacendados ganaderos y patrones madereros y un desarrollo de actividades agropecuarias de carácter comercial en la medida en que las condiciones de tenencia de la tierra y del mercado así lo permitieron, así como a un mejoramiento de las condiciones de venta de la fuerza de trabajo. Pero la expansión de la producción agropecuaria comercial en las comunidades nativas del Pichis no sólo estuvo estrechamente ligada a la ampliación de la red vial, sino también a la consecuente disminución de recursos alimenticios no agrícolas (caza, pesca y recolección), al incremento de las necesidades de consumo y la búsqueda de una estrategia indígena para reducir los niveles de dependencia personal y económica respecto de los patrones y colonos asentados en la zona (Santos y Barclay 1995).
La expansión de la producción comercial ha tenido como resultado cambios en los patrones tradicionales de producción. El sistema productivo tradicional de los asháninkas consistía en mantener un número variable de chacras con diver-sas asociaciones de cultivos en diferentes estadios de maduración. La producción agrícola era complementada con el producto de las excursiones de caza, pesca y/o recolección y se destinaba al consumo familiar, al intercambio y a la organización de festividades y encuentros ceremoniales (Denevan 1971). Con la agricultura comercial, la superficie cultivada por familia se incrementó (Santos y Barclay 1995), a la vez que la producción agrícola se diversificó, cambio que estuvo ligado a la existencia previa de canales de comercialización desarrollados a partir de la producción colona o de intereses estatales. Así, las comunidades del Pichis adoptaron el cultivo del achiote, a fines de la década de 1970, y el del arroz de secano, tanto a fines de los años sesenta como a mediados de la década de 1980, ambos en respuesta a programas crediticios de fomento y al establecimiento de centros estatales de acopio (Holshouser 1972: 184; Narby 1986: 15).
Esta ampliación de la agricultura comercial se tradujo en una mayor dedicación y peso de las labores agrícolas respecto de las de caza, pesca y recolección. Pero si el decaimiento de actividades tradicionales como la pesca devino en el incremento de la superficie cultivada en el área de estudio, hoy se puede apreciar también un proceso a la inversa; es decir, la intensificación de la agricultura comercial puede estar contribuyendo al colapso de la actividad pesquera. En efecto, si bien los bajos precios de los cultivos comerciales y sus altos costos de comercialización desalientan un mayor desarrollo de la agricultura comercial, ésta no es abandonada como estrategia económica, debido a que casi es la única fuente de ingresos para la población local. Con su uso preferencial de los más fértiles suelos aluviales, los cultivos comerciales están provocando la deforestación de los bosques de las riberas y, con ello, la destrucción del hábitat de muchas especies de peces. Los datos de las encuestas que he aplicado para este estudio indican que el período de descanso de las chacras ubicadas en las riberas del río Neguache se ha acortado. El promedio de descanso de estas tierras es hoy de 1,7 años, mientras que hace diez años era de 2,5 años, lo cual indica no sólo que el uso de estas áreas se está intensificando, sino que el uso del suelo es prácticamente permanente.
Un factor que explica el escaso capital social para el manejo y la conservación de los recursos acuáticos en el área de estudio es, como hemos visto, el deterioro del orden moral indígena que regulaba las relaciones sociales y aseguraba su sostenimiento en el mundo natural. Según Smith (1996), entre los indígenas amazónicos la idea de equilibrio desalentaba el abuso en la extracción de recursos naturales, pues existía la creencia de que sobrepasar los límites podía acarrear represalias. Entre los indígenas de la Amazonia, los ancianos, shamanes, pensadores, dueños de maloca y sacerdotes jugaban papeles importantes en el mantenimiento del orden moral y, por tanto, en la preservación del orden social. Sin embargo, los misioneros, la escuela estatal, los partidos políticos, las relaciones mercantiles, la radio y la televisión han traído nuevos valores que han desplazado a los tradicionales. La generación más joven, atraída por los beneficios del mercado, ignora el reclamo de los mayores por el respeto a las viejas costumbres. Hoy día, cuando se eliminan las especies con mayor precio en el mercado, no se toman en cuenta los tabúes rituales y los límites espirituales.
En el caso del Pichis, las instituciones religiosas jugaron un papel muy importante en el cambio cultural que se produjo entre la población indígena. Los misioneros franciscanos fundaron dos centros misionales en la zona del Pichis, uno en Puerto Bermúdez y otro en el río Apurucayali, ambos centrados en la población asháninka. En 1914, luego de la clausura de la misión del Apurucayali, a raíz del levantamiento asháninka, la acción misionera quedó circunscrita a Puerto Bermúdez. Pero hacia 1933, otro centro misional, esta vez de la Iglesia evangelista y dirigido por misioneros norteamericanos, fue creado en el río Pichis, cerca de la desembocadura del río Apurucayali, en lo que hoy es el caserío de Cahuapanas. La presencia de este puesto misionero sirvió para congregar a la dispersa población nativa del bajo Pichis. Posteriormente, a inicios de la década de 1950, se instalaron las misiones adventistas de los ríos Nevati y Nazarátegui (Cencira 1974).
Desde su ingreso a la selva central, el objetivo de los misioneros fue únicamente la catequización del indígena, demostrando poco interés en comprender y valorar su cultura, salvo para introducir cambios en ella, a la que consideraban degenerante y salvaje. Eso significó para el indígena el paulatino abandono de muchos elementos de su modo de vida y la adopción de los valores y costumbres de la cultura occidental. Este cambio cultural tuvo como vía no sólo el proselitismo religioso, sino también, en el último siglo, el asistencialismo. Así, al propósito de convertir a los asháninkas a la fe cristiana se añadió la labor educativa. Las misiones religiosas tuvieron a su cargo la infraestructura educativa, controlando la casi totalidad de las escuelas en la región, lo que indudablemente permitió hacer más efectiva su labor de difusión ideológica.23 En el caso de la misión adventista de Nevati, sobresale la influencia religiosa en los hábitos alimenticios y la prohibición del consumo del masato, que originó serios trastornos en las relaciones sociales, ya que esta bebida es para los asháninkas y yaneshas una fuente constante de interacción social (Cencira 1974).
La influencia de la religión adventista y los cambios culturales que ésta provocó entre los asháninkas puede verse también en la base de la pérdida de creencias como las de Kiatsi. Prueba de eso es que varios de mis encuestados en Anexo Nevati, sede de la antigua misión adventista del Neguache, mencionaron a Dios o Jesucristo cuando les pregunté por el padre de los peces. De otro lado, es de especial
23 La acción evangelizadora se realizó a través de la creación de escuelas y postas sanitarias. Para ello se crearon, en el transcurso de los años, 18 escuelas tanto en comunidades asháninkas como yaneshas. En 1972, 16 de estas escuelas pasaron a manos del Ministerio de Educación, convirtiéndose en escuelas fiscales. Este hecho fue motivado por el recorte del presupuesto para las obras misionales, lo cual incluso motivó el retiro de los médicos norteamericanos que operaban en la posta médica de Nevati (Cencira 1974).
relevancia también los elementos mesiánicos de la religión llamada "israeli-ta" que muchos de los pobladores de Boca Samaya aún profesan. Los moradores de este caserío interpretan la disminución de los recursos naturales como una señal de que la llegada de Cristo y el fin del mundo están cerca, mas no como una expresión de que los recursos están siendo sobreexplotados. Según los samayinos, cuanto más rápido se acaben los recursos más pronto tendrá lugar la venida de Cristo.
De otro lado, a través de nuestras entrevistas hemos constatado que la disminución de los stocks pesqueros ha repercutido en el deterioro de normas sociales como la obligación moral de compartir el producto de la pesca. En efecto, tradicionalmente, entre los asháninkas un individuo que había pescado afrontaba sobre sí una fuerte presión social por distribuir entre parientes y compoblanos parte del pescado que había capturado. En situaciones tradicionales, la convivencia entre los asháninkas se apoya en el imperativo moral que manda a los que poseen algún alimento a compartirlo y repartirlo entre los demás. Si bien los asháninkas no son ajenos al concepto de un derecho individual a la propiedad, las normas sociales censuran la acumulación de la propiedad más allá de la que es necesaria o puede consumirse. La clave de este sistema no es la reciprocidad, la cual implica ofrecer algo a cambio de una retribución futura, sino más bien un sentido de comunidad que se expresa en el interés por los demás mediante el compartir los alimentos disponibles (Woodburn 1998). Por tanto, entre los asháninkas el reparto de alimentos tiene lugar bajo la forma que ha sido denominada "compartir por demanda", la cual implica que todos tienen derecho a exigir y recibir parte de los bienes disponibles (Peterson 1993). El que posee un bien está obligado a entregarlo a quien lo demande, para quien recibir no es una obligación sino un derecho que a su vez no está necesariamente acompañado del deber de devolver. Según Hvalkof y Veber (2005: 218), hablar de una obligación de recibir, tal como lo plan-tea la lógica del intercambio de dones de Marcel Mauss, es entre los asháninkas bastante absurdo. Para los asháninkas la demanda siempre precede al don.24
Sin embargo, dada la escasez de peces por la que actualmente atraviesa el área de estudio, es difícil para quien ha pescado cumplir con la norma de compartir. Por eso, hoy día las faenas de pesca con barbasco que involucran a todos los miembros de una comunidad, e incluso a los de varias comunidades, son cada vez más raras. Repetidas veces he escuchado que incluso la pesca con dinamita no justifica en ocasiones la inversión hecha en la compra de los cartuchos, ya que el
24 Sin embargo, la reciprocidad entre los asháninkas cumple un papel fundamental en otro tipo de relaciones sociales e intercambio de bienes (véase Bodley 1973).
producto de la pesca puede ser ínfimo. Por estas mismas razones, ahora la pesca con barbasco se ha vuelto una práctica familiar, pues la norma actual es que las familias prefieran salir individualmente o de noche para evitar ser vistas por otras y tener que compartir lo poco que logran pescar.
Otro de los factores que Gibson y Becker (2000) consideran que explica el porqué una comunidad no maneja sosteniblemente sus recursos es la falta de habilidad para crear instituciones que regulen su uso. En la cuenca del Neguache, no he encontrado evidencias de que la población de los asentamientos estudiados haya implementado arreglos institucionales diseñados deliberadamente para manejar y conservar los recursos acuáticos. Si bien, en algunos casos, la población ha creado por mutuo acuerdo algunas reglas para regular la actividad pesquera, no hay evidencias de que ellas estén siendo aplicadas. Así, por ejemplo, a pesar de que algunas comunidades han hecho el acuerdo de prohibir el uso de la dinamita en la pesca, esta técnica sigue siendo de uso generalizado.
Tanto en las comunidades nativas estudiadas como en el asentamiento de colonos de Boca Samaya, la población local cuenta con instituciones formales que podrían permitir la toma de decisiones respecto al manejo y conservación de los recursos pesqueros. En el caso de las comunidades, estas instituciones son básicamente la asamblea comunal y las autoridades (el jefe y los demás miembros de su directiva) que forman parte de una estructura organizativa instituida por la Ley de Comunidades Nativas. La asamblea comunal es el espacio en el que periódicamente los miembros de la comunidad se reúnen para hacer acuerdos, mien-tras que las autoridades se encargan de hacerlos cumplir y aplicar sanciones a los infractores. Sin embargo, las reglas que en algunos casos las comunidades establecen para el manejo de los recursos adolecen de una falta de aplicación efectiva, pues muy pocos o nadie las acatan y las autoridades no se preocupan o no tienen la capacidad de hacerlas respetar o sancionar a los que las contravienen.
Considerando que, en el área de estudio, las normas y valores asháninkas ligados a la conservación de los recursos están desapareciendo, es muy probable que el interés racional del individuo por romper las reglas termine llevando al fracaso toda iniciativa de conservación. Según Smith (2001), en ausencia de una estructura de sanciones no es posible mantener normas de conservación en un grupo, pues el número de infractores aumentaría progresivamente. Dada la ausencia del Estado como ente regulador de la pesca en la zona, la conservación de las pesquerías puede ser posible a través de un sistema local de sanciones. A pesar de que la mayoría de individuos estará tentada por los beneficios que otorga la violación de las reglas y la máxima explotación de los recursos, si un grupo sanciona a los que infringen las normas, es posible que el costo de la sanción exceda tales beneficios extras, lo cual permitiría al grupo mantener una práctica activa de normas de conservación. Este estudio sugiere que es improbable que los asháninkas del área de estudio tengan el sistema de sanciones que se necesita para la conservación.
Para que las personas modifiquen su comportamiento por temor a las sanciones, es necesario que ellas puedan ser sorprendidas transgrediendo una norma o regla y que se les aplique una sanción. Para eso, los miembros de las comunidades deben ser capaces de saber lo que los demás hacen con respecto al uso de los recursos naturales. Para evaluar la medida en que esto ocurre, formulé una serie de preguntas que se relacionan con las acciones de los demás miembros de la comunidad. Primero pedí a los encuestados identificar al mejor pescador (el hombre que captura más pescado), contestando el 89,5% que nadie se distinguía por pescar más. Puesto que es poco probable que todos tengan las mismas destrezas en la pesca, esta respuesta sólo puede interpretarse de dos maneras. O bien la gente no pone atención a lo que los demás hacen y, por tanto, no pueden evaluar la frecuencia con la que pescan y la cantidad de pescado que capturan, o bien existe una norma que obliga a actuar como si todos fueran iguales aun si en realidad hay quienes se caracterizan por ser los pescadores más hábiles. Si el caso es que las personas no prestan la suficiente atención a los demás como para evaluar el éxito relativo en la pesca, entonces eso indica que la gente no se interesa por observar cómo usan los demás los recursos. En el Neguache, esto sucede incluso cuando alguien pesca con dinamita, en cuyo caso, a pesar de que el estruendo de la explosión indica que alguien ha pescado con esta técnica, muy pocos se interesan en saber quién es el pescador.
Luego pregunté a los encuestados si sabían la frecuencia con la que sus vecinos salían a pescar o comían pescado. El 52,6% respondió que no sabía, lo cual indica, como ya hemos visto, una tendencia hacia una pesca como asunto más individual o familiar que colectivo. Esto revela una vez más que, por lo general, la gente no presta atención a la manera como los demás miembros de la comunidad usan los recursos pesqueros. A pesar de que los asháninkas sí observan los comportamientos en otros dominios, tales como las interacciones personales, parece que la observación no se aplica a la conducta con respecto a los recursos. Existe la posibilidad también de que los asháninkas sean conscientes de casos individuales de uso de recursos pero no pueden generalizar bien acerca de los patrones de comportamiento.
El segundo aspecto del castigo efectivo a un infractor depende de su implementación. Si asumimos que los actos negativos son castigados, entonces la gente debería ser capaz de identificar los tipos, o la severidad general, de las penas para cada infracción. Pregunté entonces a los encuestados qué le pasa a un comunero que no asiste a una faena comunal y, si bien un alto porcentaje (63,2%) respondió que la persona es sancionada con una multa, no hubo consenso con respecto a este tema ya que el 26,3% respondió que a la persona no le pasa nada y el 10,5% que sólo se le amonesta. A pesar de esta falta de consenso, hay un fuerte acuerdo con respecto a que debe aplicarse una sanción a quien no coopera. Sin embargo, basándome en mis entrevistas, puedo afirmar que no parece ser que la aplicación de sanciones más allá de la familia nuclear haya sido integrada a la cultura asháninka, al menos no bajo la forma a la que estamos acostumbrados a entender el concepto de sanción en la cultura occidental.
En el ámbito del uso de los recursos naturales, la situación parece ser aún más grave ya que ni siquiera en teoría existen sanciones. Esta ausencia de instituciones explícitas para el manejo de la pesca puede estar asociada, por un lado, a la poca experiencia de la población indígena de la zona con instituciones que involucren a toda la comunidad y, por el otro, con reglas y sanciones de naturaleza explícita. El tipo de convivencia que se instituyó a partir del establecimiento de la comunidad nativa es relativamente reciente en la historia del valle del Pichis, pues se remonta a la década de los setenta, a la vez que, en la medida en que fue impuesta por el Estado, se trata de instituciones ajenas a la cultura asháninka. Antes del establecimiento de las comunidades nativas, la unidad básica de producción y consumo entre los indígenas amazónicos lo constituía el grupo doméstico, conformado por la pareja (marido y mujer) y sus miembros dependientes (Smith 1996: 160). Más allá del grupo doméstico, la organización social era básicamente situacional y de carácter principalmente ritual.
Podemos preguntarnos aquí si la idea de establecer normas que surgen por acuerdo mutuo y que implican una sanción para los que no las cumplen existía antes de la concentración de la población asháninka en comunidades. Mi impresión es que esta forma de regular el uso de los recursos a través de reglas deliberadamente creadas con tal propósito no es propia del mundo indígena, siendo introducida más bien con la llegada básicamente de la institución de la comunidad nativa. El mecanismo por el cual los asháninkas del Pichis han regulado y, en gran parte, siguen regulando sus relaciones sociales son, al igual que muchos grupos organizados en bandas y aldeas, las acusaciones de brujería y otros como el ostracismo y el chisme, que son usados como medios de control social.
En efecto, en las sociedades simples como la asháninka se rechaza la idea de que las desgracias suceden por causas naturales, atribuyéndolas más bien a personas que supuestamente han practicado la brujería. El encargado de identificar al hechicero o hechicera, a través de prácticas adivinatorias, y de acusarlo públicamente es el shamán. El acusado es, por lo general, asesinado por los demás miembros de la comunidad, aunque el hecho de que realmente haya o no practicado brujería alguna no tiene importancia. Las acusaciones están generalmente dirigidas a personas conflictivas y con un débil apoyo de su grupo de parentesco, de modo que para librarse de una acusación una persona debe evitar las peleas, ser amable, dispuesto a cooperar, generoso y hacer lo posible para conservar el apoyo del grupo de parentesco.25 En consecuencia, las acusaciones de brujería cumplen la función de resolver conflictos y asegurar la unidad del grupo (Dole 1966).
Entre los asháninkas del Pichis, un aspecto importante del control de la conducta es también la creencia en la brujería, argumento que generalmente se es-grime contra aquellos que no adhieren a las normas socialmente aprobadas por el grupo, principalmente la cooperación recíproca y la distribución de alimentos. Las enfermedades y la muerte no son entendidas en la sociedad asháninka como fenómenos naturales sino morales. Así, se cree que detrás de estos hechos siempre se encuentra la voluntad de un individuo con el que se mantienen relaciones de resentimiento o antipatía. Por eso, el responsable de la enfermedad es siempre un brujo o matzi. La identificación de un matzi, a través del trance que se logra ingiriendo pasta de tabaco o de datura, es tarea del shamán o sheripiari, quien además dirige la aplicación del castigo al acusado, que es también el medio a través del cual recupera la salud. Los diferentes reportes coinciden en señalar que generalmente el blanco de estas acusaciones son niños y mujeres. Sin embargo, la acusación de brujería es más bien un evento poco común que se produce sólo durante situaciones extremas de mala conducta. En la práctica cotidiana, el miedo al castigo lleva a que los individuos se ajusten a las normas de la conducta aceptable, evitando tener actitudes conflictivas contra miembros del grupo residencial y buscando por el contrario la distensión en sus relaciones con los demás. De esta forma, la acusación de brujería se convierte en un mecanismo eficaz de control de la conducta individual (Rozas Zolezzi 1994).
A pesar de que los profundos cambios sociales que han afectado a la sociedad indígena amazónica, y los nuevos patrones culturales que introdujeron, han contribuido a la pérdida paulatina de los valores tradicionales asháninkas, parte de éstos persiste y sigue normando diversos aspectos de la vida de los indígenas. Este caso es el de la creencia en la brujería como mecanismo de control social. Durante
25 El apoyo del grupo de parentesco en situaciones de conflicto es vital en las sociedades de linaje segmentario africanas (Bohannan 1958). En los grupos amazónicos como el asháninka encontramos esta misma función.
mi trabajo de campo en Santa Isabel y Nevati, pude recoger varios testimonios sobre acusaciones de brujería. Así, uno de mis informantes en Santa Isabel relató que dos de sus primos, uno de ocho años y el otro de siete, fueron acusados de brujería y asesinados violentamente. Se les acusó de haber embrujado a un hombre perteneciente a uno de los grupos de parentesco más grandes y poderosos de la comunidad. El sheripiari, curiosamente miembro de este mismo grupo, los había identificado en sueños. Los niños, por su parte, no tenían parientes que los defendieran. Mi informante, que era el único familiar con el que contaban en la comunidad, estaba en Pucallpa cuando ocurrieron los hechos, pero al volver y enterarse de lo sucedido quiso denunciar a los instigadores y perpetradores de los crímenes, siendo amenazado de muerte por éstos, razón por la cual se mudó hacia una zona alejada de la comunidad. Según mi informante, a pesar de que muchos años han pasado desde lo ocurrido, sigue habiendo una actitud hostil hacia él, pues no tiene familia que lo defienda.
En Nevati, una mujer fue acusada de haber embrujado y causado la muerte al cuñado de uno de mis informantes. Al parecer, antes de "hechizarlo", la mujer había visitado varias veces a su supuesta víctima luego de que éste regresara de pescar con su red, pero él nunca había compartido con ella el pescado. Luego de ocurrida la muerte, la comunidad llamó a la mujer para que declarara la comisión del crimen, confesando ésta que efectivamente había embrujado al hombre y que para ello se había convertido en lechuza y chicua (ave local) y había hablado con las enfermedades. Sin embargo, declaró que estaba arrepentida de sus actos, lo cual la salvó de ser asesinada a tiros, influyendo para eso también que un misio-nero adventista que por esos días se encontraba en la comunidad había interce-dido para que el asesinato no fuera consumado. La mujer huyó luego de vergüenza y ahora vive sola en la boca del Neguache, una zona alejada del centro de la comunidad. Hoy día algunos optan por salir de noche para pescar y evitar así ser vistos y presionados a compartir el pescado capturado. Es evidente que el propósito de esta estrategia es evitar ser acusados de mezquinos y, en el peor de los casos, de brujería.26
Hemos visto que con respecto a las relaciones con los recursos naturales, el control de la conducta entre los asháninkas tenía lugar a través de castigos proferidos por seres espirituales como los padres de los animales y los peces. Estos castigos eran dirigidos al grupo al que pertenecía el individuo que había cazado
26 Tuve también la oportunidad de conocer en Nevati a una mujer que me contó que había sido acusada de brujería en varias oportunidades, aunque la situación nunca llegó a mayores. Era evidente que esta mujer, con rasgos muy notorios de liderazgo en su comunidad, mostraba muchas de las características de persona conflictiva.
o pescado en exceso, comprometiendo la regeneración de los recursos y, por tanto, la existencia de su grupo (Rojas Zolezzi 1994; Elick 1969). Sin embargo, a partir de nuestras entrevistas puedo afirmar que son estas creencias, más que las de la brujería, las que han sufrido el impacto de los cambios sociales y culturales producidos a partir del contacto con la sociedad y economía nacionales.
En el caso de los colonos andinos de Boca Samaya, he constatado el mismo deterioro del orden moral que daba sustento al orden social. Durante los primeros años del asentamiento, la vida diaria de sus pobladores estaba normada por los preceptos bíblicos, que seguían casi al pie de la letra. Ellos esperaban, y muchos siguen esperando, la llegada del Mesías, el que según sus creencias ya ha nacido en el Perú, de modo que todos deben unirse en una tierra elegida para prepararse para su llegada. En Boca Samaya, existían los llamados "iluminados", que eran aquellos supuestamente dotados del Espíritu Santo, que les daba un conocimiento y poder especial por el cual conocían, sin que nadie les informara, si una persona obraba bien o hacía el mal. En el caso de que la falta cometida por una persona fuera muy grave, el iluminado debía reprenderlo e incluso castigarlo corporalmente (Cencira 1974). Esto, creo, era un mecanismo de control social en el interior del grupo, el cual tenía como finalidad conseguir que los miembros de la organización actuaran conforme a las normas establecidas. Sin embargo, hoy día ya muy pocos saben de los iluminados y mucho menos pudimos encontrar alguno en el caserío. Las normas morales se han resquebrajado en Boca Samaya, y es común escuchar de faltas graves como violaciones sexuales cometidas por sus pobladores, y de que éstos no tienen escrúpulos para engañar a los asháninkas en las transacciones comerciales que mantienen con ellos.
Otra de las principales consecuencias del resquebrajamiento del orden moral indígena ha sido la crisis de liderazgo. Tradicionalmente, entre los asháninkas el líder de un grupo residencial es el cabeza de familia de mayor edad o pinkatsari, quien toma las decisiones, iniciativas y dirección en los asuntos cotidianos del grupo y representa a éste frente al mundo externo.27 El pinkatsari debe ser como un padre para el grupo y demostrar generosidad y permanente interés por el bienestar de sus miembros, e incluso de los visitantes mediante la entrega de bienes y consejos. Con respecto a los recursos, está encargado de la defensa del territorio
27 Para los ashéninkas del Gran Pajonal, Hvalkof y Veber (2005) mencionan al jewatátsiri ("aquel que va adelante") como líder con las mismas características que el pinkatsari.
y asegurar las buenas relaciones con los dueños espirituales de los animales y otros seres del bosque (Hvalkof y Veber 2005: 169-70).
En la actualidad, los líderes asháninkas son designados con la palabra castellana "jefe" o bien con la de origen quechua "curaca", pero el pinkatsari poco tenía que ver con la idea de una estructura jerárquica y la capacidad de coerción que estos términos denotan. Como es frecuente en las sociedades segmentarias, donde los jefes no hacen ejercicio de la coerción física en la práctica de su liderazgo (Clastres 1987), los líderes asháninkas tradicionales no disponen de poder, entendido éste como la capacidad para obligar a otros a acatar su voluntad. En otras palabras, no tienen ningún monopolio sobre el uso de la violencia y nadie está a su servicio. Antes bien, el líder local opera a través de su buen ejemplo, su capacidad persuasiva, sus dotes de buen cazador y guerrero y su habilidad para acumular prestigio y generar confianza y respeto. Por eso, siempre está en peligro de perder a sus simpatizantes y adeptos (Rojas Zolezzi 1994: 225; Hvalkof y Veber 2005: 169-70).
Por tanto, no existe un sistema de reglas y códigos con respecto al papel y la legitimidad del líder. Tampoco hay, en un nivel superior, una estructura política centralizada que vincule a los grupos locales, los cuales, en principio, son autónomos entre sí. Al igual que en otras partes de la Amazonia, el líder es el factor aglutinante en torno a quien se constituye el grupo. El líder no existe como respuesta a la necesidad del grupo de tener un liderazgo; por el contrario, el grupo existe gracias a la función del líder como centro en torno a quien se reúnen diver-sas familias (Hvalkof y Veber 2005: 170).
Con las misiones y el posterior sistema de patrones, el líder local tradicional sufrió serias transformaciones. Durante el período de las misiones, el pinkatsari fue convertido en curaca e incorporado a la nueva organización del cabildo en las reducciones indígenas. Bajo este nuevo modelo organizativo, el curaca continuó cumpliendo la función de conciliador en el interior de su grupo residencial, lo cual también sirvió a los propósitos de los misioneros de mantener la cohesión de las familias asháninkas y contrarrestar las tendencias centrífugas inherentes a su modo de vida. Para asegurar que estas funciones estuvieran a su servicio, los misioneros reforzaron el cargo de curaca volviéndolo de por vida y hereditario, con lo cual se pretendió conformar una élite legítima de aliados indígenas por medio de los cuales se pudiera gobernar mejor a la población indígena (Lehnertz 1969).
Con la desaparición del sistema misional durante la República, desapareció también el cabildo indígena. Pero hacia 1880, con la expansión de la explotación del caucho por las casas comerciales de Iquitos hacia el alto Ucayali, los patrones retomaron la figura del curaca como instrumento para la movilización de mano de obra indígena para la producción de caucho. De este modo, el curaca se convirtió en intermediario entre indígenas y colonos (Rojas Zolezzi 1994). El reclutamiento de asháninkas a través del comercio de esclavos y las relaciones de habilitación y enganche reforzaron en un inicio la posición de los líderes locales, pero a largo plazo los efectos fueron contrarios. La explotación de enclaves dispersos en una economía extractiva inestable, así como la resultante dependencia de los peones con respecto a los patrones a través del endeudamiento, erosionaron no sólo la institución consuetudinaria de los líderes indígenas, sino también la ya frágil unidad de los grupos locales tradicionales (Chevalier 1982: 240).
En su estudio comparativo de varias formas de adaptación de los asháninkas del Pichis, Bodley (1970: 125, 131) muestra que los grupos domésticos indígenas decrecieron en tamaño o simplemente se dispersaron a medida que su incorporación al sistema de habilitación y enganche se incrementó. Bodley describe el caso de úngamo, conocido pinkatsari del río Apurucayali que fue abandonado por muchos de sus descendientes y seguidores, quienes fueron enganchados por patrones de concesiones ubicadas en los valles del Apurucayali y el Ucayali. Cuando el antropólogo Jacques Chevalier visitó el área, en 1974, el ya anciano y enfermo pinkatsari úngamo vivía en el caserío de Puerto Davis, en el alto Apurucayali, y a pesar de que aún era respetado como un experimentado sheripiari, estaba siendo reemplazado por un líder más joven y familiarizado con el idioma castellano, el valor del lenguaje escrito, la economía de la habilitación y el enganche y las enseñanzas de los misioneros blancos. úngamo y algunos de los miembros más viejos de esta pequeña comunidad vivían en casas dispersas ubicadas en las cimas de las colinas, mientras que las familias más jóvenes se habían agrupado en torno a su líder para formar un caserío ribereño (Chevalier 1982: 242).
En la medida en que los indígenas entraron en la órbita de instituciones foráneas, empezaron a demandar de sus líderes el dominio de habilidades para relacionarse interculturalmente: bilingüismo, flexibilidad en el comportamiento y lenguaje escrito. El líder que poseía un conocimiento indiscutible sobre su propia cultura fue desplazado por el líder camaleón que se mueve satisfactoriamente entre dos mundos (Brown 1993). La autoridad de estos nuevos líderes deriva hoy de un distante y poco entendido aparato estatal antes que de fuentes aceptadas de sabiduría e influencia (Vickers 1989; Chaumeil 1990). Las formas emergentes de liderazgo indígena ilustran un rasgo clave de la modernidad: el desarraigo de los sistemas sociales. El líder cuya autoridad se fundamentaba en una red multifacética de relaciones de parentesco, respaldada por el conocimiento ritual, ha sido eclipsado por líderes basados en conocimientos más especializados: el profesor bilingüe, el presidente electo que sirve de nexo en las relaciones con las autoridades civiles, el pastor cristiano, el promotor de salud o el gerente de una cooperativa comunal (Brown 1993).
La adopción de los códigos escritos de leyes en las comunidades nativas es una expresión de la medida en que los pueblos amazónicos adoptan ideas nuevas acerca de cómo modernizar sus sociedades. Sin embargo, la transformación no ha sido total, de modo que algunos líderes retornan a los patrones tradicionales de autoridad (Brown 1993: 312). En este sentido, si bien los jefes de las comunidades nativas actuales ya no imponen respeto con su ejemplo o habilidades de buen cazador y pescador, el cargo no ha perdido esa escasa capacidad coercitiva que la caracterizaba en el pasado, rasgo que en el contexto actual atenta contra la capacidad de imponer las sanciones que la nueva cultura de reglas escritas demanda. Esta situación alcanza incluso al pinkatsari mayor o jefe máximo de la federación asháninka del Pichis (ANAP),28 quien puede ser destituido en cualquier momento por las comunidades base.
A través de mis entrevistas me di cuenta de que si bien a nivel del discurso público las faltas a las normas y acuerdos deben ser sancionadas, en la práctica pude encontrar muy pocos ejemplos de jefes que aplicaran sanciones. De otro lado, con las creencias en los dueños de los animales y los peces en franco proceso de debilitamiento, es poco lo que los actuales jefes pueden hacer para preservar el respeto por los recursos naturales. Incluso el sheripiari es hoy un personaje en extinción,29 con lo cual en el área de estudio el nexo entre los hombres y los espíritus de los animales y las plantas casi se ha perdido, quedando tal vez confinado a las comunidades más alejadas, las cuales es probable que aún conserven estos patrones culturales.
En este artículo, he mostrado cómo, en el área de estudio, el uso consuetudinario de los recursos acuáticos, que por largo tiempo había permitido una pesca sostenible, fue trastocado por los procesos económicos, políticos y sociales que han afectado la selva central del Perú desde finales del siglo XIX. Hoy día, los fragmentos de este sistema que han logrado sobrevivir, y su combinación con nuevos patrones de tenencia y uso, no garantizan la sostenibilidad en el uso de los recursos pesqueros. A pesar de que el sustento de la mayor parte de la población del río Neguache depende del manejo y la conservación de las pesquerías, pues el
28 Siglas de Apatyawaka Nampitzi Ashaninka Pichis, que los propios asháninkas traducen al castellano como "Asociación de la Nacionalidad Asháninka del Pichis".
29 Durante mi trabajo de campo en el período 2006-2007, el único sheripiari del Neguache de quien tuve noticias vivía en la comunidad de Valle Carhuaz.
pescado es ahora la principal fuente de proteínas, este recurso está disminuyendo aceleradamente debido a la sobrepesca y el deterioro de los hábitat acuáticos.
La situación actual de degradación de los recursos acuáticos entre la población estudiada debe entenderse desde una perspectiva histórica. Los patrones tradicionales de subsistencia en la cuenca del Pichis fueron dislocados a través de varios procesos. En efecto, el desplazamiento de la población indígena por los colonos, la subordinación de la economía indígena a una economía extractiva y mercantil, el nucleamiento de la población en misiones y comunidades nativas, la presencia de iglesias protestantes y de la escuela, las innovaciones tecnológicas y el crecimiento demográfico erosionaron los patrones indígenas de asentamiento, de uso de recursos naturales y de organización social, así como las normas culturales asociadas a ellos.
La tenencia consuetudinaria de los cuerpos de agua en el Neguache estaba basada en el control que grupos residenciales dispersos tenían sobre territorios específicos de caza, pesca y recolección. En este contexto, la práctica de la pesca comunal con barbasco tenía lugar a través de amplios espacios comunes, pues se basaba en el uso alternado de diferentes cursos de agua. Este patrón de tenencia desapareció a partir de los cambios en el patrón de asentamiento y la concepción de la propiedad, que se produjeron con la llegada de los colonos y el establecimiento de las misiones y comunidades nativas. La implantación de comunidades, con territorios rígidos, y la pérdida del control de los asháninkas de la mayor parte de sus territorios tradicionales de pesca, disminuyó la capacidad para alternar la pesca en diferentes cursos de agua, aumentando la presión sobre áreas específicas.
En la actualidad, el sistema local de tenencia combina algunos elementos consuetudinarios que han logrado persistir con otros impuestos por el Estado. Al margen de la legislación actual sobre la tenencia de aguas continentales, que declara a éstas como propiedad del Estado, existen en el río Neguache algunas normas locales para el control del acceso a los cuerpos de agua (río principal y quebradas), las cuales se basan en consideraciones prácticas, relaciones de reciprocidad y equidad, nociones de territorialidad y cálculos de costos-beneficio. Sin embargo, estas normas no se han convertido en un mecanismo efectivo de exclusión que pueda contribuir sustancialmente a la conservación de los peces. Si bien esta tenencia local se basa en el principio de exclusión, como el que ejercen ganaderos para evitar los daños que el barbasco puede producir a su ganado, las normas son lo suficientemente flexibles como para permitir excepciones que se basan en el intercambio recíproco de acceso por parte de las capturas. No obstante, es importante reconocer que existe un sistema de tenencia paralelo al oficial que, a través de su reforzamiento, puede convertirse en punto de partida para futuras acciones de manejo.
De otro lado, a pesar de la existencia de un cuerpo legislativo que promueve el uso sostenible de las pesquerías en la Amazonia, el escaso interés del Estado por las pesquerías continentales, mayormente orientadas a la subsistencia, y su limitada capacidad para aplicar la ley, han contribuido al sobreuso de los recursos pesqueros en el área de estudio. A ello hay que añadir la ausencia de prácticas de manejo entre la población local. Los valores y mecanismos tradicionales de control social que evitaban el abuso en el aprovechamiento de estos recursos, como la creencia en los padres espirituales de los recursos, se han ido perdiendo ante los cambios culturales producidos por las misiones, la escuela y la incorporación a la economía de mercado.
Asimismo, instituciones diseñadas deliberadamente para manejar los recursos pesqueros también están ausentes. Esto es cierto tanto para la población indígena como para la colona, y tanto para las comunidades como para los propietarios individuales. A diferencia de los propietarios individuales, las comunidades nativas y los grupos de colonos organizados en cooperativas cuentan con arreglos institucionales para la toma colectiva de decisiones, así como con un sistema de autoridades para asegurar el cumplimiento de los acuerdos y reglas. Sin embargo, existe una escasa capacidad para crear y aplicar regulaciones del uso de los recursos acuáticos. Las instituciones impuestas por el Estado como la comunidad nativa, que ha reemplazado a las instituciones y autoridades indígenas tradicionales, no han logrado incentivar una experiencia sostenida de acción colectiva basada en códigos escritos consensuados y sanciones para los transgresores. El orden social a nivel de la población indígena sigue asegurándose mediante normas consuetudinarias, como las acusaciones de brujería, pero éstas tienen poca incidencia en la regulación de las relaciones con los recursos naturales. Además, el libre acceso a los cuerpos de agua promovido por la legislación nacional, así como los altos costos de oportunidad de las actividades agropecuarias, con respecto a la pesca, restan incentivos hacia un manejo local de los recursos pesqueros.
Para revertir esta situación, es de urgente necesidad que el Estado, a través de sus diferentes niveles de gobierno, establezca con las poblaciones locales relaciones horizontales de colaboración en la gestión de las pesquerías amazónicas. Esta relación debe estar orientada en primera instancia al establecimiento de mecanismos jurídicos e institucionales que permitan la apertura de espacios de concertación que, a su vez, promuevan la participación de los diferentes actores locales en el diseño y la implementación, a nivel de cuenca, de normas y prácticas que aseguren el uso sostenible de los recursos acuáticos. Sin embargo, la participación local no será posible si antes el Estado no toma en cuenta el valor de las pesquerías para la subsistencia local, y si los pobladores locales no toman conciencia de que el sobreuso de los recursos pesqueros los perjudica sobre todo a ellos mismos, pues de esa manera quedarán privados de su principal fuente alimenticia en un futuro cercano.
La institucionalidad que estos cambios demandarán podrá ser efectiva sólo si se basa en el reconocimiento y la valoración de los derechos locales y conocimientos tradicionales que han sido resultado de siglos de adaptación indígena al medio amazónico. Para eso, es fundamental que la población local participe activamente en el diseño de nuevos sistemas de control social, adecuados a los tiempos actuales de rápidos cambios económicos, tecnológicos y culturales. En este proceso, un buen punto de partida es el aprendizaje de los sistemas tradicionales y las concepciones sobre las que los pueblos indígenas han fundado su relación ética con la naturaleza y los seres que la controlan.
La investigación en la que está basado el presente artículo formó parte del Proyecto "Gestión Social de Recursos Acuáticos en la Cuenca del Pachitea, Perú", ejecutado por el Programa ProPachitea del Instituto del Bien Común, con el apoyo financiero del International Development Research Center (IDRC) de Canadá. Quiero expresar mi agradecimiento a Merle Faminow y Alberto Chirif por sus comentarios a versiones anteriores de este artículo y a Carla Soria por la elaboración de los mapas.
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Esta investigación analiza el marco legal formal y el marco legal consuetudinario del manejo de pesquerías en la Selva Central peruana. Esta investigación estudia el marco legal, las instituciones públicas y sociales relativas a la gestión de la pesquería en el río Pichis. Nos interesa, en particular, conocer la existencia o no de un régimen consuetudinario de la pesca y su interacción con el marco legal formal, a fin de poder evaluar la viabilidad de un régimen de manejo consuetudinario o la eventual necesidad de regímenes mixtos que garanticen la coexistencia de múltiples modalidades de manejo, a fin de aportar al manejo sostenible de los recursos pesqueros en el Pichis.
La problemática de escasez de peces, sus graves consecuencias ambientales y la conflictividad social generada por ella, nos ha llevado a analizar la viabilidad del marco legal para promover el aprovechamiento racional del recurso. La pregunta central, en este escenario, era cómo se gestiona el recurso pesquero en el Pichis, principalmente en cuanto a las modalidades de acceso y uso. En principio, conocíamos la existencia de una relativamente frondosa legislación pesquera, pero desconocíamos las particularidades que la implementación de esta legislación asumía para el caso de la Amazonia y para la pesquería artesanal y de subsistencia, teniendo en cuenta que en la subcuenca1 del Pichis éstas son las modalidades más practicadas.
1 Para este estudio empleamos la denominación de subcuenca del Pichis, considerando que la misma forma junto a las subcuencas del Palcazú y Pachitea, la cuenca del Pachitea, tributario del Ucayali y el Amazonas.
Al estudiar la legislación nos interesaba conocer tres aspectos: derechos de acceso al recurso, infracciones y competencias pesqueras para el control y monitoreo. Mientras que, en relación con la práctica de la pesca nos interesó identificar la dimensión de la pesca artesanal articulada al comercio y de la pesca de subsistencia orientada al consumo. Para eso, preveíamos que los indígenas podrían aportar elementos consuetudinarios en la gestión de la pesca, pero también preguntamos sobre la existencia de reglas consuetudinarias entre los no indígenas.
La legislación nacional divide la actividad pesquera según ámbitos y según modalidades de pesca. De este modo, encontramos un conjunto de normas que regulan la actividad pesquera en el ámbito marino costero, y otro para la pesca en aguas continentales. Por otra parte, las modalidades de pesca se dividen en: pesca comercial y pesca no comercial. La primera modalidad se subdivide a su vez en dos categorías: a) pesca comercial de mayor escala y b) pesca comercial de menor escala. Mientras que la pesca no comercial admite cuatro categorías diferentes: a) de subsistencia, b) ornamental, c) de investigación y d) deportiva.
En la Amazonia, en general, las modalidades de pesca más difundidas son la pesca comercial de menor escala y la pesca de subsistencia. En la Amazonia baja, una de las modalidades que ha crecido en las últimas tres décadas es la pesca ornamental, principalmente en las zonas de Iquitos y Pucallpa.
Dentro del Pichis, la modalidad pesquera más difundida es la pesca de subsistencia que es desarrollada principalmente por el segmento poblacional indígena del valle, que alterna con un reducido número de pescadores artesanales, comerciales locales y, eventualmente, con pescadores comerciales mucho más grandes provenientes de otras regiones y que aplican técnicas diferenciadas de pesca. La intensificación de las actividades pesqueras mediante el empleo de técnicas prohibidas de pesca, como el barbasco y la dinamita, así como el empleo de mallas que exceden los límites permitidos por la legislación y que no son controladas por ninguna autoridad, y nuevas técnicas introducidas por pescadores de Pichanaki, como la pesca de buceo con arpón para los dorados y las "traposas" (mallas arrastradoras y con cámaras de llantas) que generan una fuerte presión sobre el recurso que generalmente impiden el ciclo normal de reproducción de las principales especies en el Pichis. Junto con la intensificación de la pesca, tanto con fines de subsistencia como comerciales, se dan otras condiciones que degradan la calidad del hábitat de los peces. La deforestación de las riberas, la contaminación de las aguas por residuos sólidos, aguas servidas, uso de agroquímicos empleados por los agricultores y los residuos del procesado de hoja de coca han generado un profundo impacto sobre la calidad de las aguas y contribuido a la crisis de escasez de peces del Pichis, que no sólo afecta a la población de peces sino también su variedad.2
Pese a que la legislación sobre pesca es abundante, la mayor parte de ella tiene orientación para el ámbito marino costero y tiene preferencia por la pesca industrial. El resto de modalidades de pesca no ha recibido mayores consideraciones.
De una revisión del marco legal compuesto por un conjunto normativo bastante amplio, dentro de la que destacan la Ley 25977, Ley General de Pesca, el Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado mediante Decreto Supremo 012-2001-PE, la Ley 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura, el Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura aprobado por Decreto Supremo 030-2001-PE y el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonia aprobado por Resolución Ministerial 147-2001-PE. De la revisión de estas normas hemos podido identificar algunas características relevantes para el caso de la pesca de subsistencia:
• Los recursos pesqueros son de propiedad pública: Los recursos hidrobiológicos como el resto de recursos naturales, salvo la tierra, que admite una modalidad de tenencia comunal, son de propiedad del Estado.
• El acceso es preferente pero no excluyente: La Ley 26821,3 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, señala que los pobladores rurales tienen el derecho de acceso preferente y pueden beneficiarse, gratuitamente y sin exclusividad, de los recursos naturales de libre acceso del entorno adyacente a sus tierras para satisfacer sus necesidades de subsistencia y usos rituales, siempre que no existan derechos exclusivos o excluyentes de terceros o reserva del Estado. Por su parte, el artículo 6 del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonia Peruana establece que la "pesca de subsistencia tiene acceso libre a los recursos; las comunidades en riberas de lagunas y lagos tienen derecho de acceso preferencial; y las embarcaciones comerciales podrán operar en cochas donde existen comunidades sólo durante la época de creciente". Finalmente, los artículos 16 y 25 del Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura fijan un régimen de preferencia pero no de exclusividad.4
2 La riqueza ictiológica del Pichis, identificada por el componente biológico del proyecto ProPachitea apoyado en el conocimiento local, registra para el Pichis 240 especies, 32 familias y 10 órdenes. Gran parte de las especies son migratorias, destacando el boquichico (Prochilodus nigricans) (Castro 2007).
3 Artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales.
• Institucionalidad algo débil en el caso de la pesca de pequeña escala: Las dependencias para el control de las actividades pesqueras, pese a estar establecidas, casi nunca han operado en el valle del Pichis. En este sentido, la jefatura zonal del Ministerio de la Producción se encuentra en la provincia de Oxapampa, no presentándose una dependencia de este sector para ninguno de los siete distritos que componen la provincia y dentro de los cuales se encuentra Puerto Bermúdez.
Creemos que la ineficacia del Estado, expresada en las leyes que regulan la actividad pesquera, es la que ha causado el deterioro de los recursos pesqueros en el Pichis, en tanto que la ley: a) permite el acceso y uso de todos los ciudadanos; b) en algunos casos no permite que las comunidades ejerzan control a partir de la exclusión de terceros; c) los diferentes niveles de gobierno no son capaces de aplicar las normas y sanciones (Summers y Pinedo 2002: 107-147).
La revisión del marco legal de las pesquerías de subsistencia muestra dos cuestiones importantes. Primero, con la excepción del caso de la tierra comunal, la tenencia comunal de recursos naturales es considerada como una tenencia de segunda categoría. Con base en las disposiciones generales de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, las mismas que son concordantes con la normatividad sectorial pesquera, el derecho formal de pesca es exclusivo y puede ser opuesto a usuarios de inferior categoría, como son los titulares del derecho preferente de acceso a los recursos acuáticos. Este supuesto derecho consagrado para todos de manera general, según la teoría liberal, en la práctica se utiliza en un contexto donde hay una preferencia de la ley por el inversionista capitalista. El legislador y el funcionario se plantean que ése es el tipo de inversión que interesa promover, como ya fue descrito para la Amazonia brasileña por Schmink y Wood (1987). Eso parece ser un objetivo neutral pero en el caso de los recursos pesqueros este tipo de producción suele agotar la base de recursos naturales en que se sustentan, resultando ser entonces una poderosa ca
4 El artículo 25 del Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura dice que las comunidades indígenas o campesinas tienen preferencia para el desarrollo de la acuicultura. Sin embargo, si es que estas comunidades no ejercitan su derecho de preferencia en 90 días de notificadas, e